De acuerdo con el artículo 64 de la Constitución Nacional y el artículo 41 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) todo venezolano es elector mientras no esté sujeto a la privación de sus derechos civiles y derechos políticos, como el sufragio. Por tanto; Los reclusos en condición de procesados son quienes tienen todavía la posibilidad de acudir a elegir a la nueva Asamblea Nacional. Según el reciente balance ofrecido sobre la situación penitenciaria por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), correspondiente al año 2015, de una población reclusa de 49.644 reos, en el país hay 31.374 (63%) personas en condición de procesadas" (1) Quiere decir que existen 31.374 personas que pueden votar.
Sin embargo Leopoldo López está juzgado, ya tiene sentencia firme, no es ningún reo político, entonces sorprendentemente el líder opositor venezolano Leopoldo López, condenado en primera instancia a casi 14 años de prisión, exigió ejercer su derecho a sufragar en las elecciones legislativas del próximo domingo, informó el martes su defensa. Por su parte; El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez quien presentó en un tribunal de Caracas una petición con el argumento de que López "no se encuentra inhabilitado políticamente, pues su sentencia no ha sido ejecutada por no encontrarse definitivamente firme, al haberse ejercido el recurso de apelación correspondiente".
En verdad resulta un asombro, como un reo ordinario, condenado a 14 años de prisión pide ejercer sus derechos, cuando el por incitación a la violencia pública se lo suprimió a cientos a decenas de venezolanos, que ya no pudieron acudir más a eventos electorales, sencillamente porque le sesgo la vida. Extrañamente en Venezuela todavía se ven estos tipos de exigencias de impunidades, cuando se hace un "petitorio" para tener derechos, cuando el infractor de la ley es juzgado por delitos públicos.
Sin ser abogado creo que una persona si está condenada por la justicia no debe ejercer plenamente sus derechos, hacer uso de derechos constitucionales, tenemos además de este caso, hasta diputado de la República que una vez en prisión hasta lo postulaban como candidato para gozar de inmunidad parlamentaria como lo fue el caso del señor Mazuco. Ya al haber una acusación pública, indicios y elementos probatorios que ponen en duda la reputación pública del ciudadano, esa persona no debería solicitar derechos algunos, no debería postularse ni ser aceptada su postulación, ni siquiera votar hasta tanto purgue sus delitos, deberían hasta inhabilitarlos para ejercer cargos públicos e impedir sus postulaciones a los cargos públicos.
De acuerdo con el abogado del señor Leopoldo López, "Será en las próximas horas que se conozca si el tribunal 28 de juicio atiende la solicitud (…) o si, por el contrario, la jueza (Susana) Barreiros decide irrespetar una vez más el basamento legal configurando una nueva violación a los derechos del líder político", declaró Gutiérrez.
Con este tipo de presión es que pretenden doblar el brazo a la justicia venezolana, haciendo acusaciones que también debería ser juzgada, por irrespeto a la autoridad pública, al "basamento legal" de la sociedad que solo hacen reproducir la impunidad que tanto critica la oposición pero que se escuda en ella para cometer todo tipo de tropelías. Ojala las autoridades se muestren firmes, en Venezuela el pueblo quiere justicia de todos los guarimberos que hicieron daños al país. Sobre todo justicia con "La Salida, es decir con aquella oleada de protestas antigubernamentales con barricadas callejeras que estuvieron activas a lo largo del primer semestre del año pasado".
Además están en cola, los llamados "presos políticos" de la oposición que utilizan la figura como excusa y chantaje para votar, que luego hacen petitorio para defender el derecho al voto, el derecho ante una instancia que ellos declaran fraudulenta, el CNE, por eso, ellos exigen a Los jueces penales los que deben ordenar a solicitud de los respectivos abogados defensores, que quienes tienen arresto domiciliario o están sometidos a medidas privativas de libertad en instalaciones como el Sebin sean trasladados a sus centros de votación.
Además; según la oposición tienen derecho de sufragar 5 presos políticos: César Medina, Mario Dickson, Antonio Márquez, César Camejo y María Lourdes Afiuni. Sin embargo, La directora de la mencionada fundación, Jackeline Sandoval, informó que la defensa de Medina ya presentó la solicitud ante el juzgado que lleva su causa, mientras que Dickson, Márquez y Camejo harán lo propio en las próximas semanas. El abogado de Afiuni, José Amalio Graterol, ha introducido dos veces en tribunales la petición de que su defendida vote el 6 de octubre.
Debemos recordar; Prohibido olvidar, sobre todo, "El balance oficial de los cuatro meses de protestas fue de 43 muertos, entre activistas afines y detractores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, agentes de organismos de seguridad y transeúntes, la mayoría tiroteados".
