El desarrollo teórico de las políticas públicas ha generado un número por demás considerable de conceptos o definiciones, todas con un elemento que las unifica: la idea de una actuación del gobierno para solucionar problemas públicos específicos. En ese sentido, para mí, las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía… (Corzo, 2013). Desde tal planteamiento general surgen otras reflexiones, las cuales se tejen y se articulan hasta conquistar una reflexión más holística del proceso de gestión cultural pública y de la otra acción política: el legislar. Ambas en franca dinámica dialéctica, en un perfecto desarrollo desigual y combinado se edifican como el soporte del triunfo en la gestión cultural pública: una gestión que no puede ser de otra manera: debe ser revolucionaria: transformadora, creativa, histórica, liberadora, de nítida conciencia cultural revolucionaria, que dignifique y ennoblezca, en su más amplio y profundo sentido, la opción preferencial por los pobres y brinde resueltamente la atención especial por las culturas populares, a la artesanía y a las industrias populares típicas tal como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. He allí el camino de la Constitución Cultural Bolivariana de la Venezuela del Siglo XXI.

Varios elementos aparecen en estas consideraciones; primero, la actuación del gobierno, que no es otra cosa sino la gestión pública de la instancia ejecutiva, bien sea nacional, estatal o municipal. Pero tal gerencia, tal administración, es sobre una realidad social concreta que se traduce en problemas públicos determinados y específicos, los cuales se suceden en un contexto socio-cultural-geográfico-institucional históricamente determinado. Las gestiones de una definitiva gestión traducidas en acciones tienen que partir de un análisis y diagnóstico de una realidad social-histórica en la cual la comunidad juega un rol fundamental, la cultura es un elemento estratégico y que, en una democracia participativa y protagónica, la cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad definen el perfil comunitario y societal de esa instancia geo-institucional. Ello está en sintonía con la naturaleza misma del gobierno, incluso en todas sus entidades, el cual debe ser, es y será siempre democrática, participativa, descentralizada, responsable y eficiente. Condición sine qua non para alcanzar la eficiencia, óptimos logros y alcance revolucionario. La eficiencia y el triunfo gerencial no tiene por qué ser exclusivamente tecnocrático. Una gestión creativa, exitosa, proba tiene que ser inflexiblemente socialista y revolucionaria; imperecedera y para la humanidad doliente.

Se ha propuesto que las políticas culturales en la medida en que constituyen acciones de gobierno, con claros y definidos objetivos de interés público, a partir de un diagnóstico de la realidad social concreta y un análisis de factibilidad, es posible emprender y principiar labores de los ejecutivos con objetivos de interés y beneficio público-colectivo y comunitario-territorial como resultado de un proceso de investigación socio-cultural comunitaria, étnica y situacional que tenga como punto de partida la realidad histórica-social, el componente étnico-cultural y lo geográfico-histórico societal. Tradicionalmente las acciones de los gobiernos, bien sea nacional, regional-estadal o municipal-local, poco toman en cuenta la dimensión cultural de los hechos sociales y la dimensión histórica de lo cultural. En las soluciones priva lo técnico, lo inmediato, lo circunstancial, soslayando lo humano cultural y sus entretejidos étnicos-histórico-sociológicos. Si una revolución social no es cultural no puede considerarse revolución. Si lo cultural no se revoluciona desde lo social tampoco puede considerarse revolución. Las acciones, la visión, la concepción, la visión y la misión tienen que ser una totalidad intrincada, recia, dialéctica, imbricada y a su vez explícita, contundente, definitiva.

¿Será posible formular un conjunto mínimo de líneas estratégicas y básicas sobre una política cultural pública, potencialmente válida tanto a nivel nacional como estada y municipal? Las políticas culturales públicas pueden ser legislativas y ejecutivas. La primera corresponde a la rama deliberante, al parlamento. En ese sentido se legisla y fiscaliza la gestión de la rama ejecutiva cultural. La segunda, corresponde a la rama ejecutiva y significa una gerencia cultural, administrar. Legislar significa hacer y aprobar la ley; ejecutar significa gerenciar y administrar. Ese conjunto mínimo de líneas básicas podría ser: 1ra. La creación, reforma y revisión permanente de la legislación cultural; 2do. La capacitación, formación y profesionalización permanente de los talentos humanos culturales; 3ro. La investigación cultural, en su más amplio sentido y extensión; 4to. La protección y defensa del patrimonio cultural y la memoria histórica; 5to. La comunicación masiva y la comunicación alternativa, comunitaria y popular: 6to. La promoción y difusión de la diversidad cultural; 7mo. El fomento y estímulo a la creación y producción artística-cultural; 8vo.La restauración, rescate y construcción de los espacios e infraestructuras culturales; 9no.La regionalización, municipalización y parroquialización de la gestión cultural; 10mo. El impulso de las relaciones culturales regionales, municipales e internacionales, así como la interétnicas, grupales y comunitarias 11ro. La promoción y difusión de las culturas populares y la cultura residencial, en su más amplio sentido; 12do. El reconocimiento, promoción e investigación a las comunidades étnicas criollas, indígenas y binacionales-biculturales. 13ra. La reingeniería institucional. Así como todas aquellas líneas que la realidad cultural específica lo exija.

Tales líneas podrían ser parte de la política cultural pública, tanto legislativa como ejecutiva, a nivel parroquial-municipal, estadal-regional y nacional. Es indudable que las características de cada realidad cultural condicionan y determinan una concreta determinación, jerarquización y selección de tales líneas. Cada espacio geográfico-cultural, cada realidad histórica-social resulta sui generis y viene a ser indispensable esa condicionante que, en todo caso, es determinante, precisa y concluyente pero dinámica y potencialmente cambiante. Saber que nuestra realidad socio-cultural es multiétnica y pluricultural tiene proyecciones de largo, muy dilatado aliento. Diseñar un plan cultural cortoplacista, de mediano alcance, efectista y epiléptico constituye un riesgo innecesario cuando es perfectamente posible proponer e instrumentar un plan cultural estratégico, unas líneas sobre política cultural, de proyección futurista, insurrectas y de una desafiante proyección trascendental. Es perfectamente posible un plan cultural desde unas líneas estratégicas sobre políticas públicas culturales revolucionarias, que transformen la dimensión cultural y reivindiquen la dimensión humana de los seres sociales. Las líneas sobre política cultural ejecutiva del proceso bolivariano, en sus primeros tiempos, llegó a establecer 25 líneas estratégicas en materia de política cultural, sobre las mismas iremos, en futuras entregas, haciendo reflexiones, atenciones críticas y sinceras y comprometidas consideraciones sobre sus alcances, logros y potenciales limitaciones a través de un método libre y libérrimo de análisis. Pero ser categóricos constituye el camino, el presente y el futuro. Entre revolucionario y contrarrevolucionario no hay términos medios. Revolución cultural o nada.