Nunca, que yo recuerde, se habían producido hechos violentos en la UCV, protagonizados por estudiantes ucevistas, que tuvieran como blanco la destrucción de sus instalaciones y bienes, como ocurrió la semana pasada, horas antes de la marcha universitaria. En la época más intensa de los encapuchados, la violencia irracional era contra vehículos de transportistas y de proveedores, quienes eran emboscados en las cercanías de la Ciudad Universitaria y quemados o retenidos en la universidad, con miras a ciertas negociaciones o para ser quemados. En los casos de la retención negociada, se trataba de estudiantes o activistas políticos que protestaban por el alza del pasaje estudiantil o contra la violencia de los transportistas o del gobierno.
En aquellas situaciones diferenciábamos entre el estudiante común que se encapuchaba, para evitar el reconocimiento policial y la represión consiguiente, expresada en el allanamiento nocturno de su residencia y su detención u hostigamiento, y a quienes llamábamos “profesionales de la capucha”, suerte de degeneración del luchador político habitual, que terminaba actuando vanguardistamente, sin control, en forma vandálica e impulsado por el deseo de destruir y la aventura que el enfrentamiento consiguiente con la policía significaba. Fue el caso de los llamados “doce del patíbulo” y de los militantes de Bandera Roja en algunas ocasiones. Se podía, en aquella época, diferenciar entre sus acciones, por el número de personas incorporadas en las protestas y por la cantidad de piedras y restos de escombros dejados en “el campo de batalla”.
Las agresiones contra las instalaciones ucevistas y sus bienes sólo procedían de agentes policiales encubiertos, principalmente la DISIP y la Policía Metropolitana, que en varias ocasiones allanaron el campus universitario y ametrallaron vehículos estacionados en calles y avenidas y las edificaciones, principalmente del rectorado y de la Federación de Centros Universitarios. Ni en los casos mencionados inicialmente, ni en éstos últimos, se efectuaban investigaciones policiales, a pesar de las reiteradas denuncias de las autoridades universitarias. El gobierno culpabilizaba a la universidad de las acciones de los encapuchados y fuimos amenazados por Ledezma, Ávila Vivas y Roosen, de hacer custodiar los espacios internos de la Ciudad Universitaria con los cuerpos policiales, si los encapuchados continuaban sus acciones.
Hoy, las relaciones
gobierno-universidad parecen que continuarán igual, sólo que los actores
individuales han cambiado de posición. Quienes antes defendían la
institución hoy la asaltan y quienes antes la asaltaban hoy la defienden.
Mientras tanto, la educación superior y el desarrollo del país sufren
las nefastas consecuencias de esta situación y de la falta de políticas,
mientras la rectora ucevista es transformada en “magnífica” por
obra y gracia del Gobierno Nacional.
