En el presente artículo se analiza la descentralización, la ética y políticas públicas como elementos esenciales para el fortalecimiento de la gestión pública en Venezuela.

En la década de los ochenta se impulsan procesos de Reforma del Estado y la Descentralización, proceso basado en la Constitución de 1961, donde se consagra la autonomía de los municipios. No obstante, es en el año de 1978 cuando entra en vigencia la Ley Orgánica del Régimen Municipal, donde se establecieron elecciones para el Poder deliberante en los municipios, y el Gobierno Nacional designaba a la Primera Autoridad del Ejecutivo Municipal. Así pues, que la autonomía de los municipios solo fue desarrollada sobre la base de una división político territorial.

El proceso de descentralización en Venezuela comienza con la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), el cual se encargó de estudiar cuatro puntos esenciales en la estructura político administrativa del país, las cuales fueron: reforma electoral, reforma de los partidos políticos, reforma de la estructura organizativa del Estado (descentralización política) y reforma del régimen municipal. Es así que, el proceso de Descentralización inicia en Venezuela a partir del año 1989, a través de un conjunto de leyes donde existe un avance, con resultados políticos favorables.

Dentro de estas reformas estructurales del Estado, se permite por primera vez la elección directa de gobernadores y alcaldes en el país, siendo un avance en materia de descentralización política, así mismo se hizo necesario la creación de un instrumento legal denominado Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Sector Público (LOD), dictada en 1989 y entrada en vigencia a partir de 1990, para implementar el proceso de descentralización en el campo económico, constituyéndose así en el basamento jurídico del desarrollo del proceso de descentralización administrativa en Venezuela, donde fueron plasmadas allí las diversas competencias que el poder central transfirió a los estados y municipios, en aquella oportunidad, con el ánimo de iniciar y fortalecer un verdadero proceso de descentralización y desconcentración administrativa, con lo cual se garantizaba un mayor nivel de participación ciudadana a la población en la toma de decisiones políticas para la solución de los innumerables problemas que afrontaba en sus respectivas jurisdicciones.

Para aquel momento, el gobierno nacional tuvo como prioridad en su agenda el tema de la descentralización y la necesidad de transferir más autonomía e independencia a los Municipios. Ahora bien, la descentralización debe estar fundamentada en la ética pública y la moral administrativa, este tipo de acciones debe garantizar la simplificación de los tramites en la gestión pública, con el propósito de ampliar la acción de los gobiernos estadales y municipales en aras de garantizar y favorecer a los grupos menos favorecidos.

La descentralización obedece a las demandas para disponer de más autonomía, permitir o albergar políticas diversas, tener mayor eficacia en la planificación y administración, fortalecer la responsabilidad política y ofrecer espacios de formación o laboratorios de democracia. (Agranoff 1997). En la descentralización, lo que cuenta es la calidad de las políticas públicas que se analizan, diseñan, deciden y se llevan a cabo. El esfuerzo intelectual y práctico debe centrarse en el proceso, sus condiciones de consenso, corrección y factibilidad, en su formación, aplicación, efecto y evaluación. (Aguilar 1993).

Las políticas públicas se refieren a las acciones del servidor público que incorporan la opinión, participación, corresponsabilidad y el uso de recursos económicos de los ciudadanos en su calidad de electores y contribuyentes. Bajo esta perspectiva, disminuye el protagonismo de la administración pública, aumenta el peso de los individuos y de sus organizaciones y se abren formas nuevas de diseño y gestión: singulares, descentralizadas, corresponsales, subsidiarias y solidarias con las que gobierno y sociedad enfrentan en conjunto los problemas colectivos. (Aguilar, 1992).

De acuerdo con Tamayo (1997), analizar políticas públicas implica "desmenuzar" todo su proceso. Puede verse como un conjunto de técnicas, conceptos y estrategias de diferentes disciplinas que intentan mejorar la calidad de esos instrumentos, para lograr un buen efecto, a través de los recursos. El análisis de políticas es "investigación para la acción", y debe centrarse en contribuir para que quienes toman las decisiones respondan a los interrogantes surgidos a la hora de diseñarlas y aplicarlas. Para ello deben considerar a los actores sociales, no como simples objetos dentro del problema, sino como sujetos que forman parte de él, y que a la vez pueden hacer aportaciones para solucionarlo, es decir, donde los actores constituyan un ser dinámico que sea parte del problema y de su solución, a fin de lograr que esta propuesta sea una herramienta real de uso, no sólo una construcción conceptual. Este es un verdadero proceso de una política pública.

La ética y las políticas públicas son los pilares fundamentales que fortalecen la administración pública regional y local, fundamentado constitucionalmente en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en un Estado democrático, derecho y justicia social, que promueve los valores, la vida, la libertad, la equidad, la justicia, la democracia, la solidaridad, la responsabilidad social, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Venezuela ha vivido profundas experiencias que han transformado la legislación, trayendo como consecuencia cambios socioculturales, socioeconómicos y sociopolíticos, provocando numerosos cambios en la administración pública y en sus servidores públicos. Las distintas demandas sociales requieren generar un cambio de actitud y mejoras en la formación de los servidores de la Administración Pública, en otras palabras, en la adecuación de nuevas estrategias de políticas públicas, más ajustadas a las necesidades y exigencias del colectivo, ajustada a estándares de calidad, ética pública y moral administrativa.

Bibliografía consultada

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999, 30 de diciembre). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860 Ext.

Machado G, A. (2006, 06 de abril). Foro de Lectores. Ética para una descentralización sostenible, https://www.larepublica.net/noticia/.

Petit, D / Hernández, O. (2016, mayo-octubre). Revista electrónica de Gerencia Empresarial. Responsabilidad: una obligación ética en la gestión pública, http://ojs.urbe.edu/index.php/coeptum/article/view/1696.

Bautista, O. (2008). La ética en los servidores públicos. España. Editorial Montecorbo.

Delgado, J. (2008, mayo). Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Reflexiones sobre la Descentralización en Venezuela: Ideas para su profundización., https://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/05573.pdf.

Universidad Bolivariana de Venezuela

Dirección General de Producción y Recreación de Saberes

del Eje Geopolítico Regional "Gral. José Félix Ribas"

Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico

Correo electrónico: abogcarlosb @gmail.com