Como se sabe, La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado (artículo 4 de la Constitución Nacional) y esa descentralización supone que cada ente descentralizado político-territorialmente (léase gobernaciones y alcaldías) tienen determinadas atribuciones que conllevan responsabilidades, y la seguridad es una de ellas.
Todas las gobernaciones y todas las alcaldías tienen, incluso por disposición constitucional, policías, y todas esas policías deben cumplir funciones preventivas. Vale decir, son esas policías las que deben evitar que el delito se cometa. Nada de esto es nuevo y viene a reafirmarse con la promulgación del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía; como podemos verlo en los artículos 5 y 32 de ese decreto-ley:
“Artículo 5. El servicio de policía es predominantemente preventivo, interviniendo sobre los factores que favorecen o promueven el fenómeno delictivo y se prestará de manera continua e ininterrumpida.”
“Artículo 32. Son autoridades en materia de seguridad ciudadana, la Ministra o Ministro con competencia en la materia, las gobernadoras o gobernadores, las alcaldesas o alcaldes, en sus respectivos ámbitos político-territoriales”
De lo citado podemos aseverar que cada gobernación y cada alcaldía están obligadas a trabajar para evitar la comisión de delitos en sus respectivas circunscripciones. Cabe acotar, que el objetivo principal del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía es crear un sistema policial nacional coordinado sin quitarle atribuciones a las gobernaciones y alcaldías en materia de prevención de los delitos.
Ahora debemos preguntarnos; cuál es la policía preventiva que pertenece al Gobierno Central. La respuesta es sencilla: sólo la llamada Policía Nacional Bolivariana, que vino a sustituir a la Policía Metropolitana que, como sabemos, esta policía no tiene presencia en todo el territorio nacional.
El Ejecutivo Nacional posee la policía científica (CICPC), la cual es una policía de investigación y actúa cuando el delito ya se cometió, la otra policía perteneciente al Ejecutivo Nacional es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), antigua DISIP que es una policía política; no está diseñada para prevenir delitos comunes.
Ya debemos tener claro que la prevención de los delitos es responsabilidad de todos (lo cual incluye a la población en general), pero principalmente a los que ejercen funciones de gobierno y tienen atribuido la función policial.
La oposición venezolana ha tomado el tema de la inseguridad como herramienta política de ataque en contra del Gobierno Nacional, y no tiene escrúpulos para echarle la culpa al Presidente Chávez de la inseguridad que vive el país. Lo dicen como si ellos no estuviesen gobernando.
Lo paradójico de todo esto es que los estados con mayor índice delictivo de todo el país, son precisamente donde gobierna la oposición: Miranda, Zulia, Carabobo, Lara, Nueva Esparta y Táchira, y los gobernadores de estos estados, sitiados por el hampa, tienden el desparpajo de endilgarle la culpa al Gobierno Nacional de la ineptitud de ellos mismo en la prevención del delito en sus respectivos estados
Enrique Capriles Radonsky, es sumamente descarado cuando critica las acciones del Ejecutivo Nacional en el tema de la inseguridad, siendo que el Estado Miranda es el estado más peligroso del país. ¿Qué ha hecho Capriles para evitar la comisión de delitos en su estado? Si ha hecho algo, ha sido muy ineficiente, porque las cifras y los hechos lo demuestran.
No se entiende por qué no se divulga esta verdad por todos los medios que apoyan a nuestra Revolución. Los medios opositores, cada cinco minutos dice que la inseguridad nos está matando a todos y que la culpa es del Gobierno Nacional. La memoria colectiva es muy corta, y los medios opositores lo saben, por eso repiten incansablemente la propaganda que quieren fijar en la mente del venezolano.
Necesario es hacerle ver a los venezolanos que el Gobierno Nacional no elude su responsabilidad en el tema de la delincuencia, pero que en nuestro Estado Federal Descentralizado, la responsabilidad de la seguridad de los ciudadanos no es exclusiva del poder central; es responsabilidad también del resto de los estados federales y de los municipios.
Es evidente que se utiliza este grave problema de inseguridad que tenemos, para realizar una campaña sucia y desmedida; utilizando además a los medios de comunicación para exagerar y distorsionar una realidad que ya de por sí es preocupante, afectando así la salud mental de todos los venezolanos.
Repetir, cada vez que respire un chino, que todas las gobernaciones y alcaldías tienen buena parte de la responsabilidad de la seguridad de los ciudadanos, va a obligar a los medios de comunicación oposicionistas a bajar el tono del tema, ya que hacer escándalo respecto a la inseguridad les va a salpicar a sus principales candidatos.
Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros?... No volverán
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