En la denominada crisis fronteriza que hoy por hoy, atraviesan las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, han quedado al descubierto un conjunto de temas que aunque existentes, parecían deliberadamente soslayados por parte de los medios de comunicación y de manera muy especial por la clase dirigente de ambos países, quién sabe con qué inconfesable propósito. El primero de esos elementos es el referido al tema del contrabando de extracción de alimentos, combustible y una innumerable lista de artículos desde Venezuela hacia el vecino país, cuyas cifras ahora divulgadas, parecieran elevadamente altas, pero que siempre han existido y desafortunadamente seguirán existiendo, por el abismal diferencial de precios para su adquisición, presente de un lado y del otro de la frontera, que claro está, supone un inmejorable atractivo para quienes se dedican de manera ilícita a este lucrativo negocio, pero que no es la única o principal razón del contrabando, como lo despachara descaradamente la cancillería colombiana. La realidad siempre supera a la ficción y la verdad sea dicha: la actividad de los contrabandistas, no podría ni siquiera imaginarse, sino hubiese encontrado terreno fértil, en la estrecha colaboración que le brindan las autoridades civiles, policiales y militares a estas mafias de lado a lado de la frontera, cuyo grado de corrupción ha hecho que este vasto territorio sea absolutamente permeable a las actividades del crimen organizado binacional, sea bajo la forma de bachaqueros, de pimpineros, de paramilitares, de guerrilleros o de hampa común y silvestre, con quienes se reparten las fabulosas ganancias, que estos crímenes comportan.
De igual manera podríamos señalar que esta misma situación, es la que hace posible que por millones y durante años, ciudadanos colombianos hayan podido entrar en territorio venezolano sin ningún tipo de documentación legal, a pesar de que se les exige visado. ¿Dónde están y qué hacen nuestras autoridades migratorias? ¿Dónde está el papel de contralor social que deben ejercer los consejos comunales, las Ubch, la militancia del PSUV en los estados fronterizos? Plausible sí, que ahora a propósito del cierre fronterizo nuestro gobierno esté tomando medidas en función de la corrección de estas distorsiones, pero ¿acaso no estaban allí presentes durante más de 15 años de Revolución Bolivariana, esas mismas condiciones, para que ahora salgan con esa alharaca?
El colmo del cinismo es que ahora el gobierno colombiano pretenda acusar al de Venezuela, por ante la Corte Penal Internacional, dizque por la comisión de delitos de lesa humanidad contra sus ciudadanos, cuando poco o nada ha hecho en aras de castigar ejemplarmente, a los responsables de la matanza y desaparición forzada de miles de ciudadanos colombianos a manos de organismos estatales y paraestatales abiertamente apoyadas por el gobierno de ese país – como las Autodefensas Unidas de Colombia – que bajo el supuesto de la lucha antiguerrillera institucionalizó en nuestro continente, el espantoso expediente del desplazamiento forzoso de cientos de familias desde regiones rurales a centros urbanos dentro de Colombia o a las fronteras de sus países vecinos, entre los cuales Venezuela ha sufrido la peor parte. Ese gobierno inmoral que ahora bajo la falsa premisa de querer defender a sus ciudadanos de la supuesta agresión del gobierno de Nicolás Maduro, es el mismo que nada ha hecho para que paguen por sus crímenes, los responsables de la existencia de La Macarena, en el Meta y La Escombrera en Medellín, las dos más grandes fosas comunes de América, atrozmente alimentadas por miles de colombianos vil e impunemente asesinados y que las fuerzas militares, paramilitares y la gran prensa de aquel país bautizaron con el eufemismo de “Falsos Positivos”.
Es el mismo gobierno que durante décadas ha vertido millones de litros de glifosato sobre campos colombianos “erradicando” cultivos de marihuana y coca, pero que la única cosa que ha logrado erradicar de tajo, es la posibilidad de que miles de familias campesinas colombianas puedan vivir de su trabajo, imposible de realizarse con ríos, fuentes de aguas y suelos envenenados, al fragor de esta política ecocida e inhumana. Concretamente en 2004 al menos 53 niñas fueron agredidas sexualmente en las ciudades de Melgar y Girardot, que están situadas a tan solo 100 kilómetros de Bogotá, por parte de soldados y mercenarios estadounidenses, que no solamente las violaron, sino que también grabaron y vendieron el crimen "como material pornográfico". Otra menor de 12 años de edad fue violada por dos militares estadounidenses en Melgar en 2007, práctica que también realiza el ejército colombiano, sin que hasta ahora ningún funcionario del gobierno de ese país, haya dicho esta boca es mía. ¿Por qué no acude el señor Procurador de la República de Colombia a la Corte Penal Internacional a denunciar esos crímenes? ¿Por qué no lo hace su Canciller? Si existiera el premio al gobierno más cínico del planeta no cabe duda quien se lo llevaría sin oposición alguna: el gobierno colombiano, enemigo de Bolívar, de Venezuela y de su propio pueblo.
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