Carta abierta al Presidente Hugo Chávez Frías

Cómo debería enfocarse y realizarse el proceso de demarcación territorial indígena

Existe gran preocupación Sr. Presidente, porque la demarcación territorial indígena se ha dilatado temporalmente más allá de lo establecido constitucional y legalmente, trayendo como consecuencia la inseguridad jurídica territorial para los Pueblos Indígenas, en general, y diferentes tipos de conflictos a nivel local, en particular.

Considerando que la República se encuentra en proceso de refundación y que - como usted mismo ha señalado en ocasiones anteriores -, todavía perduran en la administración pública lastres de la mentalidad tecno-burocrática de la cuarta república que deben ser erradicados, me propongo en esta carta dar mi contribución en la explicación ético-política-jurídica del proceso de demarcación.

Dicho de otro modo: Sr. Presidente, el hecho de que Ud. haya ordenado que se realice la demarcación, no garantiza que se realice en beneficio de los Pueblos Indígenas, por las razones siguientes:

  1. Nos encontramos en el proceso la superación no sólo de racionalidades administrativas cuartorrepublicanas, sino de mentalidades discriminadoras y neocoloniales que aún subsisten, que interpretan las normas jurídicas que deben beneficiar a los indígenas (paradójicamente) en su contra, y que al aplicarlas dan vigencia endocolonial a aquella perversa práctica de “se acata, pero no se cumple” en relación con dichas normativas;
  2. Existe gran desconocimiento sobre cómo llevar a cabo la demarcación así como de su verdadera naturaleza legal, en los equipos que han decidido impulsarla hasta ahora, en parte debido a lo novedoso de la materia, lo particular de nuestra realidad indigenista, por lo complejo de operativizarla político-territorial y administrativamente, pero por sobretodo, por la existencia de sesgos ideológicos, axiológicos y epistemológicos (prejuicios endocolonialistas) que impiden que lo establecido constitucionalmente sea verificable en la pŕactica. (sobre esto daré un ejemplo más adelante).
  3. Los pueblos indígenas han hecho su propia autodemarcación de acuerdo a sus usos y costumbres, pero las mismas no han sido tomadas en cuenta, para hacer prevalecer otros intereses que contradicen el capítulo indígena de la Constitución Bolivariana.

Antes que nada es necesario Sr. Presidente, que Ud. conozca brevemente los fundamentos ético-políticos-jurídicos de la demarcación, que son el marco para su adecuada implementación:

La primera aclaratoria es que  en lo ético, es importante saber que los derechos territoriales indígenas (que incluyen el derecho a la seguridad jurídica territorial) son derechos originarios. Esto significa que el Estado no los crea, sino que reconoce su preexistencia. En relación con el proceso de demarcación, supone que el Estado reconoce la preexistencia de los Pueblos Indígenas y de su base territorial, cuya consecuencia práctica es la expedición de un Titulo de Propiedad Colectiva del Pueblo respectivo.

En este sentido, deben hacerse varias aclaratorias: la primera, el significado de la Propiedad Territorial Indígena difiere profundamente del existente en el Código Civil venezolano, así como en materia agraria, por lo que son derechos imprescriptibles, inalienables e inembargables. Al ser originarios, no son derechos otorgados por el Estado venezolano, sino reconocidos como esenciales para garantizar la existencia de los Pueblos y Culturas indígenas.

En otras palabras, el Titulo de Demarcación no crea los derechos, sólo los reconoce. De este modo, dichos espacios territoriales no pertenecen en propiedad al Estado, por lo que éste no puede transferírselos o adjudicárselos a los Pueblos indígenas.

El Estado reconoce constitucionalmente que los Pueblos indígenas son históricamente Titulares de dichos espacios, y mediante el Titulo legalmente “se los devuelve”, para que sean autogestionados por ellos mismos. Todo esto es plenamente compatible con la diversidad de formas de propiedad que se deben desarrollar en nuestra revolución (entre otras cosas), para garantizar la pervivencia de nuestros “indosocialismos” autóctonos.

La segunda aclaratoria, es en relación con las riquezas naturales existentes en dichos espacios territoriales, que pueden desarrollarse cogestionariamente con los Pueblos respectivos, siempre y cuando: a) no se vulneren sus modos de vida actuales y futuros (aspecto determinado por la evaluación sociocultural y ambiental previa), b) que tengan conciencia plena de las consecuencias de dichos desarrollos (mediante procesos de consulta previa informada en el seno de todas las comunidades indígenas involucradas) para decidir su aprobación o no, y c) que sean reales protagonistas de sus propios procesos sociohistóricos (al respetarse las cosmovisiones sociopolíticas propias y sus modos ancestrales de toma colectiva de decisiones).

La tercera aclaratoria es sobre la naturaleza de estos derechos: están íntimamente fundamentados en una “concepción indígena del espacio” que forma parte de su propio universo cultural-simbólico (art. 100 Constitución Bolivariana), la cual debe ser respetada como sistema fundante de la pluriculturalidad reconocida estatalmente (Preámbulo constitucional), y garantizada como elemento constituyente de nuestro Patrimonio cultural autóctono.

II.- En lo político, es necesario saber que, estando la propiedad de dichos espacios territoriales en manos de los Pueblos indígenas, dentro de una “Democracia de Pueblos y culturas” (que se está gestando con el llamado a la participación protagónica de las comunidades indígenas), lo que debe planificarse participativa y horizontalmente con los Pueblos indígenas respectivos, es la “Ordenación Ambiental y Territorial”.

Dicho de otro modo, qué actividades productivas se pueden y se quieren implementar a nivel regional y local, que equilibren los derechos y deberes del Estado venezolano y de los diferentes Pueblos Indígenas. Esto nos lleva a una discusión abierta, libre y democrática acerca de los usos permitibles de dichos espacios y del Régimen de Co-Administración de los mismos, donde los Pueblos y Comunidades indígenas tengan (o mantengan) su protagonismo social e histórico. Esto, en virtud de compatibilizar los derechos culturales de los Pueblos indígenas con los derechos ambientales y económicos (actuales y futuros) de la población venezolana toda (incluidos los indígenas mismos), dentro de procesos de democratización cultural y de integración (desde la base) de los Pueblos de NuestraAmérica.

Por ello, es esencial que los Pueblos indígenas incorporen a sus procesos de autodemarcación (con pleno apoyo estatal), propuestas de ordenación ambiental y territorial, que generen justicia histórico-social, inclusión sociocultural, equilibrio ecológico-social, soberanía agroalimentaria, y convivencia pacifica entre los Pueblos y Culturas.

Por lo tanto, la demarcación es un proceso de dignificación histórica y protagonismo político “de abajo hacia arriba” de los Pueblos autóctonos, y no, como hasta ahora se ha realizado, un simple momento “técnico-administrativo”, protagonizado excluyentemente, y direccionado en la práctica “de arriba hacia abajo”, por los miembros de una Comisión nacional o regional determinada.

De seguir entendida e implementada la Demarcación Territorial indígena de este último modo, Sr. Presidente, no superaremos el esquema de relación colonial (colonialismo interno) que el Estado venezolano ha establecido y reproducido secularmente con los Pueblos Indígenas (sobre todo, a partir de 1830), y seguirán produciéndose los episodios históricos de despojo e invasión (sea por actores privados o por el mismo Estado) y seremos copartícipes y promotores de la extinción cultural indígena (etnocidio).

Como país, históricamente logramos liberarnos del régimen colonial, pero como venezolanos, culturalmente no todos se han liberado de una visión colonialista de la propia realidad (o de la realidad de otros), y de ello todavía quedan rémoras.

Sr. Presidente, una verdadera democracia (“donde mande el Pueblo”), además de fomentar el protagonismo de seres humanos “de carne y hueso”, también supone garantizar la inclusión de sus cosmovisiones, racionalidades, lógicas, relaciones con el tiempo y con el espacio, etc.; y en relación con los Pueblos y Culturas indígenas, la inclusión en el mapa político-administrativo nacional, y en el “mapa mental” de nuestro Proyecto colectivo de país (V República), de sus propias concepciones del tiempo y del espacio (cosmovisión cultural), contenidas sustancialmente en su Autodemarcación territorial.

III.- En lo jurídico, el Estado venezolano está en mora con los Pueblos Indígenas, en cuanto a la Titulación ordenada constitucionalmente. Apenas un poco más del 1% de las Comunidades Indígenas posee titulo de demarcación. Mientras tanto, los conflictos (sociales, sociopolíticos, ambientales, incluso, culturales) se siguen multiplicando a nivel de las bases indígenas, que si bien respaldan el proceso revolucionario porque se sienten incluidos e identificados con él, sus condiciones de vida y su fortaleza cultural siguen deterioradas por el décadas de abandono y la secular opresión sociocultural por parte de la sociedad no indígena.

Los Derechos constitucionales fueron establecidos para reconocer y fomentar la Diversidad Cultural nacional que posibilite la transformación del Estado venezolano en pluricultural, por lo tanto, todo proceso que lleve a los indígenas (individual o colectivamente) a perder sus Fundamentos Identitarios propios, a vulnerar la base material o simbólica para seguir valorándose a sí mismos como culturalmente diferentes, hará que los derechos especialísimos conquistados en la Constitución Bolivariana pierdan vigencia y razón de ser, y nada garantiza más este proceso veloz de perdida de Identidades, de “des-indianización”, que la persistencia de la inseguridad jurídica en sus espacios territoriales.

Sr. Presidente, usted que conoce nuestra historia patria, sabe que en la “Guerra Federal” no sólo existieron motivaciones de justicia social heredadas del ideario de nuestros Libertadores, sino el deseo de inclusión de todos los diversos actores y actoras en un proyecto colectivo, sin discriminaciones y exclusiones.

Sin embargo, a pesar de que los indígenas son socioculturalmente nuestros ancestros directos, que ofrendaron sus vidas para la liberación de nuestra Patria en los campos de batalla (Guerra de Independencia, Guerra Federal, etc.), que nos legaron buena parte de nuestra cultura actual (tronco del “indosocialismo”), todavía existen dentro del nuestro Gobierno revolucionario, funcionarios desarraigados que perciben en las demandas territoriales y culturales indígenas, una amenaza para la “seguridad nacional”, para el “desarrollo nacional”, para la “unidad, paz y convivencia” nacional, etc. (lo cual los identifica más con la visión del Departamento de Estado norteamericano, que con la de sus propios Pueblos de origen).

Existen incluso quienes nunca han estado de acuerdo con los Derechos que la constitución les reconoce, producto de una conquista histórica de inclusión y justicia social y cultural. Se preguntan etnocéntricamente por qué y para qué los Pueblos indígenas requieren tanto espacio territorial, ignorando que los Pueblos indígenas requieren tales extensiones por razones de orden cultural-ambiental.

No saben que su modo de vida está sustentado la unidad de las dimensiones ecológicas-sociales-espirituales. Que muchas culturas indígenas sostienen que existen lugares no habitados por gente, pero sí por los espíritus del mundo natural o de sus ancestros, con los que los indígenas mantienen comunicación y que dan sacralidad a muchas actividades cotidianas, y que están ubicados en esas grandes extensiones.

O que existen lugares que tienen significados sagrados porque en ellos se sustenta la raíz de la cultura, porque para las culturas indígenas allí están o estuvieron los entes creadores del mundo. O porque dada su dinámica social propia, el crecimiento demográfico está unido a dinámicas de regulación poblacional y desplazamiento geográfico de las familias o comunidades, a través de un gran espacio territorial-cultural durante periodos determinados. O porque la relación que ciertos Pueblos indígenas mantienen aún con su ambiente, impide el agotamiento total de las especies (de todos los Reinos Biológicos) mediante el respeto de los limites naturales, mediante el desplazamiento rotativo de sus actividades productivas a lo largo de amplios espacios geográficos, a lo largo de décadas o siglos, todo lo cual está comprobadísimo por las ciencias del mundo occidentalizado.

Y todo esto (y más) son ejemplos de lo que el Estado venezolano adoptó (y que la Sociedad venezolana aprobó) cuando se reconocieron los derechos culturales de los Pueblos indígenas en la Constitución Bolivariana.

Como los mismos indígenas reiteradamente han dicho y defendido: “La Tierra es la Vida”. Sin ella Sr. Presidente, la cultura indígena -como riqueza en sí misma y como propuesta cultural al resto de la sociedad- desaparecerá rápidamente (como ya ha ocurrido con algunos Pueblos autóctonos); los mismos indígenas podrían desaparecer (al no contar con seguridad jurídica, no pueden realizar sus actividades ancestrales y tradicionales de vida o de subsistencia, no pueden alimentarse, curarse, trabajar, etc.) y seríamos todos corresponsables de ello.

Según las decisiones jurisprudenciales en esta materia, la demarcación puede realizarse en pocos meses. También la experiencia internacional ha señalado la prioridad de los derechos indígenas por sobre los “derechos” de los invasores posteriores, y la posibilidad de desalojar a los terratenientes (con o sin indemnización, según el caso), antes de hacer la demarcación DESDE Y POR las bases indígenas, con apoyo financiero del Estado.

Si esto ya se ha hecho en otros países, que no poseen ni una Constitución tan avanzada como la nuestra, ni un proceso REVOLUCIONARIO como el nuestro, entonces, los problemas para realizarla están en el Estado venezolano, y más específicamente, en sus funcionarios, quienes por prejuicios endocoloniales y desarraigos personales, no entregan el protagonismo de este proceso a los propios Pueblos indígenas, a quienes paradójicamente temen, como si devolverle la dignidad a nuestros ancestros fuera peligroso, y como si ellos no nos hubieran enseñado mejor que nadie cómo cuidar este planeta en el que vivimos y reverenciar la Vida que hay en él.

Por sus palabras, Sr. Presidente, sabemos que Usted está de corazón comprometido en saldar la deuda histórica contraída desde 1830 (al menos) con los Pueblos indígenas. Con sinceridad le expresamos que muchos ciudadanos no estamos seguros que otros funcionarios del Gobierno tengan su mismo compromiso.

Como ejemplo reciente de ello, está el despojo secular realizado sobre los Pueblos Indígenas de la Sierra de Perijá (barí, yukpa, etc.) mediante el genocidio, el crimen y la falsedad; y la actitud complaciente de funcionarios que pretenden convalidar este crimen histórico con expedientes amañados y procedimientos antipopulares de demarcación, dejando a salvo “los intereses de terceros” (entes públicos o privados), algunos de los cuales obtuvieron su “derecho de propiedad” mediante la invasión y el asesinato premeditado y sistemático de generaciones de indígenas autóctonos. Han dicho públicamente que pretenden “conciliar” los derechos (sic) de los terratenientes, con los de los indígenas: conciliar ignominiosamente a los yukpas, con sus “verdugos y asesinos históricos y actuales”. es justificar el crimen histórico contra nuestros ancestros, y dejar en la impunidad (y en el privilegio) a sus autores.

Como dijo el compañero Eduardo Galeano: “La América que ha sido despojada de todo...a lo largo de los cinco siglos del proceso que la puso al servicio del progreso ajeno...en ella el estatuto neocolonial vacía al esclavo de historia para que el esclavo se mire a si mismo con los ojos del amo...Desde el punto de vista capitalista, las culturas comunitarias, que no divorcian al hombre de los demás hombres ni de la naturaleza, son culturas enemigas. Pero el punto de vista capitalista, no es el único punto de vista posible...”

Sr. Presidente, usted es la máxima autoridad de este Gobierno y de este proceso revolucionario: de usted depende que éstas situaciones tan nefastas para los Pueblos Indígenas cambien. Así lo esperamos.

*M.Sc.; Abogado; Especialista en Derechos de los Pueblos Indígenas.

descolonizarse@yahoo.es



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