Las elecciones celebradas el pasado domingo 23 pusieron en evidencia que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es la primera fuerza política del país, al alcanzar poco mas de 5 millones cuatrocientos mil votos que, con respecto a los resultados del referéndum de diciembre del año pasado, significaron un incremento cercano al millón cien mil votos; por su parte, las agrupaciones políticas de la oposición sumaron alrededor de 4 millones 100.000 votos. Si a los sufragios del PSUV se le agregan los de las demás fuerzas de izquierda, la cifra se elevaría a casi 5 millones 700 mil votos, mientras que si a los de la oposición se añaden los captados por la llamada “disidencia”, el total de sus votos se elevaría en 300.000, para hacer un gran total de 4 millones 400 mil. Con relación al referéndum mencionado y dejando de lado los correspondientes a los partidos que traicionaron al Gobierno, la oposición sufrió una merma de 300 mil votos.

Esta victoria del PSUV que han tratado de ocultar los medios de comunicación privados se tradujo, como ya es de dominio público, en que 17 gobernaciones y 263 alcaldías fueran alcanzadas por los candidatos afectos al proyecto gubernamental, incluyendo la recuperación de cuatro de las cinco entidades estatales cuyos gobernadores, en su momento, fueron electos con el apoyo de los grupos políticos vinculados con el Gobierno Nacional y la de las entidades municipales de 15 de las capitales estadales. Por su parte, la oposición retuvo las dos gobernaciones que regentan desde el año 2004, mientras que como producto del reciente acto electoral, agregaron tres y la Alcaldía Metropolitana. Simultáneamente, vio disminuido el número de alcaldías que controlaban hasta el presente, alcanzando a triunfar apenas en 50 de ellas, 7 de las cuales corresponden a las de capitales de estado.

Si bien desde el punto de vista cuantitativo resulta incuestionable el triunfo del PSUV, de ninguna manera puede minimizarse el éxito alcanzado por las agrupaciones oposicionistas, por cuanto las mismas se hacen efectivas en localidades cuya influencia política, económica y social es especialmente significativa para el país. En ese contexto, cobra relevancia realizar una rigurosa autocrítica para identificar las causas y los correctivos que deberán introducirse con miras a recuperar en el futuro esos espacios políticos que, por ahora, cede el PSUV. Esa autocrítica, fundamentalmente, contribuirá a reforzar la calidad revolucionaria de la organización.

El desarrollo de cualquier comicio que se lleve a cabo en el país, como consecuencia de la polarización que prima en nuestra sociedad, inmediatamente se traduce en un acto plebiscitario sobre la actuación del ejecutivo central. En el caso de las elecciones del 23 de noviembre, ese acto refrendario se extrapoló, en simultáneo, hacia la gestión de los ejecutivos estadales y municipales y, precisamente, es allí donde comenzamos a encontrar explicaciones al comportamiento de los electores que cuatro años antes favorecieron la opción presentada por el chavismo frente a las de oposición.

Debemos reconocer con total franqueza que en las localidades donde logra triunfar la oposición, las gestiones desarrolladas por los gobernadores y alcaldes militantes o ex militantes del PSUV, no pueden menos que calificarse como deficientes. Por diversas razones, algunas vinculadas directamente con las peculiaridades de cada región, las acciones desplegadas por los respectivos gobiernos locales no colmaron las expectativas que generaron en el momento de su elección, abonando el camino para el surgimiento del “voto castigo”. Huelgan los comentarios que podrían añadirse, lo cual no exime agregar los relativos a presuntos actos de corrupción en que eventualmente podrían haber incurrido funcionarios de esos gobiernos que, con o sin razón justificadora, esgrimieron permanentemente los medios de comunicación que actúan -en la práctica- como operadores o, mejor, como sustitutos de los partidos políticos de oposición y que se constituyeron en puntos de apoyo de la propaganda desplegada.

A la par de esta falencia de calidad política exhibida por algunos ex gobernantes (estadales y municipales) surge otra que atraviesa transversalmente a toda la estrategia electoral del PSUV, la cual radica en la deficiente política comunicacional tanto del gobierno como del partido. En este caso no nos referimos exclusivamente a los aspectos atinentes a la difusión de las obras de gobierno, sino que incluimos los mensajes relacionados con el proselitismo electoral y, sobre todo, a los de contenido político-conceptual.

Es evidente que buena parte de la dirigencia del partido no ha podido expresar adecuadamente los cometidos del proceso político en curso en el país, con lo cual sus intervenciones públicas –involuntariamente- se prestaron a tergiversaciones que fueron explotadas con mucha habilidad por los medios de comunicación de los adversarios. Similares consecuencias generó el uso impropio del lenguaje, con el agravante que, en múltiples casos, concedió beligerancia a candidaturas opositoras que, en principio, contaban con apoyos muy precarios. Al instrumentarse en forma deficiente la política comunicacional, antes que atraer, ahuyentó potenciales votantes, especialmente, de la clase media que, por lo demás, es la más vulnerable a los mensajes transmitidos permanente y sistemáticamente por los medios opositores y que de nuevo puso de manifiesto su escepticismo o rechazo frente al proyecto liderado por el Presidente Chávez.

Esta última afirmación nos conduce a considerar la concepción que subyace detrás del PSUV. La evolución histórica del país desde comienzos del siglo pasado allanó el camino para el florecimiento de una vigorosa clase media que, quiérase o no, se ha constituido en paradigma para los estratos medios-bajos y bajos de la sociedad. No obstante su carácter policlasista, el partido no ha estructurado, todavía, una política orientada a penetrar en esas capas sociales. Las conclusiones de un análisis exhaustivo de los resultados electorales en las localidades donde se registran las derrotas del PSUV, resultarían ser más que elocuentes en ese sentido. Este mensaje que ya emergiera el 2D y que fuese ignorado o desatendido por la dirigencia, vuelve a cobrar vigencia ahora, cuando se constituye, entonces, en una tarea prioritaria e impostergable para el PSUV. Por supuesto que esa labor de captación vine aparejada con los trabajos iniciados con miras a profundizar la concientización. En esta etapa del proceso, la formación de cuadros desempeña un rol fundamental para sentar los cimientos del potencial crecimiento del partido y debe abarcar no solo aspectos filosóficos-políticos, sino que debe ampliarse hacia la integridad del ser humano, especialmente, para reforzar los valores éticos y morales como esencia fundamental de la preparación de los actuales y futuros dirigentes del país.

Complementariamente es conveniente que el PSUV se aboque a revisar la política con los partidos aliados y con personalidades individuales o agrupados simpatizantes del proyecto Bolivariano. Si bien su caudal electoral no resulta atractivo, en aras de fortalecer la democratización del proceso en curso, deberían establecerse lineamientos políticos que teniendo en cuenta las especificidades tanto de las organizaciones como de las individualidades y sus agrupaciones que lo apoyan, conduzcan a la captación de voluntades y a la convergencia hacia el proyecto común que se persigue estructurar. La unidad debe construirse con base en la articulación de objetivos comunes, amalgamando intereses que, en definitiva, no son contradictorios entre sí, pero que exigen comprensión por las partes involucradas y dejar de lado aquellas actitudes que solo procuran exacerbar ánimos y potenciar resistencias innecesariamente.

Con seguridad, del ejercicio autocrítico surgirán muchos temas adicionales. Sin embargo, dentro de esa tarea -que debería ser permanente- emergerá una materia que está comenzando a despuntar en aquellas zonas que ahora se encuentran bajo el cobijo oposicionista: la irreversibilidad de los cambios políticos y sociales que se han introducido en el país durante esta primera década. La consolidación de las bases del poder popular es, y será, en el futuro inmediato, la mayor prioridad tanto del Gobierno Nacional como del partido.

Sería tonto desconocer que todos los elementos que confluyen en la estructuración del poder popular constituyen canales de movilización y participación social que conceptual y radicalmente están reñidos con los postulados que sustentan ideológicamente a las agrupaciones políticas de la oposición. Por tanto, la autocrítica pasiva deberá combinarse con la permanente movilización gobierno-partido y cívica-militar para asegurar, en lo posible, las conquistas alcanzadas. Definitivamente, este es el gran desafío que emergió el pasado 23 de noviembre.

En la coyuntura actual, no podemos bajar los brazos para celebrar una victoria que en efecto arroja luces, pero muchas sombras también. Estas últimas se manifestaron a través de repiques de campanas análogos a los que escuchamos hace menos de un año. Interpretar los mensajes del 23N, acometer las tareas pendientes y enfrentar sólidamente el gran desafío que la historia nos ha impuesto son obligatorios y obligantes para todos los que propugnamos para Venezuela un desarrollo armónico, equilibrado, equitativo y verdaderamente humano. Desmayando ahora, estaríamos hasta corriendo el riesgo de colocar fecha de caducidad al liderazgo que nos orienta.