Abrebrecha

Acciones concretas contra la corrupción

La semana que culmina en Mérida ha sido muy productiva. Dos acontecimientos se imponen por su significación, por su contundencia. Por una parte triunfó el Proceso Revolucionario con los comicios internos efectuados en el PSUV para la elección de delegados que participarán en el I Congreso Extraordinario a realizarse desde el 21 de noviembre. En medio de la lluvia y desde diversos sitios, los camaradas convergieron en los centros de votación para elegir sus representantes y así, fortalecer al partido y al Proceso Revolucionario. Con ello se da una lección de democracia participativa al país y al mundo, por lo que representa la movilización de millones de personas en respaldo a un Proyecto liderado por nuestro Presidente Hugo Chávez. Proceso que por su carácter inédito busca las tácticas y estrategias más adecuadas para que en ese laberíntico infierno neoliberal, con el peso del imperio, y por vía pacífica, arribe al destino establecido: el Socialismo del Siglo XXI, encarnado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. El otro acontecimiento se centra en las denuncias del Gobernador Marcos Díaz Orellana contra las acciones del Contralor del Estado, Frank Castillo Salazar.

El primero de los acontecimientos todavía está en el tapete de los análisis. Sobre el segundo, lo denunciado por el Gobernador de Mérida, por sus acusaciones contra el Contralor General del Estado, por las implicaciones que un acontecimiento de esta naturaleza ejercerá, sienta las bases como precedente y anuncia lo que será la lucha de Marcos Díaz contra la corrupción en el estado Mérida, en línea o sintonía con las exigencias permanentes del Presidente Chávez de luchar tanto contra la corrupción como contra el burocratismo. A ello se suman otros flagelos denunciados, como el tráfico de influencias y el despilfarro.

Todo hecho de corrupción conforma una estructura sistémica a romper en que interactúan varios componentes: factores externos al Gobierno, “honestos empresarios”, factores internos, empresas, procedimientos y estrategias para el acto de corrupción. Y a toda esa estructura es denunciada por el Gobernador de Mérida con respecto al Contralor General del Estado. Los concatena y los denuncia públicamente para que todos los conozcamos en gesto valiente e inédito.

Denunció Marcos Díaz Orellana la pretensión del Contralor de imponer su alto cargo de funcionario público para la contratación de proveedores pertenecientes a su grupo familiar y personal de confianza dentro del Hospital Universitario de Los Andes. Aseveró el Gobernador: “No caeré en chantajes de ninguna naturaleza, de que el Contralor del Estado, producto de la descomposición que hay en diferentes instituciones, ahora quieran valerse de la Contraloría para estar induciendo empresas proveedoras de su hermano, su papá y de personas allegadas a él para atentar contra la salud de los merideños.”

Por otra parte, Marcos Díaz calificó al Contralor del Estado como indecente y falso revolucionario, a quien desde sus empresas “Grupo 1537” y “Corisa Construcciones”, pretende continuar chantajeando a la administración regional como lo hizo con Florencio Porras. De allí señaló: “aquí se acabaron los tiempos del Gobierno de Florencio Porras, aquí hay un proceso

que se respeta.” Y de forma tajante, ajustada a las leyes, hizo un dramático llamado a una Institución que le corresponde y debe tomar cartas en el asunto, pues es materia de su competencia: el Consejo Legislativo del estado Mérida. Por tanto, éste debe iniciar cuanto antes las averiguaciones de rigor. “Todo hasta alcanzar la verdad sobre los desaciertos de este funcionario de marras ligado a los grandes capitales ilegítimos de Mérida y el país”, acotó Díaz Orellana.

Con respecto a las faltas de Castillo Salazar a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal son evidentes: “El artículo 32 es claro, con excepción del Contralor General de la República, todos los titulares de los órganos de control fiscal de los organismos y entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, durarán cinco (5) años en sus funciones y podrán ser reelegidos mediante concurso público por una sola vez. El caso de Castillo alcanza ocho (8) años en el ejercicio de sus funciones, cuando deben ser cinco. Y ante esto, el Consejo Legislativo del estado Mérida nada hace, es el momento de actuar e increpo al presidente del CLEM Alexis Ramírez para ello.”

La Fiscalía del Ministerio Público debe conocer cada aspecto de lo aquí denunciado. Agregó Marcos Díaz: “Se trata de un funcionario que ha abusado de su poder, ha colocado contratos millonarios a nombre de sus familiares más cercanos, incluyendo a su padre y hermano, ha vinculado las acciones de la Contraloría a los más bajos procederes hasta llegar a perseguir funcionarios de la actual administración, al no encontrar hechos írritos, sólo por el afán de seguir cazando fortunas para invertirlas en sus empresas.” Como puede observarse hay en esta denuncia todos los elementos que apuntan a cada uno de los componentes del sistema de corrupción al que aludimos anteriormente y que está actuante en el seno de nuestro Gobierno Regional. Y lo que es más, tal proceder es Revolucionario. Proceder que no se centra en el silencio o en la inacción, que apunta a procedimientos correctivos.

Ya lo dijo Chávez, el Gobierno Revolucionario para ser verdaderamente más efectivo debe enfrentar dos grandes monstruos procedentes de décadas atrás. El primero el de la corrupción, que todo lo carcome, que le resta recursos a organismos y funcionarios honestos que le permitan el cumplimiento efectivo, pertinente y oportuno de sus metas y objetivos. El segundo, el del burocratismo, que reduce la necesaria y oportuna respuesta del Gobierno Revolucionario a las necesidades comunitarias. Deviene en un cruel atentado al Proceso, a nuestro Comandante Chávez y a la gestión regional. Se suma a sus enemigos, al imperio, al neoliberalismo, al Plan Colombia.

Y como compromiso de que esta primera batalla contra la corrupción no será la única, por el contrario, Díaz Orellana afirmó que es el inicio de una fuerte campaña, el comienzo de una lucha agresiva, de una guerra contra la corrupción, sin precedentes a nivel regional. Por ello señaló: “ Merideños, la guerra contra la corrupción no es una falsa posición, la vamos a combatir y reitero: caiga quien caiga. Si ello me trae más enemigos, bienvenidos serán, pero mi conciencia estará tranquila al lado de esta revolución que exige cárcel a los ladrones, por eso instamos al Contralor General del estado Mérida a que se ponga a derecho cuanto antes. “

Desde Abrebrecha quisiéramos que otros funcionarios siguieran su ejemplo. Más, cuando el estado Mérida es la muralla de contención a las pretensiones del imperio, que se expresan en sus determinaciones de fortalecer el Plan Salomón, de reforzar las actividades de los paramilitares en Táchira y Zulia, del estímulo al narcotráfico como estrategia imperialista para degradar y quebrantar la voluntad revolucionaria de nuestro Pueblo, para disminuir su combatividad ante la existencia de grupos mercenarios disfrazados de demócratas en las 7 bases militares del narco-estado colombiano.

La corrupción y la burocracia están en la mira. Las acciones contra tales flagelos comenzaron. La lucha contra la corrupción y la burocracia es justa y revolucionaria, forma parte de la nueva Ética Socialista, de la Democracia Participativa y de las nuevas realidades socio-económicas del país. Luchar efectivamente contra la corrupción y la burocracia es también un gran triunfo cultural del merideño y venezolano en general.


(*)Fundecem

jucecar24@hotmail.com


Esta nota ha sido leída aproximadamente 3403 veces.



Julio Carrillo(*)


Visite el perfil de Julio César Carrillo para ver el listado de todos sus artículos en Aporrea.


Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales


Síguenos en Facebook y Twitter



Julio César Carrillo

Julio César Carrillo

Más artículos de este autor


Notas relacionadas

Revise artículos similares en la sección:
Actualidad


Revise artículos similares en la sección:
Anticorrupción y Contraloría Social