Las zonas económicas especiales llegarán hasta donde los servicios públicos lo permitan



Probablemente no existe en el país una ubicación para establecer una zona económica especial que cumpla con las condiciones que exige la implantación de una instalación industrial, normalmente enfrentada a unos competidores que la obligan a ser muy exigente con la productividad. Estas condiciones son: Disponibilidad de servicios básicos, entre ellos energía eléctrica y agua.

La promoción de la ley que ampara la creación de estas zonas económicas especiales, promovidas por los voceros del gobierno, solo han mostrado la parte política y social. Estos defensores, han argumentado acerca de las bondades de la ley y los beneficios para la economía nacional. Se han circunscrito a los encantos que ofrece la ley a los inversionistas: Beneficios fiscales y espacios con excepciones arancelarias. Pero no se han extendido para argumentar acerca de las bondades que ofrecen nuestros servicios públicos. Serán estas variables técnicas y económicas, las que pueden favorecer o no la productividad y competitividad de una instalación industrial.

No son suficiente las bondades fiscales, que por supuesto interesan a cualquier inversionista. Pero son los técnicos los que finalmente elaborarán informes que avalen la factibilidad o no de una inversión para un desarrollo industrial. Es decir, habrá que anunciar desde ya las condiciones de los servicios públicos que puede ofrecer el país a los inversionistas. Solo dos de ellas, servicio eléctrico confiable y disponibilidad de agua.

Quienes hemos lidiado durante muchos años con la implantación de proyectos industriales, casi exclusivamente en el área petrolera, sabemos que las primeras condiciones que se deben estudiar y que debe satisfacer un proyecto, para ser catalogado como viable, es la disponibilidad y calidad de servicios básicos. Electricidad, agua, internet, aeropuertos, puertos, ubicación geográfica, vías de comunicación y de acceso, entre otras.

Estas últimas no representan limitaciones en Venezuela, para una inversión. Pero los servicios de electricidad y agua en Venezuela, en las actuales circunstancias, sí lo representan. Estos recursos, han siendo impactados por las acciones de sabotaje, las sanciones económicas y la guerra económica, decretada desde el norte, cumplidas por los europeos y actualmente, no muestran una recuperación satisfactoria. Para que no se convierta esto en un obstáculo, se deberá anunciar en forma paralela a la discusión de la ley, un efectivo plan de inversiones para la recuperación hidroeléctrica y generación termoeléctrica, Así también como la recuperación de los recursos hídricos.

La generación de energía hidroeléctrica requiere de elevados costos de inversión que el estado no está en condiciones de realizar. La generación termoeléctrica, a partir del consumo de gas natural, diésel y fuel oil actualmente se descarta. Sin embargo, vengo insistiendo en la propuesta de la generación termoeléctrica a partir de la combustión del Coque petrolero que abunda en el país, y que actualmente es considerado un pasivo ambiental.

Los costos de inversión para la generación de energía eléctrica a partir de esta materia prima, resulta ser muy baja y puede ser desarrollada, sin la necesidad de acudir a las costosas licenciatarias americanas, canadienses o europeas, que actualmente nos castigan con sanciones y bloqueos. También he propuesto que luego del inicio de un ciclo corto de investigación y desarrollo, pueden obtenerse los mismos resultados a que llegaron esas empresas para la generación eléctrica a partir de la combustión de combustibles sólidos.

El resultado de esto, generaría un beneficio adicional: utilizar instalaciones obsoletas disponibles, construcción de equipos con tecnología propia y preparación de mano de obra nacional. Espero siempre que estas reflexiones tengan eco en aquellos, que de alguna manera puedan influir en los asuntos de estado sobre la materia.

Ing. Metalúrgico


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Rafael Montes


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