Alcaldes de Iribarren y Palavecino del estado Lara deben ser sancionados por desacato

Creemos que los alcaldes José Barreras de Palavecino y Alfredo Ramos, de Iribarren son responsables de los desastres que han venido ocurriendo en sus respectivos municipios en estos 90 días, a partir de la puesta en práctica de los hechos de violencia terrorista que han asolado esas comunidades con la complicidad directa de ambos. Adicionalmente el gobernador Henry Falcón es otro responsable puesto que con su inacción ha permitido el desarrollo de las guarimbas vandálicas.

Estos tres gobernantes son responsables de los desastres que hemos vivido los larenses y que han convertido a Barquisimeto y Cabudare en ejemplo de lo que no debe ser una ciudad. Los lemas de "la ciudad ideal" se quedaron sólo en eso, en un lema. Hoy observamos una ciudad o dos ciudades llenas de basura, de escombros, de cauchos incendiados, decenas de árboles derribados, postes de luz tirados en el suelo, alcantarillas levantadas todo para impedir el libre tránsito de los ciudadanos. En tal sentido, gran parte del pueblo larense los conoce como los alcaldes guarimberos"

Imagen que circula por las redes. Alfredo Ramos rodeado de terroristas

Pero peor aún son las muertes de personas que estando o no en las manifestaciones violentas convocadas por la oposición, han sido víctimas de las mismas. Así que el estado Lara, lamentablemente gobernado por la oposición desde la gobernación y en los municipios Iribarren y Palavecino, se ha convertido en uno de los que más víctimas ha tenido, ya que 12 personas han perdido la vida en diferentes circunstancias y eso, en vez de ser un dato para plantear la necesidad de parar la violencia callejera, sólo encuentra en estos tres "dirigentes" un aliciente para exigir "más calle" y seguir así en la onda expansiva de la violencia política.

Estos alcaldes han hecho caso omiso de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que el 1ro. de junio en las sentencias 400 y 401 les ordenó realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos, además, proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y mantener las vías y zonas adyacentes a éstas libres de barricadas. Las sentencias señalan que, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el amparo cautelar debe ser acatado por los referidos alcaldes, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 "eiusdem".

Esto no ha ocurrido y al contrario, en esas ciudades proliferan cada vez más las barricadas que obstaculizan el desenvolvimiento ciudadano e incluso, el sábado 1ro. de julio, la Guardia Nacional Bolivariana realizó lo que no hacen los alcaldes: limpiar de escombros las vías principales de Cabudare y Barquisimeto. Sin embargo, una vez retiradas las unidades militares, los terroristas guarimberos se encargaron de nuevo de levantar barricadas para seguir cerrando las calles y avenidas. Todo ello, con la mirada cómplice (por acción o por omisión) de Alfredo Ramos y José Barreras.

De allí que se hace necesario aplicarles a estos alcaldes la misma decisión que en su momento se les aplicó a los alcaldes Enzo Escarano de San Diego (condenado a 10 meses de prisión) y Daniel Ceballos en San Cristóbal, tal como lo reseñó la prensa el 25 de marzo de 2014: "El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) DECLARÓ CULPABLE A DANIEL CEBALLOS DE DESACATO Y POR ELLO LO CONDENÓ A 12 MESES TRAS LAS REJAS Y LO DESTITUYÓ DE SU CARGO DE ALCALDE DE SAN CRISTÓBAL. La decisión la adoptó la Sala Constitucional, tras una audiencia en la que 11 testigos llevados por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo aseveraron la máxima autoridad civil de la capital tachirense no había cumplido las órdenes que le giró la instancia judicial para actuar contra las barricadas que estudiantes y opositores han levantado en distintas vías de la ciudad para protestar contra el Gobierno.". http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140325/el-tsj-destituyo-al-alcalde-ceballos-y-lo-condeno-a-12-meses-de-carcel.

Se hace necesario activar los resortes institucionales que obliguen a los gobernantes a desactivar la violencia en estas ciudades y garantizar la paz en la ciudadanía, así como despejar las vías para que los ciudadanos tengan garantizado el derecho al trabajo, al estudio, al libre tránsito y a la recreación. De lo contrario, deben ser sometidos a la jurisdicción correspondiente tal como le ocurrió (y lo reiteramos) hace tres años a los alcaldes de San Diego, en Carabobo y San Cristóbal en Táchira que fueron encarcelados y destituidos por desacatar las sentencias similares a las impuestas en Lara. Por supuesto que lo mismo debe hacerse con el resto de alcaldes a los que se les ha decidido medidas cautelares en otros municipios. La ley y las instituciones deben hacerse respetar para no caer en la anarquía que pretende la derecha venezolana.

 

 



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Cécil Gerardo Pérez


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