Meses atrás el Gobierno Nacional planteó la iniciativa de un Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) que tendría como prioridad que el Estado Venezolano estableciera el carácter estratégico de las importaciones en el área de alimentos y medicinas y en consecuencia asumiría el control de tales importaciones para así evitar el presunto fraude cometido por empresarios que operan en Venezuela.
Dicho fraude estribaría en empresarios que solicitan divisas extranjeras para traer productos de esta especie pero que finalmente desvían dichos recursos monetarios hacia otras actividades como la importación de bienes no esenciales que reportan mayores ganancias o la venta de estos dólares al precio del mercado negro que se estipulan a través de fuentes referenciales ilícitas o informales tales como dolartoday.com, lechugaverde.com, entre otros.
Un bien jurídico que pretende restituirse a beneficio del pueblo venezolano es, en el caso de los alimentos, precisamente la seguridad alimentaria. Ello significa, básicamente, que al pueblo no le falten nunca los alimentos. Tal concepto se vincula a la soberanía alimentaria, lo cual significa que la mayoría de los alimentos sean de producción nacional y esté plenamente garantizado el abastecimiento alimentario sin necesitar importaciones ni convertir la moneda nacional en divisa extranjera para adquirir productos.
Años de inestabilidad económica y comercial en Venezuela, revelan que solamente en una economía solidaria, donde el interés social sea un factor predominante que con la anuencia del Estado pueda armonizarse con factores del sector privado, es que será posible consolidar la anhelada soberanía alimentaria, ya que para ello es fundamental incrementar la productividad nacional, dicho de otro modo, es necesario un gran consenso nacional multisectorial con gobierno, obreros y empresarios para avanzar hacia la industrialización del país.
Anteriormente hemos insistido que industrialización significa la instalación de un gran número de empresas eficientes en diversas áreas, así como la activación de las fuerzas humanas productivas en su máximo nivel, de conformidad con el espíritu del artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La exacerbada conflictividad social que se vive actualmente en Venezuela, directamente asociada con un desgastante debate ideopolítico en el cual la dirigencia gubernamental pareciera hoy hallarse entrampada, conlleva a que la nación se aleje de la meta de consolidar accesibilidad, disponibilidad, calidad y variedad para satisfacer la creciente demanda alimentaria como principios esenciales de esta materia.
En países capitalistas y no capitalistas alrededor del mundo, la alimentación es un derecho humano vital que puede decidir el destino de los pueblos y gobiernos, y la estabilidad democrática. Dicho de otro modo, la comida es un factor de poder político estratégico que jamás puede estar subordinado a los intereses grupos sin compromiso social.
Frente a maniobras indebidas de organizaciones que siguen intentando captar dólares del Estado, ahora a través del precario e incipiente "SICAD II", todavía bajo la falsa promesa de importar alimentos y distribuirlos al pueblo, bien podría el Estado venezolano reimpulsar el esperado Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). Si hay guerra económica, ya es hora de que el Gobierno Nacional derrote a los incitadores de esa conflagración interna que deteriora a la nación.
Hoy en día, por obra de los promotores de la guerra económica, el panorama de la seguridad alimentaria y el régimen de divisas pudiera parecer tan incierto como jugarse la lotería.
