En política y economía es difícil mantener a todos contentos. Aunque a algunos les puede haber tomado por una grata sorpresa la medida de la suspensión de los pagos de alquileres de locales comerciales y viviendas por un lapso de seis meses, a otros – los propietarios – les ha podido resultar una medida bastante desacertada.
Lejos de lo que alguna gente pudiera pensar, la suspensión del alquiler no significa exoneración. Es decir, cuando finalice el período de suspensión la persona va a tener una deuda acumulada de seis meses de arriendo, lo que significa que, si ya a muchos les podría representar una dificultad estar al día con un mes de pago de arriendo ni pensar cuando esa cantidad llegue a representar seis cuotas. Por su parte, los propietarios de los inmuebles probablemente tendrán acumuladas deudas de varias semanas en las que no pudieron cubrir todos sus compromisos al cien por ciento en lo relacionado con pago de condominio, mantenimiento de los inmuebles o pago de servicios. Aunque este es un problema complejo con muchas más implicaciones que el pago o no de una mensualidad, como se ve, lo que a primera vista pudiera parecer una medida ventajosa para muchos y desventajosa para algunos pocos, a la larga pudiera suceder que es muy desventajosa para la mayoría y ventajosa para muy pocos.
Con respecto a la exoneración de los trámites del costo de los pasaportes se sabe que son muchísimas las personas que tienen pasaportes vencidos y no pueden renovarlos por la sencilla razón de que no tienen para pagar el trámite o pagar la prórroga. Esto es un gran inconveniente para una enorme cantidad de venezolanos que está fuera del país con tal documento vencido. De igual forma, hay una enorme cantidad de venezolanos en el país que quisieran tener su documentación al día y eso se le hace cada vez más cuesta arriba por motivos económicos.
Esto también es válido para las licencias de conducir y títulos de los vehículos. Las tarifas que ha fijado el gobierno han hecho que más de un conductor ande por allí con los papeles vencidos sin poder renovarlos porque los ingresos que se obtienen deben ser destinados principalmente a alimentación. De esta manera, aparte de andar ilegal, se exponen a incurrir en gastos adicionales como multas, pago por remolque de grúas y, por supuesto, la coima a algunos funcionarios.
Se pudieran seguir enumerando razones para considerar, debido a la situación que vive el país, una exoneración del pago de estos trámites. Esta medida, sin dudas, beneficiaría a mucha gente y seguramente no estaría cargada de tanto enredo como la del congelamiento de los alquileres.
Con respecto a esto último, en lugar de suspender el pago de los alquileres, una solución podría ser pensar en establecer vía Decreto una rebaja de los mismos, por ejemplo, en un treinta por ciento. Este porcentaje que dejarían de percibir los dueños de los inmuebles arrendados podría beneficiarlos a la larga si tal monto pasa ser considerado como rebaja en la declaración de impuesto sobre la renta del año próximo y, de esta manera, todo el mundo saldría ganando: el gobierno, los propietarios y los arrendatarios.
