La vacuna y la guerra



Dos aspectos de nuestra actualidad cobran relevancia por sus implicaciones directas en la población y por la manera como las ha manejado el gobierno. Son cuestiones que, en medio de la profunda y extendida crisis que atraviesa el país, donde abundan todo tipo de problemas y privaciones en este proceso de “golpe de timón” en reversa, apuntan a una situación actual, directa, como es la vacunación contra la COVID-19, mientras que otra transcurre entre episodios y escaramuzas, pero que se levanta como una gran amenaza contra nuestro pueblo, como es la posibilidad de una guerra con Colombia.

LA VACUNA

Cuando inició la pandemia ocasionada por la COVID-19, en marzo de 2020, hace ya un año, escribí un artículo titulado “El Coronavirus, una prueba para el mundo” donde mencionaba que la misma se presentaba como algo de proporciones extraordinarias, poniendo al liderazgo mundial a prueba y a los distintas potencias y regiones económicas en competencia para mantener su presencia y supremacía a nivel mundial.

Al viernes 26 de marzo de 2021 se han contagiado con el virus 126 millones de personas en el mundo, de las cuales han muerto 2,76 millones. El año 2020 transcurrió, mayoritariamente en Europa, Asia, EEUU y en menor medida Latinoamérica y África, sujeto a drásticas medidas de confinamiento de la población, paralización de viajes, de la educación, de la actividad económica, el cierre de fronteras y una lucha sin cuartel del personal médico y sanitario de esos países para contener el virus y atender a los miles de pacientes que necesitan de cuidados hospitalarios y terapia intensiva, ante los graves problemas respiratorios que produce el virus en un porcentaje de los infectados. Sin embargo, la dramática cuenta de infectados y muertos no ha cesado y se han avivado en estos países en sucesivas “olas”, ahora con “variantes” y mutaciones.

Es importante resaltar que los países asiáticos, con China a la cabeza, pudieron controlar en gran medida la propagación del virus y sus efectos, con base en medidas restrictivas extremas y la disciplina y efectividad de sus sistemas de salud. Por su parte Europa, continente de tránsito comercial y receptora de visitantes por excelencia, ha tenido que hacer prodigios con sus poderosos sistemas de salud y poner en práctica medidas de restricción masiva a sus ciudadanos para contener la segunda ola del virus, que surgió tras una aparente calma en el verano de 2020.

Mientras que en los países con gobernantes “negacionistas”, como es el caso de Estados Unidos, Brasil y México, cuyos mandatarios se opusieron a medidas restrictivas o de contención, como el uso de la mascarilla o, como el caso de Bolsonaro, que se opone a a la posibilidad de vacunarse. En esos países el virus se ha expandido vertiginosamente con sus trágicas consecuencias en la población: en Estados Unidos han fallecido 547.812 personas, en Brasil 303.462, y en México 200.211, en total 1 millón 51 mil fallecidos, el 38% del total mundial.

Por ello, cuando a finales de 2020 se anunció el lanzamiento de las vacunas Sputnik V y de Pfizer, listas para su distribución, seguidas por las vacunas chinas y de AstraZeneca, entre otras, se inició una carrera frenética entre los países y regiones por acceder a las dosis necesarias y así, poder vacunar a sus ciudadanos.

Esta carrera se está desarrollando de manera desigual e injusta. Las grandes potencias, Estados Unidos., China, Rusia y Reino Unido, han reservado y garantizado las vacunas producidas en su país para satisfacer prioritariamente sus necesidades. Grandes bloques de países, como la Unión Europea, se han quedado sin dosis suficientes y han iniciado procedimientos contra farmacéuticas para que cumplan sus contratos de suministro e incluso, en el caso de AstraZeneca, han impedido la exportación de la producción en territorio Europeo hasta que esta farmacéutica cumpla con los compromisos adquiridos con los países de la Unión Europea.

Lamentablemente, el tema de la vacunación, con una fuerte carga de intereses comerciales de las grandes corporaciones farmacéuticas, también se ha politizado, en lo que ahora se denomina la “diplomacia de la vacuna”. Los bloques de países, aliados o en la esfera de influencia de determinadas potencias, tienen acceso o bloquean el acceso a las distintas vacunas, en lo que ha sido una posición insensata y cruel, donde las únicas víctimas siguen siendo las poblaciones vulnerables a los efectos del virus.

En los países pobres no hay acceso a las vacunas. Sencillamente ni siquiera están considerados en los planes de distribución, ni son prioridad. Es por ello que el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció ante el mundo el inmoral e injusto proceso de distribución de las vacunas, que responde al orden económico desigual del planeta.

Es el marco de esta situación que la OMS lanzó la iniciativa del COVAX (Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19), del cual participan distintos países y empresas farmacéuticas, para garantizar el suministro de vacunas a países de renta media y baja, es decir, países pobres. La farmacéutica AstraZeneca es una de las firmas participantes en este acuerdo con la OMS.

A pesar de que en las grandes economías se han garantizado las vacunas, el proceso de distribución, así como la vacunación de la población, es complejo alcanzar el objetivo de su inmunización, ya que éste depende mucho de las condiciones del país, de su infraestructura y de la organización y capacidades de las instituciones encargadas de su distribución y aplicación.

Por ejemplo, EE.UU ha colocado 136,68 millones de dosis, de las cuales 45,8 millones corresponden a la segunda dosis de vacunas, eso solo es equivalente al 14% de la población; los países de la Unión Europea han administrado 63,8 millones de vacunas, de las cuales 19,3 millones corresponden a la segunda dosis, por lo que sólo al 3,7% de la población está inmunizada. En el caso del Reino Unido se han administrado 31,7 millones de vacunas y suministrado las dos dosis a 2,77 millones de personas, equivalentes al 4,17% de la población. Como puede observarse es un proceso complejo, solo Israel ha logrado a la fecha vacunar al 52,8% de la población, en un éxito innegable. Ahora falta ver si vacunarán a los palestinos en los territorios ocupados y en la Franja de Gaza.

La situación de Venezuela es precaria

Evidentemente la COVID-19 en Venezuela se mueve subterráneamente, en secreto. No hay manera de tener números confiables o verificables de la propagación del virus, ni la afectación real a la población. Los números del gobierno, en una política permanente de opacidad y secretismo, no son confiables, sus voceros políticos, tampoco.

En el país no se realizan pruebas PCR para verificar la cantidad de contagiados. En la mayoría de los países del mundo, las pruebas son masivas, permanentes, están dispuestas para realizarse en espacios públicos, hasta en carpas y espacios habilitados para ello. Se realizan más de 300 mil pruebas diarias, solo eso puede dar una idea del comportamiento y propagación del virus. En el país, las pruebas se realizan en muy pocos hospitales y los resultados, sobre todo en el interior, tardan días en obtenerse, pero además la realización de la prueba en los centros privados de salud puede llegar a costar hasta ¡100 dólares!, mientras el salario mínimo mensual es de 0,9 dólares al mes. La mayoría de la población no tiene la posibilidad, ni el incentivo para hacerse la prueba.

La persona, el ciudadano, que sospecha o tiene síntomas de COVID-19 se queda en casa, la mayoría de las veces se automedica, en las farmacias se expenden los “Combos Covid” compuesto generalmente de antibióticos, antivirales y esteroides, que la mayoría de las veces, sin supervisión médica, ponen en peligro la vida del paciente que se administra estos medicamentos sin supervisión. Otros, los de mayor posibilidades o que tienen familiares fuera del país, pueden reunir dólares suficientes para internarse y pagar la cuenta en una clínica privada. La mayoría de las veces, la población prefiere –o no tiene más posibilidades– que pasar la enfermedad de la Covid-19 en sus casas, y si surgen complicaciones respiratorias tratan de obtener oxígeno por su cuenta, o llegar a las clínicas o a los hospitales públicos, los que, en la mayoría de los casos no están equipados, no tienen suministros o están colapsados. Esta situación es aún más dramática en el interior del país.

Si una persona se complica o fallece por la enfermedad de la Covid-19, la mayoría de las veces no se reporta al enfermo, ni los familiares reportan a la víctima, por miedo a que sea internado en los centros de “referencia” que tanto rechazo han creado entre la población por sus precarias condiciones y por el temor al tratamiento que dan las autoridades a las personas fallecidas, cuando disponen de ellas y los creman.

El trabajo del personal médico y sanitario del país –doctores, enfermeros y personal técnico-administrativo–, es encomiable, extraordinario, la mayoría de las veces exponen su vida y trabajan en dificilisimas condiciones para cumplir con su responsabilidad. Son ellos mismos los que han alertado de la situación crítica de muchos centros asistenciales y del peligro potencial, latente siempre, de que la situación de la COVID-19 en el país se agudice de la peor manera posible.

He manifestado desde el inicio de esta pandemia, que en este asunto hay que actuar con absoluta responsabilidad, no es un tema para ser politizado, ni para hacer propaganda barata en Twitter. La situación es seria, compleja y amerita que se trabaje de manera eficaz a favor del pueblo, de los afectados. Es imperativo proteger a la población, sin tratar de sacar provecho político de ello.

El gobierno ha tenido UN AÑO para preparar las condiciones para dar esta batalla, mejorar la infraestructura hospitalaria, sanitaria, Barrio Adentro, equipos humanos, dotarlos de insumos, protegerlos, acopiar equipos, recursos de contingencia, prepararse para la vacunación masiva de la población, gestionar la obtención de las vacunas.

Por ello el anuncio del gobierno del pasado 15 de marzo de que no autorizaría la entrada al país de la vacuna AstraZeneca, la cual se distribuye en el marco del programa COVAX de la OMS para dotar de vacunas contra la Covid-19 a los países de escasos recursos, no solamente atenta contra las posibilidades reales de salvar vidas en el territorio nacional, sobre todo de las personas más vulnerables, sino que es contradictoria con la propia posición del gobierno cuando entró en conversaciones con el co-gobierno de Guaidó para acordar traer la vacuna AstraZeneca al país, conversaciones que fracasaron.

Nadie conoce las razones reales de esta decisión que nos limita en posibilidades. Lo único que se conoce es la propaganda detestable de la maquinaria del madurismo en Twitter, tratando de colocar el asunto en términos políticos, de manera irresponsable, politizando el uso de una u otra vacuna.

Aunque algunos pocos pacientes, estamos hablando de menos de diez, entre millones que han recibido la vacuna, han presentado complicaciones y fallecido, no existen pruebas de que la vacuna, ni la de AstraZeneca, ni ninguna, representen un peligro para la población que la recibe. De hecho, en Europa los países suspendieron su suministro luego de algunos episodios de trombosis en pacientes que la recibieron, y luego de las respectivas pruebas la Agencia Europea del Medicamento, autorizó nuevamente su distribución y suministro.

Esta postura del gobierno es aún más extraña e incoherente, cuando al tiempo que veta el ingreso de una vacuna determinada, autoriza y promueve las “gotas milagrosas’ y el tratamiento con “carvativir”. Al punto que Facebook suspendió por 30 días la cuenta de nicolás maduro porque este, en un acto cuestionable e irresponsable, recomendaba el tratamiento con Carvativir para combatir la COVID-19 en contravención a lo indicado por la OMS, ya que la organización reafirma que hasta ahora no ha autorizado ningún medicamento como método para la neutralización del virus. La posición de maduro y Bolsonaro se parecen mucho en este y en otros temas.

¿Dónde están las vacunas?

Si el argumento del gobierno y del madurismo para bloquear el acceso a una determinada vacuna es político, entonces la gran pregunta es ¿DONDE ESTÁN LAS VACUNAS RUSAS Y CHINAS?

Al país llegaron 200 mil vacunas Sputnik desde Rusia y 500 mil vacunas Sinopharm desde China. Según lo que se ha dicho y difundido en las redes sociales, con estas vacunas se han protegido a las élites que gobiernan en Miraflores, en el poder Judicial, Fuerza Armada, Asamblea Nacional, pasando por gobernadores, políticos, familiares y amigos. No se podía esperar más de un gobierno de élites para las élites.

En las mayorías de los países, como Argentina, Chile y Uruguay en latinoamérica, y en los países como Inglaterra, la UE, China, Rusia, Sudáfrica por nombrar algunos, existe un estricto orden de prioridades: primero el personal médico y sanitario, luego las fuerzas del orden y empleados empeñados en el tratamiento y atención de los pacientes, luego los ancianos, priorizando los de mayor edad, luego los mayores con afecciones crónicas, los que tienen una condición de salud crítica, y así van en una escala hasta que le toque a los más jóvenes y menos vulnerables.

Son operativos masivos, equitativos, justos. Nadie se está coleando, ni se hacen videos haciendo valer sus privilegios. Pero es una operación masiva, sistemática, pública, bien informada, todos saben cuánto tienen que esperar, cuándo y en base a qué criterios le corresponde su turno. La población confía y en consecuencia colabora, se sabe que hay un propósito nacional, colectivo, nadie actúa por su cuenta, no es el “sálvese quien pueda”.

No hay un Plan del gobierno

A esta altura, el gobierno no ha presentado un plan de vacunación. Ante el vacío, Fedecámaras presentó su propio plan, ¿será que el gobierno también cederá a los privados la conducción de este sector, como ha hecho con la economía y el petróleo?

El gobierno hasta ahora solo promete que se usará las vacuna cubana “Abdala”, lo cual sería un extraordinario logro de la biomedicina cubana en medio de un verdadero bloqueo económico de más de medio siglo y sin excusas, pero que deberá suceder solo luego de superar las fases experimentales.

Eso está bien, pero no es un plan, es otro anuncio. Ya maduro había anunciado en febrero que un “plan” de vacunación masivo comenzaria en abril, pero ahora lo cambió para julio. No se requieren más anuncios, hace falta un plan del gobierno como responsable directo de la gestión de salud en el país.

El plan nacional de vacunación contra la Covid-19 debe comenzar por resolver la gran incógnita: cuándo, cuántas y cómo llegarán las vacunas al país. ¿Cuáles vacunas?, ¿De qué país? ¿Cuántas vacunas? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se distribuyen? ¿Qué recursos se requieren? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Dónde se distribuirán? ¿Quién lo hará?, entre otros aspectos.

Habría que decir que en América Latina Venezuela está de última en la distribución y administración de vacunas. Los países de la región han sido capaces de contratar el suministro de vacunas de todas partes, sin politizar el tema, sin importar el origen, solo las autorizadas por la OMS. En la región nadie ha politizado el tema de las vacunas, por ejemplo en Chile se suministran vacunas de la Pfizer, Sputnik V y Sinovac; en Argentina Sputnik V; en Uruguay, Pfizer, Coronavac y AstraZeneca.

Si damos una revisión a los números de algunos países en la región encontramos que a la fecha Chile lidera el proceso de vacunación con 6,3 millones de personas vacunadas y estima vacunar el 80% de la población a mediado de año. Uruguay, con una población de 3.461.734 millones de personas, adquirió 3,8 millones de dosis de Sinovac y Pfizer, de las cuales 1.900.000 se encuentran en el país y se han vacunado 503.156 personas. En Argentina el gobierno adquirió 65 millones de vacunas, recibiendo, al 26 de marzo, 4.880.335 vacunas (más de 3,3 millones Sputnik V, 1 millón de la china Sinopharm y 580 mil de Covishield (Oxford/AstraZeneca fabricada en India), donde 2.9008.932 personas recibieron la primera dosis (6,4% de la población) y 661.528 personas han recibido la segunda dosis (1,45% de la población). Más del 40% de las vacunas aplicadas (1.442.754) corresponden a las dosis recibidas por el personal de salud. Colombia, ha vacunado 1,59 millones de personas.

Hay que definir las prioridades y los mecanismos de vacunación. Se han recibido suficientes testimonios y declaraciones del sector salud, donde se denuncia que la vacunación a los que están en la primera línea del frente de lucha contra la Covid-19, los médicos, enfermeras, personal sanitario y de apoyo, no han sido vacunados en su totalidad, no se conoce de un plan del gobierno de vacunación enmarcado dentro de una estrategia de posibilidades reales principalmente para proteger al estrato de la población más vulnerable.

Es inadmisible que el gobierno siga improvisando en temas tan graves para el país. Solo utilizan la desgracia de la población y los afectados para hacer propaganda. Resulta increíble que se argumente que las sanciones o la actuación de Guaidó imposibilitan la adquisición de las vacunas, cuando Rusia y China, importantes aliados del gobierno, han despachado millones de dosis de sus propias vacunas a otros países.

¿Cómo es posible que el gobierno no sea capaz de organizar desde esos países el envío de los millones de vacunas que requiere el país? ¿Cómo es posible que no sea capaz de acondicionar desde ya los centros de distribución, los mecanismos de administración de las vacunas? ¿Cómo es posible que no se anuncien y se programen desde ya las poblaciones y los sectores que serán priorizados para la vacunación? ¿A que puede atenerse la población? ¿Está lista la Fuerza Armada y el personal médico y sanitario para una operación masiva de logística, distribución, y suministro de la vacuna? ¿Están los medios de transporte, el combustible, almacenes, refrigeración y espacios listos para recibir y suministrar las vacunas?

Son preguntas a las que el gobierno está obligado a dar respuestas, no puede seguir evadiendo el tema y mantener paralizado, encerrado a todo el país para siempre, no puede pretender que la población siga en la lógica de “sálvese quien pueda” o muriendo en sus casas, víctima de la indolencia del gobierno, vidas que se pueden salvar si se actúa de manera precisa, eficaz, responsable, trabajando al servicio del pueblo.

LA GUERRA

No puedo dejar de expresar mi preocupación por los últimos acontecimientos militares en la frontera con Colombia y por la gravedad de los planteamientos emitidos por el ministro de la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino Lopez el viernes en rueda de prensa.

Primero que todo, hay que dejar en claro que no podemos tolerar ninguna incursión militar, ni acción militar de fuerzas extranjeras o de grupo armado alguno en nuestro territorio. No solo porque así lo establece la Constitución y las leyes, sino porque era la prédica permanente del Comandante Chávez. Eso es cierto.

Pero también es cierto que, en nuestra historia, en el ejemplo y obra del Libertador Simón Bolívar, esencia de la doctrina militar Bolivariana que rige la actuación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no existe posibilidad, ni asomo de guerra con nuestros hermanos de Colombia. Dos pueblos hermanos, unidos para siempre por la obra del Padre de la Patria.

No es nueva la situación de violencia o desestabilización en la frontera con Colombia. Son más de 50 años de guerra interna, producto de la brutalidad y violencia de la oligarquía y los señores de la guerra, cuya mayor intensidad se vivió en la época de auge del uribismo con la extraordinaria expansión del militarismo como fenómeno político-militar en el vecino país.

Nuestra extensa zona fronteriza, de más de dos mil kilómetros, siempre ha sido el escenario de esta guerra, pues los distintos grupos armados, insurgentes o paramilitares, han tratado de controlar las zona para utilizarla bien como retaguardia o como zona de diversos negocios, entre ellos el contrabando y el narcotráfico.

Nuestros mandos militares, con toda la experiencia acumulada y el conocimiento del terreno y los factores que operan en la zona, ya deben saber cómo actuar en el marco de lo que siempre fue la conducta del presidente Chávez: defender nuestra soberanía, pero no involucrarnos en esa guerra.

Los acontecimientos suscitados en la zona fronteriza la semana pasada, tienen una respuesta militar que corresponde exclusivamente a los mandos militares y es responsabilidad del General en Jefe. Hasta allí, solo le diría al General que verifique las informaciones provenientes de declaraciones de pobladores de la zona quienes denuncian atropellos y ejecuciones por parte de fuerzas especiales, aparentemente del FAES. La Fuerza Armada no tiene por qué asumir las actuaciones de estos grupos armados como propias.

Pero no deja de llamar la atención que los enfrentamientos se producen en áreas que tradicionalmente han estado bajo control de los grupos insurgentes de Colombia. Las agrupaciones paramilitares se han localizado a lo largo de la zona fronteriza entre Táchira y la Guajira, es decir en los departamentos del Cesar, Norte de Santander y la Guajira colombiana.

En todo caso, hace falta el debido trabajo de inteligencia y trabajo político en la zona para poder entender qué fuerzas se están moviendo allí y participando de acciones ofensivas contra nuestras Fuerzas Armadas, las cuales, obviamente, persiguen el control territorial del sector, cosa que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia.

Pero estos incidentes de violencia, a los cuales lamentablemente hemos estado expuestos siempre del lado venezolano, cobran un giro peligroso y escalan en una dimensión que no se justifica, cuando al Ministro de la Defensa se le asigna un rol en la rueda de prensa que no le corresponde al acusar directamente al presidente de Colombia, Iván Duque, y a las fuerzas norteamericanas de estar detrás de los ataques e incidentes armados.

He aquí la alerta. El Ministro lee el texto y despliega la argumentación que le ha ordenado nicolás maduro. La pregunta es ¿corresponde ese rol al ministro de la defensa? Me parece que no. Cuando se colocan esas acusaciones de orden político en palabras del ministro de la Defensa, se está llevando el tema político al ámbito militar. maduro evade su responsabilidad, ese tipo de acusaciones políticas, tan graves, dirigidas en contra del presidente de otro país, le corresponden a él como presidente de la República o, en todo caso, al canciller como ministro del gobierno en política exterior.

No podemos permitir que el ejército bolivariano, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sea arrastrada al escenario de las disputas políticas, entre políticos, o caiga en la trampa o la provocación de entrar en guerra contra Colombia.

Seguramente los sectores más agresivos e irresponsables del espectro político, tanto de Colombia como de Venezuela, estarían dispuestos a llevar a nuestros pueblos a una guerra, para que sean otros, los pobres, los soldados, el pueblo, quienes pongan los muertos, mientras ellos hacen amagues patrióticos para finalmente llegar a acuerdos.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no puede ser arrastrada a una guerra, no mancharån su gloria como herederos de Bolívar con sangre del pueblo, ni colombiano, ni venezolano.

Hago un llamado de especial atención a nuestro liderazgo militar a no caer en estas tentaciones, no dejarse empujar a la hoguera de la guerra, solo ustedes saben lo serio y sangriento que puede ser un conflicto azuzado desde lejos entre pueblos hermanos.

La soberanía es un concepto muy preciso, debe ser objeto del más celoso cuidado y resguardo por parte de nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, pero la soberanía no se pone en riesgo en un incidente fronterizo, allí hay que estar alerta y actuar con inteligencia y firmeza para no caer en trampas ni provocaciones. La soberanía sí se pone en serio peligro cuando se entrega el petróleo, nuestra riqueza estratégica, a agentes privados o transnacionales, cuando se entrega el Arco Minero a la depredación minera o cuando se cede el Esequibo a intereses foráneos.

Mis mayores votos son porque nuestros mandos militares bolivarianos sepan mantener la claridad estratégica, la doctrina bolivariana y sean fieles custodios de nuestra Constitución, nuestra independencia y de las garantías del pueblo. Imbuidos del pensamiento y acción del Padre de la Patria y en la doctrina Bolivariana, no caigamos ni en la retórica, ni en la trampa trágica y anti histórica de una guerra entre hermanos


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Rafael Ramírez Carreño

Ingeniero y político venezolano. Ex-embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU. Ex-ministro de Energía y Minas y expresidente de empresa pública Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) hasta el año 2014. Militante Revolucionario, Chavista y Bolivariano.

 @RRamirezVE

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