Unos alcaldes reunidos en San Cristóbal el 6/9, sentenciaron que la reforma de la división política del país, con la reposición de los territorios federales; la creación de los municipios federales; y, la consideración de las comunas como núcleo espacial básico e indivisible del orden político territorial, es un incremento del centralismo. Un aumento del poder “nacional”, con el consiguiente refuerzo del autoritarismo. Afirmaron “que se ofrecen unos consejos comunales que no pueden constituirse sin el visto bueno del Presidente y que no tienen recursos propios”, como si los estados y los municipios los hayan tenido. Por ello, en el siglo XX, no han sido autónomos. Han dependido del financiamiento del poder nacional, que los costea con la renta petrolera. Si no fuese por eso, la mayoría de los estados y municipios serían espacios deprimidos y se mantendrían sin posibilidades de lograr un desarrollo que permita la vida digna de sus habitantes. Continuaría sucediendo, como ocurre en las zonas limítrofes (convertidas en tierra de nadie), hechos realizados por grupos indómitos que representan un gran riesgo para los que se aventuran, con empresas privadas o públicas, a establecerse en ellas. Lo mismo que pasa en los barrios marginales que ahogan los enclaves de modernidad que son nuestras actuales ciudades. Lo que buscan es mantener la situación actual de inseguridad con propósitos desestabilizadores.
La creación de estas figuras, que tienen como antecedente nuestros viejos territorios federales, no se esta realizando para fortalecer una burocracia parasita que permita la depredación de estos espacios, como fue el criterio del pasado. Su instauración, acompañada de proyectos de desarrollo, se realizaría mediante una adhocracia: las misiones. Una fuerza de tarea configurada hasta el logro de los objetivos que transformen esos espacios abandonados en zonas civilizadas representadas por las ciudades comunales. Un desarrollo que a la par de lograr un control social no represivo en su esencia, como es el espíritu de la actual organización político-territorial de la República, intentará usar el potencial humano y el espacio como alternativa al carácter rentista que tiene nuestra economía. Es una salida que ofrece una posibilidad de superar el dualismo geográfico y funcional presente en Venezuela, que hace de nuestro país un espacio poblado por dos culturas distintas: la que corresponde a la economía moderna de acumulación; y, la conformada por formas de producción tradicionales. Desde luego, de lograrse ese objetivo, se reduciría la desviación de los recursos públicos para fines privados. El modo como se ha creado un estamento propietario en el país, cuya existencia ha dependido de una fuerza represiva, que violando los derechos humanos, ha contenido al grueso de la población empobrecida. Lo que ha sido la práctica hasta hoy de esa casta que vive del erario público.
