Al releer las noticias publicadas en los medios de comunicación sobre el periodo de la Revolución Bolivariana, sorprenden los paralelismo entre los comentarios y las explicaciones de entonces y los debates que se desarrollarían el Estado preexistente a fin de crear las condiciones necesarias para un festín capitalista que, a su vez, sirvan de impulso inicial para una pujante "democracia delegada" de libre mercado, delegada por Gringolandia, administrada por adecos y copeyanos. Dicho de otro modo, lo que se busca es lo mismo que "guanábana" en los tiempos del puntofijismo.
La corrupción ha sido un elemento tan habitual de estas fronteras contemporáneas como lo fue durante las fiebres de la década de los setenta’ (ta’bueno, dame dos). Como los recuerdos de privatización más significativas se firman siempre en medio del tumulto generado por un crisis económico o política, no impera casi nunca en esos momentos un marco legislativo claro ni unas autoridades reguladoras efectivas: el ambiente es caótico y los precios son tan flexibles como los dirigentes políticos. Lo que hemos estado viviendo durante cuatro décadas ha sido un capitalismo de frontera, una frontera que ha ido cambiando constantemente de ubicación, de crisis en crisis, trasladándose tan pronto como la ley se ha ido poniendo al día de la situación en cada nuevo lugar.
Así que, lejos de servir como advertencia, el ascenso de los "rojos-rojitos" multimillonarios no hizo más que demostrar lo rentable que podía resultar la explotación a cielo abierto de Venezuela. En gran parte, se suele hablar del neoliberalismo como de una especie de "segundo saqueo": en el primero, las riquezas fueron confiscadas del terreno, mientras que en segundo, fue el Estado el que quedó despojado de ellas. Tras cada uno de esos frenesís de lucro vienen las consabidas promesas: "la próxima vez, habrá leyes firmes antes de que se vendan los activos de un país y la totalidad del proceso será vigilada por reguladores e investigadores con ojos de lince y una ética impecable". La próxima vez, se procederá a un proceso de "construcción institucional" previo a las privatizaciones (por emplear la jerga que se ha puesto en boga tras lo acaecido en el puntofijismo). Pero pedir ley y orden después de que todos los beneficios hayan sido ya trasladados al extranjero constituye, precisamente, un modo de legalizar a posteriori el robo cometido, del mismo modo que los gringos se aseguran por medio de tratados sus anteriores confiscaciones de territorio. La alegalidad de la frontera, como bien entendió Adam Smith, no es el problema, sino el elemento central, una parte tan consustancial del juego como los actos de constricción post facto y las promesas de hacerlo mejor la próxima vez.
¡Gringos Go Home! ¡Pa’fuera tús sucias pezuñas asesinas de la América de Bolívar, de Martí, de Fidel y de Chávez!
¡Chávez Vive, la Lucha sigue!
