_Surgentes, colectivo de DDHH_, se pronuncia en los siguientes términos sobre la Ley de Amnistía aprobada ayer por la Asamblea Nacional:
*1. Excluye a trabajadorxs, campesinos, personas acusadas de incitación al odio y civiles y militares acusadxs de delitos violentos.* Al señalar de manera taxativa un conjunto de hechos ocurridos desde 1999, deja por fuera centenares de casos de personas judicializadas de manera arbitraria, que no entran en esos hechos. Entre ellxs, más de 200 trabajadorxs que fueron judicializados desde 2015: a) por reclamar derechos laborales, b) por expresar críticas, c) como retaliación por haber denunciado corrupción o, d) como chivos expiatorios de los verdaderos corruptos; todo lo cual ocurrió en un contexto de políticas favorables al capital y la derogación de facto de los derechos laborales. Hicieron pagar el precio de la crisis a los más pobres y, cuando protestaron, los reprimieron. También excluye, al menos, a medio centenar de campesinos que fueron arbitrariamente judicializados, desde el mismo año, por luchar por su derecho a la tierra, en un contexto regresivo en donde el Estado se volvía a aliar con latifundistas para vulnerar este derecho. Trabajadorxs y campesinxs en lucha, son defensorxs de derechos humanos de los sectores populares, perseguidos y encarcelados por exigir sus derechos. La Ley excluye, además, a un número indeterminado de personas criminalizadas por emitir opiniones o críticas, en contextos distintos a los señalados expresamente en el artículo 8. Y, finalmente, la Ley excluye, de manera expresa, a más de 200 civiles y militares acusados de rebelión y otros actos violentos. Sean ciertos o no los hechos por los que se les acusa, es claro que se trata de delitos de carácter político que una amnistía debería incluir, si el objetivo es "promover la paz social y la convivencia democrática", como señala el artículo 1 de la Ley.
*2. Discrecionalidad en la decisión de otros casos y sin participación social en el seguimiento.* La Ley creó una Comisión de Seguimiento (sin participación social) que tendrá la potestad de sugerir a los tribunales casos no previstos en la Ley, para que puedan ser amnistiados. Desoyó la Asamblea la voz de lxs familiares y organizaciones de DDHH, que exigimos una comisión de verificación, plural, con participación de los sectores afectados. Más allá de la Ley, Delcy Rodríguez (ayer mismo) le otorgó ese mandato, también, al Programa de Convivencia y Paz y a la Comisión de Revolución Judicial, generando con ello una alta discrecionalidad.
*3. No reconoce políticas y contexto represivo, que crearon el problema.* La Ley no reconoce la arbitrariedad estructural de la inmensa mayoría de las detenciones por razones políticas ocurridas en los últimos años y, en consecuencia, no crea las condiciones para la no repetición de las violaciones a los derechos humanos asociadas a ello. La arquitectura represiva que posibilitó que el conflicto social y político fuera sofocado con más de 11.000 personas detenidas en la última década (la inmensa mayoría de manera arbitraria), sigue intacta. Efectivamente ha disminuido la represión en el último mes, pero el dispositivo sigue operativo. Es urgente iniciar una transformación de todo el aparato penal, comenzando por la derogación de las leyes que facilitaron la represión; la renuncia de las cabezas de ese aparato y sus principales responsables; la colocación de mandos civiles en todas policías del país y la vuelta al modelo construido con la Reforma Policial y; la desarticulación de los grupos parapoliciales.
*4. No abre puertas a la reparación de los daños causados.* La Asamblea desoyó la voz de familiares y organizaciones de DDHH que propusimos incluir un texto que señalara que ser beneficiario de la amnistía no implica el reconocimiento de ningún delito o falta; ni inhibe la posibilidad de exigir una reparación integral por la violación a sus derechos humanos en el marco de los procesos de judicialización, detención o sanciones administrativas que sufrieron.
*5. Aun así es una victoria parcial.* Pese a estos déficits, la Ley permite aliviar el dolor de centenares de personas que sí están incluidas y que podrán exigir muy pronto su libertad plena. Se trata de una victoria parcial de lxs familiares, que no dejaron de movilizarse por sus derechos aun en el peor contexto de terror impuesto desde el Estado. Esta Ley, aunque excluyente e insuficiente, abre puertas a una agenda democratizadora más amplia. Que esta agenda avance, dependerá de la continuidad de las luchas por la exigibilidad de los derechos humanos. Desde Surgentes estaremos acompañando a familiares para apoyar que ejerzan sus derechos ante los tribunales; haremos seguimiento a la implementación de la Ley e; insistiremos en una agenda amplia de DDHH que permita reconstitucionalizar, redemocratizar y renacionalizar el conflicto político.
_Prensa Surgentes, 20.02.26_