Con el agua no se juega

De la letra al hecho hay mucho trecho, diría alguien. Y al parecer es así cuando se trata de plasmar en la realidad lo que se establece en las leyes. Es el caso, por ejemplo, de la obligación fundamental que tiene el Estado venezolano de proteger el agua (Art. 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), de la condición de utilidad pública e interés social que tiene el servicio de agua potable (Art. 6 de la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento –LOPSAPS--) y del acceso al agua potable como un derecho humano fundamental (Art. 5 de la Ley de Aguas).

Hacer cumplir estos tres mandatos jurídicos no es nada fácil. Se requiere en primer lugar de recursos financieros, en segundo lugar de claridad y solidez en las instituciones encargadas de ejecutar los mencionados mandatos, en tercer lugar de la participación activa de las comunidades organizadas y en cuarto lugar del aporte que puede hacer la universidad, a través de la realización de estudios específicos sobre diferentes tópicos. La combinación de estos cuatro factores puede hacer posible que el acceso al agua potable forme parte de una política de desarrollo sustentable de cara al futuro.

Si se toma como caso de análisis la situación del acceso al agua potable en el sector de la Cuenca del Chama (El Arenal) de la Parroquia Arias, Municipio Libertador del Estado Mérida, son muchas las dudas que surgen sobre el futuro sustentable de este espacio geográfico. Dicho espacio se ubica, de manera general, entre la margen izquierda del río Chama y el Parque Sierra Nevada y en él habitan las comunidades de La Pueblita, La Cueva, San Mateo, La Vega, Marianita, Don Perucho, Los Periodistas, La Joya, Rincón de Lourdes, Loma Redonda, entre otras. El número de habitantes en conjunto se estima que ha aumentado de 3.000 en 1990 a 15.000 en el 2007 y, de acuerdo con los proyectos urbanísticos que están planteados desarrollar, la población seguirá su ritmo vertiginoso de crecimiento en los próximos años.

Según un diagnóstico preliminar realizado con base en datos aportados por los consejos comunales y mesas técnicas del agua que existen en el sector, hay nueve (9) sistemas de acueductos, cuyas condiciones de funcionamiento son bastante deficientes. Tanto los diques como los desarenadores, tanques de almacenamiento y redes de distribución, requieren de una intervención urgente, sin contar que los procedimientos utilizados para el tratamiento son bastante precarios o simplemente no existen, aparte de que no se hacen evaluaciones periódicas de las características del agua, ni se le informa a la población al respecto.

De los cuatro factores considerados se puede decir que los recursos financieros no deberían ser un problema, puesto que el Estado venezolano percibe cada vez más recursos, y esa situación debería mantenerse durante los próximos años, dada la creciente demanda mundial de las valiosas materias primas que yacen en nuestro subsuelo. Con relación a los otros tres factores, sí hay bastantes dudas.

Las instituciones encargadas de velar por la protección del agua y asegurar el suministro a la población en condiciones potables, no parecieran estar muy claras en cuanto a lo que se debe hacer. La primera falla que se observa es que no aprecian al sector mencionado como una unidad político-territorial con sus particularidades ---con todo y que hay un proyecto para convertirlo en una parroquia---, lo que dificulta la definición de una estrategia acertada en materia de agua potable. El Ministerio del Ambiente e Inparques no se han ocupado de hacer las evaluaciones correspondientes para determinar las condiciones en que se encuentran las zonas protectoras de las diferentes fuentes de agua y medir la capacidad de suministro de agua que tienen las mismas. La Dirección de Saneamiento Ambiental (Malariología) está en proceso de desentenderse de los acueductos rurales que durante varias décadas atendió tímidamente, mientras que Aguas de Mérida y la Alcaldía del Municipio Libertador no parecieran estar muy decididos a asumir plenamente la responsabilidad sobre esos mismos acueductos. Al parecer consideran que por ser acueductos rurales no es de su competencia. Bueno, es posible que por sus características físicas, sean considerados rurales ---por lo que deben ser intervenidos---, pero en la propia LOPSAPS (Art. 40) se entiende que los acueductos rurales atienden un número mínimo de doscientos (200) y un máximo de dos mil quinientos (2.500) habitantes, por lo que los mencionados acueductos hace tiempo que dejaron de ser rurales.

En lo que se refiere al tercer factor, la organización comunitaria, ésta ciertamente existe, ya que se han conformado dieciocho (18) consejos comunales y cinco (5) mesas técnicas del agua. Sin embargo, es de hacer notar que, en general, las diferentes organizaciones comunitarias tampoco perciben al sector como una unidad, sino de manera parcelada, tal vez por la influencia que sobre ellas debe tener la figura del ámbito territorial que a cada una le corresponde. Esta percepción puede hacer que algunos consejos comunales o mesas técnicas del agua presenten proyectos y gestionen recursos para solucionar el problema del agua potable de sus comunidades, lo que puede traer la ejecución de obras diferentes en una misma fuente de agua, creándose así una futura anarquía en la gestión del recurso agua.

Finalmente, el papel de la universidad (Universidad de Los Andes) es fundamental por todos los resultados valiosos que pueden arrojar los estudios sistemáticos realizados en los campos de la ecología, hidráulica, urbanismo, ordenación del territorio, sociología, etc. No obstante, surgen las dudas sobre el real interés que los investigadores pudieran mostrar por este sector y por la difusión adecuada de los resultados, puestos de manera periódica al alcance tanto de los organismos del gobierno como de las propias comunidades.

En conclusión, el Estado venezolano, a través de sus instituciones y organismos de gestión, debe hacerse presente en el sector de la Cuenca del Chama de la Parroquia Arias, y poner orden a tiempo, tanto en materia de agua potable, como en el resto de servicios que una población creciente requerirá en el futuro, antes de que se convierta en un caos. Una oportunidad para hacer de la letra un hecho.

* alportillo@ula.ve


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Alfredo Portillo


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