La unión de civiles y militares contra el binomio puntofijista

La Junta Militar que sustituyó a la dictadura del general Marcos Evangelista Pérez Jiménez a su caida el 23 de enero de 1958 estuvo compuesta inicialmente por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto (como oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas Nacionales), los Coroneles Pedro José Quevedo, Carlos Luis Araque, Roberto Casanova y Abel Romero Villate. La misma tuvo que modificarse por presión popular, siendo destituidos los Coroneles Romero y Casanova y, en su lugar, son incorporados dos civiles, Blas Lamberti y Eugenio Mendoza, ambos ligados al sector empresarial. Por su parte, la Junta Patriótica, presidida por el periodista Fabricio Ojeda, una vez constituido el nuevo gobierno, se limitó a animar al pueblo venezolano a contener las conspiraciones que, desde el seno castrense, pretendían devolverle el rol protagónico e influyente a las Fuerzas Armadas Nacionales, apartando o restringiendo el rol que cumplirían los partidos políticos en el nuevo escenario nacional.

Es así que el 23 de julio de 1958 es abortado un plan conspirativo dirigido por el entonces ministro de la Defensa, general de división de la Fuerza Aérea Venezolana José María Castro León (nieto del general Cipriano Castro), quien lideraba el sector derechista de las Fuerzas Armadas Nacionales, planteando la conformación de un nuevo régimen sin la influencia de partidos políticos. Otro tanto ocurre el 7 de septiembre de 1958 al producirse el alzamiento militar comandado por el Teniente Coronel Juan de Dios Moncada Vidal, acompañados por el Mayor de artillería Manuel Azuaje y el Teniente Nicolás Hurtado Barrios, quienes se sumarán en años posteriores a la lucha armada iniciada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Tiempo después, el 20 de abril de 1960, el general de división José María Castro León comandó una invasión desde Colombia, por la frontera del estado Táchira, logrando tomar la ciudad de San Cristóbal, siendo vencido por las fuerzas gubernamentales. Posteriormente, el 26 de abril de 1961 sucede otro alzamiento, el Barcelonazo, liderado por el Coronel Edito Ramírez en la capital del estado Anzoátegui, Barcelona. Todos estos movimientos conspirativos han sido, generalmente, señalados por historiadores de tendencia de derecha, resentidos aparentemente por el rumbo adoptado por el entonces presidente de la República, Rómulo Betancourt. En este periodo, el 26 de junio de 1961 se produce la toma del cuartel Pedro María Freites y del batallón de fusileros Santiago Mariño por parte del mayor Luis Alberto Vivas, el capitán Rubén Massó Perdomo y Tesalio Murillo. Durante la misma, fueron abatidos 16 civiles.

La insurrección que estalla el 4 de mayo de 1962 en la base naval de Carúpano (estado Sucre), conocida con el nombre del Carupanazo, marca cierta diferencia respecto a las que le precedieron. Ella contó con la participación de civiles y militares, siendo dirigida por el comandante de la guarnición, Capitán de Corbeta, Jesús Teodoro Molina Villegas y el Mayor de la Guardia Nacional, Pedro Vegas Castejón, siendo acompañados por Eloy Torres, por el PCV, y Simón Sáez Mérida, por el MIR. Casi dos meses después, el 2 de junio de 1962, ocurrió el movimiento insurreccional cívico-militar conocido históricamente como El Porteñazo. Este tuvo como escenario la base naval de Puerto Cabello (estado Carabobo) al mando del Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, el Capitán de Corbeta Víctor Hugo Morales, el Capitán de Fragata Pedro Medina Silva, además de contar en su dirección con Germán Lairet Urguelles, en representación del Partido Comunista de Venezuela, y Manuel Quijada, representando al partido Unión Republicana Democrática; respaldados por estudiantes y obreros de la localidad que se sumaron a la insurrección. Es así que ambas insurrecciones se diferencian de las previamente ocurridas por su orientación ideológica y sus nexos con las organizaciones de izquierda en armas.

«El 18 de abril de 1962, el Teniente Coronel Juan de Dios Moncada Vidal anunció la constitución del Comando Nacional Guerrillero, por lo cual el acta constitutiva habría sido firmada por Manuel Ponte Rodríguez, Capitán de Navío (Marina), Pedro Medina Silva, Capitán de Fragata (Marina), Jesús Teodoro Molina Villegas, Capitán de Corbeta (Marina) y Pedro Vegas Castejón, Mayor de la Guardia Nacional, (todos en representación de los oficiales de los Movimientos del 4 de mayo en Carúpano y del 2 de junio en Puerto Cabello), Teniente Coronel (Ejército) Juan de Dios Moncada Vidal y el Mayor (Ejército) Manuel Azuaje (en representación de los Oficiales de la Unión Cívico-Militar), Comandante Guerrillero Douglas Bravo y el Capitán (Ejército) Elías Manuitt Camero (por los Destacamentos Guerrilleros del Frente José Leonardo Chirino, ubicado en los Estados Falcón y Yaracuy), Comandante Guerrillero Juan Vicente Cabezas (en nombre de los Destacamentos del Frente Guerrillero José Antonio Páez, ubicado entre los estados Portuguesa y Trujillo), Comandante Argimiro Gabaldón, por los Destacamentos del Frente Simón Bolívar (ubicado en el estado Lara)», según lo reseña el profesor, periodista y guerrillero Octavio Beaumont Rodríguez en su libro «¿Por qué fue derrotada la lucha armada en Venezuela? (1960 – 1970)».

Otro hito importante se da el año de 1963 cuando se constituyen las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), con la integración de algunos militares. Igualmente, se formó el Frente de Liberación Nacional (FLN). En esta unión cívico-militar resaltan el Teniente Coronel Juan de Dios Moncada Vidal, el Capitán Elías Manuit Camero, el Mayor Manuel Azuaje, el Capitán Gutiérrez Albornoz, los Tenientes Nicolás Hurtado Barrios, Octavio Acosta Bello, Héctor Fleming Mendoza y Tulio Martínez. Por parte de los civiles cabe mencionar a Douglas Bravo, Francisco "Flaco" Prada, Juan Vicente Cabezas, Antonio Lunar Márquez, Tirso Pinto, Alfredo Maneiro, Germán Lairet, Domingo Alberto Rangel y Guillermo García Ponce, entre otros.

En su libro «Conversaciones controversiales», el periodista Octavio Beaumont Rodríguez, Douglas Bravo revela que «Estados Unidos, en noviembre de 1963, montó una invasión militar contra Venezuela, ante la inminencia de poner en práctica por parte del PCV y el MIR el denominado Plan Caracas, que consistía en recibir 40 toneladas de armas por parte de Cuba y con esas armas tomar el cuartel militar de Coro, y en esos preparativos trabajaron Polito Acosta, el Capitán Elías Manuitt Camero y Antonio José Urbina, mientras el resto de las armas serían enviadas a Caracas para ejecutar el Plan. También se iban a trancar los puntos estratégicos de Caracas, para provocar un paro del transporte y con ello realizar una huelga nacional, apoyados por los militares de izquierda que teníamos dentro de las FAN, que no habían sido detenidos por los sucesos de Carúpano y Puerto Cabello. Pero en 1963, el Teniente Coronel Juan de Dios Moncada Vidal, quien era uno de los jefes de la Comandancia General de las FALN, fue detenido cuando preparaba las acciones militares de la Aviación, quienes tenían previsto participar en el Plan Caracas». El 30 de octubre de 1966 se produce la sublevación militar contra el gobierno de Raúl Leoni, con epicentro en la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, ubicada en Ramo Verde, estado Miranda. Como líder de la misma se identifica al Teniente Coronel Rafael Clemente Pacheco Ochoa, quien pierde la vida durante el enfrentamiento con las fuerzas leales al gobierno. Como producto de la derrota de los militares insurgentes, son apresados algo más de cien oficiales, entre ellos, los Mayor A. J. Pérez Hernández y Rodrigo Antonio Pérez Pérez, además del civil Germán Robles, los cuales -luego de sometérseles a juicio- fueron remitidos al cuartel San Carlos en Caracas, llegando a cumplir dos años de prisión y siendo indultados por el presidente Rafael Caldera. En la opinión de algunos historiadores y analistas, este hecho conspirativo se considera de tendencia derechista, pero no deja de ser indicativo del estado de politización que existía en el ámbito castrense.

El hecho de que hubiera una unión cívico-militar de tendencia progresista en Venezuela, inédito, por demás, fue posible debido a la composición social e histórica del ejército venezolano (tradición que se inició con los ejércitos realista y patriota durante la guerra por la independencia), y al trabajo político realizado por los sectores de izquierda en el seno de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), que data del año de 1945, a raíz del golpe que depone al gobierno de Isaías Medina Angarita donde comienza una etapa de transformación cualitativa y cuantitativa de las FAN; además de los vínculos establecidos durante el período de la resistencia contra la dictadura perezjimenista y en el devenir de la transición y primeros años de la democracia burguesa venezolana. No obstante, de acuerdo al análisis hecho por uno de los comandantes guerrilleros de esa época, Alfredo Maneiro, en «Notas políticas», «las movilizaciones masivas y las luchas que tal y como nacieron llegaron a interesar a oficiales del ejército,a sectores del clero y a partidos de tan escasa significación revolucionaria como Unión Republicana Democrática; el posible movimiento por el rescate de las libertades democráticas conquistadas con la caída de Pérez Jiménez y enseguida conculcadas por Betancourt; el movimiento, en fin, llamado a cerrar, realizándola, la revolución popular y democrática iniciada el 23 de enero, se había transformado en una empresa no pertinente al margen de las fuerzas reales de la sociedad».

Gracias a la Doctrina de Seguridad Nacional, fraguada por Estados Unidos, se involucró a las fuerzas armadas latinoamericanas y caribeñas, subordinadas a los mandos militares estadounidenses, en la represión interna y en la toma del poder (cuando el auge de las luchas de los sectores populares amenazaba la gobernabilidad de nuestros países) mediante golpes de Estado, gran parte de los cuales contaron con el beneplácito implícito y/o explícito de los gobiernos de Estados Unidos, además del financiamiento y la cobertura diplomática con que estos legitimaron la sistemática violación del orden constitucional. A esto se agregó la estrecha relación que se fue conformando desde 1959 entre las fuerzas armadas y los dos partidos políticos que rigieron el país y que hizo de las prácticas de corrupción y el clientelismo una cuestión común, asentada en «diversos métodos: uno, la incorporación de los hijos de los líderes políticos a la institución armada; dos, la captación de oficiales en calidad de amigos, simpatizantes o miembros del partido, lo que permitió identificar a los oficiales según el partido político de su preferencia; tres, la utilización de la Comisión de Defensa del Congreso, para determinar los ascensos, controlados alternativamente por AD o COPEI, y cuarto, en el caso del partido en el poder, la colaboración y ascenso de aquellos oficiales políticamente identificados en las operaciones de mando más importantes de la estructura operacional de las Fuerzas Armadas", como lo reseña Miguel Manrique en su estudio «Relaciones civiles militares en la Constitución Bolivariana de 1999». Un caso que llamó la atención de la opinión pública nacional fue la denuncia presentada por el Comandante Luis Alfonzo Godoy y el abogado y Mayor de la Fuerza Aérea Juan Luis Ibarra Riverol (este último asesinado con un disparo en la boca en su bufete) acusando ante los tribunales a los ex ministros de la Defensa y Generales retirados Vicente Luis Narváez Churión, Bernardo Leal Puchi y Tomás Abreu Rescanieri por delitos de corrupción, al ordenar la compra de equipos militares obsoletos.

Pronto se evidenció un creciente distanciamiento entre la alta y la mediana jerarquía, con posiciones diferentes en el seno de las Fuerzas Armadas Nacionales. Al producirse el cambio de la formación de la nueva oficialidad, enmarcado en la promoción de la economía de mercado que ya estaba tomando forma a nivel mundial, transformando la antigua Escuela Militar en Academia Militar, la nueva cohorte de oficiales se distingue por el tipo de conciencia adquirida, así como por el contacto con el ámbito académico; tal como lo atestiguó el presidente Hugo Chávez: «ese contacto con la Academia influyó mucho en lo que después ocurrió en esa toma de conciencia de que un gobierno debe darle felicidad a un pueblo y que una fuerza armada debe ser un factor de desarrollo», lo que contribuirá a impulsar entre muchos de ellos el diseño de un proyecto alternativo de país mediante el cual se pudiera sacar al país de la situación de dependencia, transculturización, corrupción e ineficiencia a que lo llevaron los sucesivos gobiernos del puntofijismo. Las Fuerzas Armadas Nacionales fueron factores importantes en la implantación del Estado representativo puntofijista a través de la militarización de la justicia y la violación de todos los derechos humanos fundamentales, llegando al exceso de participar en la desaparición de una gran cantidad de personas, opositoras o no, en los denominados Teatros de Operaciones bajo la supervisión de oficiales de la Agencia Central de Inteligencia y del ejército estadounidenses, instalados en Fuerte Tiuna. Un testimonio de estos sucesos lo suministró el Contralmirante Hernán Grüber Odremán cuando afirmó en entrevista a los periodistas Carmen Teresa Valdez y Alonso Moleiro, de la revista Primicia, del 2 de diciembre de 1997: «Yo soy guerrero probado en las guerrillas». En este tiempo, se deben destacar las medidas tomadas previamente para restringir el rol ejercido por el sector castrense en el escenario nacional hasta la caida de la dictadura del general Pérez Jiménez, como el Decreto 288 del 27 de junio de 1958 que estableció la descentralización del poder de decisión dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales y el Decreto No. 533 del 17 de Enero de 1959 que limitó el tiempo de servicio activo de la oficialidad a 30 años.

En «El Porteñazo, ¿una divisoria de aguas para Venezuela durante la Guerra Fría?», el historiador Domingo Irwin resalta que «un aspecto insistentemente descuidado por los historiadores que estudian la evolución del sector militar venezolano es la constante existencia de grupos conspiradores organizados de oficiales militares. Entiéndase, no nos referimos a individualidades castrenses con intenciones conspirativas, siendo personal activo, en disponibilidad o retirados. Queremos es resaltar algo que parece que procuran ocultar buena parte de los comprometidos en estas lides conspirativas castrenses: las llamadas por algunos como logias militares, es decir, grupos organizados de oficiales activos, en disponibilidad y retirados con fines conspirativos; constante histórica que acompañó el proceso de modernización y fortalecimiento corporativo del cuerpo de oficiales venezolanos, desde 1919 y las décadas siguientes del siglo pasado». Es un hecho que suele ser cobijado por intereses ajenos a la objetividad que debe caracterizar a la historia, puesto que permite una mejor apreciación de los acontecimientos que se refieren y estudian en función de la memoria histórica de nuestro pueblo; por lo que habrá aún que escudriñar con más ahínco respecto a sus causas y sus efectos. -



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Homar Garcés


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