No es extraño escuchar, como justificación para algún delito menor,
que la corrupción y la deshonestidad derivan de necesidades económicas
insatisfechas de determinados segmentos de la población.
Tal argumento no se sostiene a la luz del comportamiento del opulento
uno por ciento de la población estadounidense que es dueño del 40 % de
la riqueza nacional de los Estados Unidos.

Aunque la estructura financiera de la nación estadounidense –como la
de todos los países capitalistas- está diseñada para favorecer a las
capas privilegiadas de la población dueñas del capital, cada una de
las corporaciones y cada supermillonario por separado dedican ingentes
recursos a estudiar las formas y maneras de sacar beneficios de todo
vericueto legal, cada ángulo y cualquier omisión legislativa que les
pueda propiciar privilegios adicionales. Ello incluye el estudio de
métodos aplicables para el soborno de políticos y otros medios
ilegales o pseudo-legales encaminados al incremento de sus beneficios
a costa de los recursos que dejen de ingresar al fisco para ser
dedicados a objetivos de beneficio social.

En los países capitalistas más desarrollados, los dueños de las
mayores fortunas y las grandes corporaciones sufragan equipos de
talentosos expertos, con todos los recursos más modernos de la
tecnología y la ciencia, dedicados exclusivamente a trucar los
sistemas impositivos destinados a recaudar los fondos que financian la
salubridad, la educación y los servicios sociales del grueso de la
población.

En cambio, los superricos crean y operan fundaciones “sin fines de
lucro” supuestamente consagradas al financiamiento de proyectos
filantrópicos, ambientales, culturales o caritativos, (muchas veces
para paliar miserias que ellos mismos han provocado) que en mayor o
menor grado encubren propósitos evasivos de impuestos.

Es impresionante la cantidad de trucos y deshonestidades en que
incurre este acaudalado segmento de la sociedad norteamericana para
expandir sus fortunas solo mediante la evasión de impuestos.
El periodista Dennis Sander, en un trabajo titulado “The Corporate Tax
Dodgers (Los evasores corporativos de impuestos)” que publica la
revista impresa y digital Freedom Socialist en su número de
agosto-septiembre de 2013, define como dos caras de la misma moneda
las acciones de evitar y las destinadas a evadir impuestos que
practican estos grandes contribuyentes.

Evitar los impuestos se considera legal cuando la acción se ajusta a
mecanismos mediante los cuales las pérdidas y los beneficios
financieros pueden ser relocalizados o reclasificados a fin de no
pagar impuestos, en tanto que la evasión si se califica como delito.
“Pero si observamos los hechos por encima de las etiquetas, veremos
que prácticamente no se diferencian”.

Se estima que el 50% del comercio mundial pasa por los llamados
paraísos fiscales que son países, o zonas dentro de países, libres de
impuestos o con impuestos muy reducidos. Suiza, Bahamas, Islas Caimán,
Singapur, Hong Kong y Holanda se citan como los más conocidos, pero
hay más de 80 de ellos en el mundo y mueven entre 21 y 32 mil millones
de dólares cada año. La cifra no es exacta porque los capitales de la
elite mundial que por ellos transita requieren de gran discreción,
cuando no de absoluto secreto.

Sanders cita el caso de la corporación Apple que el pasado año
trasladó 100 mil millones de dólares a una subsidiaria en Irlanda para
evadir impuestos sobre utilidades. O el del multimillonario presidente
de Microsoft, Bill Gates, cuya gigantesca Fundación Gates le ahorró,
solo el pasado año, 18 mil millones de dólares mediante operaciones de
“ayuda” filantrópica a África.

Hace notar el periodista-investigador Dennis Sanders que hay una gran
variedad de formas que se utilizan para estimar las pérdidas de
ingresos al fisco que causan los paraísos fiscales. “Por ejemplo, solo
en el año 2011, las finanzas de los estados que forman parte de los
Estados Unidos perdieron en su conjunto $39 mil millones y el Gobierno
Federal dejó de ingresar $150 mil millones, según estimados
conservadores basados en tasas de ganancia bajas”.

De hecho, se promueve una “competencia fiscal” entre países, ciudades
e incluso regiones de un mismo país por ver quien ofrece mayores
beneficios fiscales y otras ventajas al capital peregrino. Ello se
suma a los esfuerzos del Fondo Monetario Internacional por hacer que
los países subdesarrollados liberalicen sus sistemas tributarios para
hacerse más competitivos y atraer o mantener nuevos negocios.
A esto, agréguense otras deshonestidades en la contabilidad tan
reprochables como las citadas, imputables a los insaciables dueños del
capital, y compruébese que no son los pueblos –ni los más
menesterosos- los que promueven la corrupción y los delitos
económicos.