Salto de talanquera camuflado
Con palabras textuales, Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general que abarcaría "todo el período político de violencia de 1999 al presente". No es una interpretación ni una caricatura: es el propio lenguaje elegido por la dirigente chavista. Ella caracteriza todo el proceso bolivariano como un ciclo de "violencia política" que debe cerrarse mediante la "reparación de heridas" y la "convivencia". Son palabras textuales de Delcy Rodríguez. En su discurso sobre la ley de amnistía, la presidenta encargada adopta el mismo libreto que la oposición venezolana viene repitiendo desde 1999: presentar al chavismo como origen de la violencia y del caos, y al Estado como un actor que "provoca confrontación". No es un desliz menor ni una frase aislada: es un verdadero salto de talanquera camuflado, donde el discurso oficial termina hablando con las categorías, los miedos y las acusaciones históricas del antichavismo.
Estamos claramente ante un salto de talanquera camuflado. Durante años, dirigentes opositores como Henrique Capriles sostuvieron que "el gobierno es el que tiene el monopolio de la violencia, quiere utilizar la violencia para que los venezolanos peleemos unos con otros". Hoy, esa misma lógica es reproducida por el mismo chavismo, en nombre de una supuesta reconciliación que borra responsabilidades históricas, diluye la lucha de clases y normaliza el discurso contrarrevolucionario.
El Discurso de Delcy Rodríguez
En un acto oficial de apertura del año judicial, Delcy Rodríguez declaró textualmente:
"Una ley de amnistía general que cubra todo el período político de violencia política de 1999 al presente."
Por primera vez en la historia del chavismo, la propia cúpula gobernante adopta el mismo discurso que la oposición venezolana ha repetido desde 1999: presentar la violencia política como un problema abstracto, sin matices, sin nombrar responsables de clase y sin reconocer que gran parte de esa violencia histórica ha sido provocada por los sectores oligárquicos y la oposición al servicio del imperialismo estadounidense. El discurso oficial, que debería defender la revolución y la resistencia popular, traiciona su propio proyecto, transformando décadas de lucha de clases en un relato neutralizado y conciliador que reproduce exactamente la narrativa liberal contrarrevolucionaria de la oposición.
Rodríguez continúa explicando el propósito de la ley:
"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política".
Con estas palabras, coloca el conflicto político bajo el mismo lenguaje que siempre ha usado la oposición: heridas que deben "repararse", convivencia que debe "restablecerse", justicia que debe "reencauzarse". Este camuflaje conciliador no solo borra las responsabilidades de clase ni las contradicciones entre burguesía y proletariado, sino que reproduce el discurso liberal de quienes siempre quisieron deslegitimar la revolución.
En otras palabras, la dirigencia chavista, bajo la voz de Delcy Rodríguez, se subordina al mismo relato de la oposición: la revolución no es emancipación ni lucha de clases, sino un problema que genera violencia y caos, un conflicto abstracto que sólo puede ser "reparado" por acuerdos y conciliaciones. La frase en sí misma es una trampa ideológica, un salto de talanquera que suaviza el conflicto real y confunde a las masas trabajadoras sobre la verdadera naturaleza del antagonismo social.
El Discurso Opositor Tradicional
Para entender la gravedad del salto retórico de la cúpula oficial, conviene recordar cómo la oposición venezolana del período chavista caracterizaba al propio proceso bolivariano en términos de violencia política. Esa narrativa no surgió de la nada ni fue un episodio aislado: fue parte constante de la crítica opositora, utilizada para deslegitimar políticamente la Revolución Bolivariana desde sus primeros años en el poder.
Un ejemplo paradigmático lo dio Henrique Capriles, dirigente opositor persistente durante la década de 2000 y candidato presidencial:
"El gobierno es el que tiene el monopolio de la violencia, quiere utilizar la violencia para que los venezolanos peleemos unos con otros".
Esta frase resume la posición estratégica del antichavismo: identificar a la revolución bolivariana no sólo como un actor político adversario, sino como un régimen que organiza y fomenta la violencia para dividir a la sociedad. Esa acusación fue una constante en los discursos opositores contra el chavismo en campaña y en movilizaciones públicas.
Antes de 2012, esa lógica ya estaba cristalizada en amplios sectores de la oposición. En 2012, por ejemplo, Capriles denunció directamente que el electorado estaba "cansado de la violencia" y que era necesario derrotar ese clima de confrontación junto al gobierno. Aunque el contexto era electoral, la referencia a la violencia como sello del régimen bolivariano era explícita y estratégica: presentarlo como un factor que había generado un ambiente de violencia política que debía superarse políticamente.
Más atrás aún, desde los primeros años del chavismo, la oposición asociaba a las bases sociales y políticas del proyecto revolucionario con estructuras de violencia organizada. Los grupos conocidos como Círculos Bolivarianos fueron sistemáticamente descritos por la oposición como "círculos del terror".
Este calificativo, asociaba directamente al proyecto bolivariano con violencia política estructural y represión organizada en el espacio social.
Lo que históricamente fue una narrativa oposicionista para deslegitimar a la revolución hoy no es una crítica contrarrevolucionaria, sino que ha ya lo empieza adoptar la propia cúpula oficialista.
¿Qué significa que el chavismo use el lenguaje opositor?
Que la cúpula gobernante chavista empiece a utilizar el mismo discurso que la oposición venezolana ha repetido durante décadas no es un simple desliz retórico: es un termómetro del ascenso de la boliburguesía. Esta clase, que emergió de la misma revolución como administrador del Estado y usufructuaria de los negocios públicos, ya comienza a tener conciencia de sí misma y a actuar como clase independiente, persiguiendo sus propios intereses de lucro.
El lenguaje de Delcy Rodríguez al hablar de "violencia política" y "reparación de heridas", es otro síntoma de esta mutación política. Lo que antes era un discurso de la oposición, diseñado para deslegitimar la Revolución Bolivariana, ahora se usa desde la propia cúpula como herramienta de conciliación burguesa, para neutralizar conflictos de clase y convertir la historia de lucha de los trabajadores y el pueblo en un relato abstracto de enfrentamientos y heridas a "reparar".
Pero la traición no se queda en palabras: la boliburguesía ya aplica medidas que hasta hace poco eran defendidas exclusivamente por los partidos y sectores de la oposición, como la privatización del sector petrolero, la entrega de empresas estratégicas a capitales privados y la apertura indiscriminada a la inversión extranjera bajo criterios de rentabilidad, no de soberanía ni justicia social. La más escandalosa de estas medidas es la entrega del petróleo y sus recursos estratégicos a grupos privados y transnacionales.
Este fenómeno evidencia un giro de lo que quedaba de revolución, es decir, el nombre, hacia la consolidación de un Estado capitalista intermediario, donde la oligarquía interna ya no se limita a administrar el excedente estatal, sino que adopta el discurso contrarrevolucionario como máscara ideológica, justificando la subordinación del pueblo y la neutralización de la lucha de clases bajo la bandera de la "convivencia" y la "reconciliación".
En otras palabras: el chavismo ha empezado a hablar como la oposición, y ya actúa como una burguesía.
La violencia siempre fue opositora
La violencia política no ha sido un fenómeno neutral o espontáneo en Venezuela. No es un mar de "fuerzas iguales empujando desde ambos lados". Ha sido una expresión de luchas de clases, de intereses oligárquicos y de hegemonía imperialista contra las transformaciones populares, no un simple conflicto abstracto como pretenden presentarlo quienes hoy reciclan el discurso de la oposición.
Golpe de Estado de 2002
En abril de 2002, un amplio sector de la oposición, bajo las órdenes del imperialismo, con el apoyo de la patronal y de partes del aparato militar, orquestó un golpe de Estado para derrocar al presidente Hugo Chávez. Los generales de la oposición amenazaron con bombardear el palacio presidencial.
Este golpe de Estado fue organizado por sectores de la burguesía venezolana y elementos de la cúpula militar, movilizando discursos de "defensa de la democracia", pero actuando como violencia política contrarrevolucionaria concreta dirigida a restaurar el poder de clases tradicionales.
Paro petrolero de 2002 y 2003
Posteriormente, la oposición organizó un paro general indefinido que paralizó la principal industria del país durante meses. Este paro no fue una huelga obrera en defensa de condiciones de trabajo; fue una herramienta estratégica de sabotaje económico impulsada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la patronal Fedecámaras y la Coordinadora Democrática para forzar la salida de Chávez del poder.
Los efectos sobre la clase trabajadora y el pueblo fueron devastadores: caída de la producción petrolera, importaciones necesarias paralizadas, escasez de gasolina y servicios básicos interrumpidos. La violencia política aquí fue deliberadamente provocada por fracciones burguesas para desestabilizar al Estado revolucionario y fracturar la base social del proyecto bolivariano, no una protesta espontánea desde abajo.
Guarimbas y violencia urbana de 2014 y 2017
Aunque estos hechos ocurrieron después del período de Chávez, su genealogía política remonta a prácticas opositoras que estaban latentes desde los 2000. Movilizaciones con guarimbas, es decir barricadas, bloqueos violentos de calles y ciudades, fueron promovidas por sectores opositores como parte de estrategias de desestabilización y para forzar una salida al gobierno por la violencia en la calle.
Estas tácticas, lejos de ser "expresiones espontáneas de frustración social", fueron herramientas políticas deliberadas de la oposición para crear caos urbano, paralización económica y presión sobre el Estado.