La oligarquía parasitaria, a través de la canalla mediática, lanza un injusto y feroz ataque contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro responsabilizándolo de la inseguridad.
Recientemente escribí: “La lucha contra el delito, la violencia y el crimen deben profundizarse; en Venezuela no hay razones de ningún tipo que puedan ¿justificarlos?, todo lo contrario, tenemos las condiciones y el contexto político, económico-social y moral para aplicar todo el peso de las leyes y erradicarlos de raíz”.
Sería ingenuo pensar o excluir el componente político en las variables de la inseguridad, y en la constante violencia que acompaña a muchos delitos.
La violencia y el ensañamiento nunca han sido parte de la “venezolanidad”; lo fueron, sí, de los gobiernos adecos y copeyanos y sus organismos policiales y militares.
Mantengo la tesis del componente foráneo, intervensionista –Guerra de Cuarta Generación–, ya que en los protocolos de operaciones especiales para la desestabilización de los gobiernos la variable violencia exacerba en la población la percepción negativa de inseguridad contra el gobierno que se intenta derrocar.
El gobierno y el Estado, en su conjunto, deben hacer un seguimiento a la guerra irregular a la que se somete a Venezuela, e incluir en sus planes esta variable.
Los medios de la oligarquía (componentes de guerra) censuran los esfuerzos que el gobierno hace contra la inseguridad y por la paz.
Es el momento de una contraofensiva jurídica, penal, que haga expedito el castigo a todas las formas y expresiones de la corrupción policial y judicial.
Es el momento de implantar medidas extraordinarias, creativas y radicales, que castiguen, persuadan al enemigo, a los delincuentes, y den mayor confianza a la población.
Que no haya arrepentimiento. ¡Es ahora o nunca!
