Los cargos severos dirigidos a un gobierno acusado de actos ilegales

Todo hombre, dice Tertuliano, ha nacido soldado contra los usurpadores del poder público, contra los grandes infractores de las leyes, que son la égida de la sociedad y de la inocencia.

Las leyes de Atenas, dice Grocio, dadas por Solón y renovadas por Pireo, autorizaban al pueblo para reprimir y aun castigar de muerte a cualquiera que intentase abolir el gobierno popular; y yo creo con Plutarco, que son derechos de cualquier ciudadano, negar la obediencia, castigar y quitar la vida al que haya usurpado la autoridad soberana, en un estado constituido, rompiendo las leyes fundamentales de la asociación.

Cuando el gobierno, dice Vattel, no puede proteger al pueblo y están de hecho disueltos los lazos que unían a los gobernantes y a los gobernados, el pueblo vuelve a entrar en su primitiva libertad, en el goce de sus derechos naturales, y deben proveer a su seguridad por todos los medios justos y honestos.

Cuando la protestad, dice Gravina, establecida por la voluntad del pueblo para la utilidad común se tuerce en provecho de algunos pocos, con daño del bien general y con agravio de la mayor parte de la comunidad, vuelven éstos por el mismo derecho a su estado primitivo, porque falta al despotismo el consentimiento universal, sin el cual no hay autoridad justa ni valedera.

Cuando no hay Constitución, dice Coceya, y por lo mismo no hay protección individual ni grupal, no puede haber obediencia ni suministración de oficios; cesa la correspondencia entre el gobierno y el pueblo.

En el momento, dice Vattel, que el gobierno ataca la constitución del estado, rompe el pacto que ligaba al pueblo, por la misma acción del gobierno, a quien ya no puede ni debe mirar sino como un usurpador que pretende oprimirlo. Conocen esta verdad todos los hombres sensatos de buena voluntad, que no se han avasallado al temor o no se ha rendido al interés.

Los gobernantes, dice Mariana, deben estar persuadidos del saludable pensamiento, que si oprimen al pueblo y se hacen intolerables, deben estar persuadidos del saludable pensamiento, que si oprimen el pueblo y se hace intolerable, por sus vicios e injusticias, hay derecho para cualquier ciudadano les prive de la vida, llenándose de gloria y de alabanza.

La insurrección, dice Linguet, es un fruto de todos los climas. Es un mal que ataca todos los gobiernos, desde que estos olvidan el régimen legal de quien depende su conservación, desde que comprometen la inviolabilidad de los principios, dando ataques a los beneficios del pueblo y violando el rigor de las leyes civiles que establecen los derechos del pueblo en todo género.

Siendo la libertad, añade Burlamaqui, por sí misma el derecho más considerable del hombre y que le asegura todos los demás, puede legítimamente mirar y tratar, como a enemigos a cualquiera que intente usurpársele y reducir a la esclavitud.

Los cretenses, dice Montesquieu, para obligar a los magistrados a la dependencia y obediencia de las leyes, empleaban un medio muy singular: el de la insurrección. Esta institución que hacia legal la sedición para impedir los abusos del poder, parece que debía concluir (moralmente hablando) con la República; sin embargo, ella no destruyó a Creta.

¡Chávez Vive, la Lucha sigue!



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Manuel Taibo


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