Un informe elaborado por el Instituto CATO, una organización dedicada a la defensa de la libertad civil y derechos humanos con sede en Washington D.C, reveló que de 90 casos en los que se conoce el método de cruce, 50 venezolanos de los que permanecen presos en el Centro antiterrorista de El Salvador (CECOT), habían ingresado a Estados Unidos legalmente, con permiso previo del gobierno estadounidense, en un punto de cruce fronterizo oficial. Sin embargo, el gobierno de Trump, se empeña en tacharlos a todos como extranjeros ilegales.

"Esto no es sorprendente porque aproximadamente la mitad de todos los venezolanos que han inmigrado en los últimos dos años también llegaron legalmente, ya sea como refugiados, en libertad condicional o titulares de visas", dejando así en evidencia cómo un gran grupo de inmigrantes legales fueron despojados de su estatus y encarcelados en El Salvador.

"Entre estos inmigrantes legales se encuentra un titular de una visa temporal y cuatro hombres autorizados a viajar a través del programa de refugiados de Estados Unidos. El gobierno investigó a estos refugiados en el extranjero y concluyó que enfrentarían persecución, permitiéndoles reasentarse en Estados Unidos. Los otros 45 inmigrantes legales programaron citas a través de la aplicación CBP One, mediante la cual se les permitió solicitar la entrada. Entre quienes tenían cita, 24 obtuvieron libertad condicional en Estados Unidos, donde podían vivir y trabajar legalmente hasta dos años, mientras que los otros 21 fueron detenidos en el puerto de entrada", reza el informe.

El informe también reitera lo que ya en muchas ocasiones ha informado el Gobierno venezolano:

"Ninguno de los venezolanos llevados a El Salvador ha cometido absolutamente ningún delito en El Salvador, ¿por qué están allá? Tampoco han cometido delito, o al menos no se le ha demostrado delito, en los Estados Unidos de América, porque se les ha negado el derecho al debido proceso", dijo el pasado 17 de marzo el representante plenipotenciario del diálogo por Venezuela, Jorge Rodríguez.

No hay una lista oficial

CBS News publicó el 20 de marzo una lista interna del gobierno con los nombres de los venezolanos que han sido secuestrados por el gobierno Trump y enviados a El Salvador con solo 174 nombres.

CBS News obtuvo la lista de los manifiestos de vuelo del 15 de marzo, pero nunca se reconoció oficialmente, por lo que nadie pudo confirmar el paradero de los venezolanos. "Resultó que la lista de CBS estaba incompleta, y dos de estos inmigrantes legales desaparecieron sin dejar rastro. Fueron necesarias investigaciones periodísticas necesarias para revelar su paradero en la prisión salvadoreña. En un caso, el ICE mintió a la familia antes de admitir que su familiar había sido enviado a prisión"

Cabe destacar que el gobierno estadounidense hasta la fecha, ha proporcionado escasos detalles sobre las deportaciones y no ha divulgado públicamente la lista de los nombres de las personas enviadas a El Salvador. El ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha insistido en que «ni uno solo» de los 919 migrantes que han retornado al país desde febrero 2025 pertenece a la extinta organización criminal denominada Tren de Aragua, pese a señalamientos de Estados Unidos.

El informe de la organización CATO destaca que los hombres detenidos "nunca supieron de las pruebas en su contra ni de que los estaban deportando a El Salvador. Finalmente, los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador no les permiten hablar con nadie, por lo que no hay forma de entrevistarlos directamente".

"Estas personas llegaron a Estados Unidos con permiso previo del gobierno, fueron investigadas y evaluadas antes de su llegada, no violaron ninguna ley migratoria estadounidense, y el gobierno estadounidense los despachó sin el debido proceso y los envió a una prisión extranjera. Le está pagando al gobierno salvadoreño para que continúen encarcelados", destaca el informe.

Para la realización del informe, se realizó entrevistas a un grupo de familiares de los venezolanos encarcelados en el Cecot, de lo cual se pudo conocer que entre los detenidos habían obreros albañiles, instaladores de tuberías, cocineros, repartidores, un entrenador de fútbol, ​​un maquillador, un mecánico, un veterinario, un músico y un empresario, por lo que la mayoría de los liberados encontraron trabajo rápidamente en Estados Unidos.

"Los agentes simplemente los desaparecieron sin acusarlos, juzgarlos ni siquiera reconocerlos, lo cual se considera, un crimen de Lesa humanidad", reza el texto de CATO.

No existen pruebas para justificar su detención

Según apunta la investigación, todos estos inmigrantes legales negaron su pertenencia a pandillas, y solo dos parecen haber tenido una condena penal estadounidense de algún tipo, ambos por delitos menores de drogas. Alrededor de dos docenas de los inmigrantes legales fueron detenidos inmediatamente en el puerto de entrada donde se les autorizó a solicitar la entrada, por lo que no hay posibilidad de que hayan demostrado vínculos con pandillas o cometido algún delito dentro de los Estados Unidos.

De esta manera, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos creó "una la llamada lista de verificación" para determinar que se prioriza la vestimenta de pandillero, el uso de señas pandilleras y, sobre todo, los tatuajes. No se requiere condena penal, arresto ni declaración de testigos.

Aaron Reichlin Melnick, del Consejo Americano de Inmigración, demostró que todos estos supuestos tatuajes de TdA no fueron tomados de pandilleros venezolanos, sino robados por el DHS de cuentas de redes sociales que no tienen nada que ver con TdA ni con Venezuela.

Entre los tatuajes supuestamente condenatorios de los inmigrantes legales había varias rosas, múltiples relojes, coronas sobre los nombres de miembros de la familia, naipes utilizados para cubrir una fea cicatriz de un accidente infantil, la letra de una canción de un artista de reggaetón de Puerto Rico, el logo del Real Madrid en un jugador de fútbol profesional y una referencia al videojuego Call of Duty en un adolescente.

"El hecho de que el DHS no haya proporcionado información sobre otras personas corrobora las afirmaciones de inocencia de estos hombres. En un caso, el DHS incluso intentó afirmar que un hombre encarcelado "entró ilegalmente… a través de CBP One", lo cual es incoherente y solo pone de relieve cómo el DHS considera "ilegal" a cualquiera que quiera expulsar, independientemente de cómo haya entrado (…)

La aplicación móvil gratuita CBP One™ permite a los extranjeros sin los documentos adecuados para la admisión que buscan viajar a los Estados Unidos, a través de ciertos puertos de entrada terrestres (POE) de la frontera suroeste, la posibilidad de enviar información a través de un módulo dentro de la aplicación en lugar de venir directamente a esperar en un POE.

"El hecho de que el gobierno estadounidense tenga ahora la reputación de enviar inmigrantes legales a prisiones extranjeras sin el debido proceso puede disuadir a muchas personas de querer venir legalmente y construir sus vidas en un país donde el Estado de derecho es tan inexistente", concluye el informe.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el 15 de marzo que, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, se ha enviado a más de 250 personas acusadas de supuestamente ser integrantes de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar. Por su parte, la Secretaría de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt aseguró que el gobierno de Trump "no tiene dudas" que venezolanos enviados a El Salvador pertenecían a la extinta banda criminal del Tren de Aragua.

La persecución contra los venezolanos continúa, pues el pasado 13 de mayo el Gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita reanudar las expulsiones de más de 200 migrantes venezolanos que están retenidos en el centro Bluebonnet en Anson, Texas, donde según imágenes capturadas con un dron, mostraron a varios migrantes formando la sigla SOS en el patio del reclusorio.

Asimismo, La Corte Suprema norteamericana permitió este lunes que la administración Trump, por ahora, elimine los denominados Estatus de Protección Temporal (TPS) de casi 350.000 migrantes venezolanos a quienes se les había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación bajo un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.