La lucha que contra la corrupción o el monstruo de mil cabezas, como lo definió el Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, que ha emprendido Nicolás Maduro, no es nada fácil y no tendrá éxitos más allá de la presencia mediática, si todos y cada uno de los venezolanos no hacemos de esa causa la nuestra, por el bienestar de la patria y de las generaciones venideras que se merecen un mundo libre de vicios y afianzado sobre los principios de la honestidad, la ética, la confianza, la solidaridad y el amor universal.
La lucha contra la corrupción tiene que ser a fondo y sin contemplaciones. En esta lucha no puede haber parientes ni amigos, jefes ni patronos, a quienes ofrecerles lealtad y solidaridad automática, porque estaríamos colocándonos en una posición de peor calaña, que la del ladrón y corrupto que estamos tapando.
Bienvenida la decisión del compañero presidente obrero, que se ha planteado una tarea titánica, porque para luchar contra ese monstruo que corroe los cimientos de nuestra sociedad, se requiere una espada de mil filos y mil puntas y esta solo se logra con la incorporación de las comunidades organizadas y rompiendo los nudos que impiden la contraloría social en los diferentes ámbitos de la administración nacional.
La lucha contra la corrupción tiene que conllevar a un nuevo modelo organizativo de los partidos de la revolución, donde el poder de la investigación esté en manos del pueblo y no en manos de quienes ejercen los poderes del país. Desde siempre hemos sostenido que es imposible la transparencia en una administración donde el líder o lideresa del partido, es el jefe o la jefa del gobierno con todos su poder. Es decir, que se vende, se compra y se da el cambio.
La corruptela se da generalmente en los estamentos donde se maneja dinero y en consecuencia no se puede poner zamuro a cuidar cebo. No se puede ser juez y parte. No es queramos afirmar que todos los gobernadores, alcaldes, ministros y demás funcionarios sean corruptos, sino que su probidad no puede ser auditada, si es él quien debe auditar su propia administración. El ejemplo es muy claro y no vamos a imaginar tanto. Digamos que quien escribe, es gobernador y al mismo tiempo es jefe del partido, su administración resulta ser inadecuada y esto lo advierte la dirigencia medias y las bases del partido ¿Será que tienen libertad y coraje para ir a una reunión del partido presidida por el gobernante, a denunciarlo como corrupto? ¿Será que si este funcionario es corrupto, no va a poner en boga las prácticas de la IV República, con el esparadrapo del infame maletín, para acallar las voces disidentes y ponerlas a su servicio para defender su gestión? Además cuenta con todo el poder para amedrentar, porque es el comandante en jefe de las fuerzas de seguridad en su estado. Bastaría una recomendación para que los servidores del orden público pongan en jaque a quien ose denunciar al gobernador corrupto, que de paso también tendrá a su servicio los comités de foca del partido, que nunca faltan.
La corrupción se encuentra en las diferentes estructuras del Estado y por eso el camarada presidente Nicolás Maduro, tiene que ir directamente a las comunidades y con su gobierno de calle organizarlas y formarlas para vigilar y al mismo tiempo para garantizarles la inmunidad, a los denunciantes, para que no sean despedidos si son funcionarios públicos o para que no le vayan a montar una trampa legal para descalificarlo y sacarlo del camino.
Una situación bien delicada, es la que viven los cuerpos policiales, con la práctica de una modalidad que nació en el Chicago de los años 30, del siglo pasado, con Al Capone, pero que ahora es cuando más está vigente: “La protección interesada”. Esto es la complicidad de algunos funcionarios deshonestos que se encompinchan con bandas hamponiles para extorsionar a comerciantes y empresarios de diversos ramas. Los confabulados ofrecen al empresario, la garantía de que su negocio no será tocado a cambio del desembolso semanal de unos 500 bolívares fuertes. Con esto le garantizan el patrullaje y en las horas muertas del mediodía acompañarle hasta que cierre sus puertas y en la noche hasta que haga caja y vaya a depositar al banco, con su respectiva custodia. Lógicamente el día que pretenda sacudirse la protección, le caen los “quietos” y entonces o corre o se encarama. Los comerciantes seguramente no denuncian por temor a represalias, pero si el plan “Patria Segura” se monta en acabar con ese vicio, seguramente que sobrarán testigos para acusar a policías corruptos.
Esas raíces también tienen que troncharlas en las oficinas públicas, como las del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde pese a que hace más de tres años existe una resolución que basta con llevar fotocopia de la cédula, la constancia de trabajo, si está activo o si no la constancia de cotizaciones entregada por la empresa y el formato lleno que baja de la red, no falta el empleado o empleada que en la dependencia le pida partida de nacimiento o datos filiatorios para aceptar la solicitud de pensión, que por ley le corresponde. Desde todo punto de vista esto es un exabrupto; porque cuando lo afiliaron a la institución y le descontaron sus cotizaciones, sin siquiera consultarle no le pidieron partida de nacimiento o datos filiatorios. Claro la solicitud, es una alcabala para ponerle peros, y, así conversadito llevarlo a pagar la mula, que no baja de los tres mil, para que le “arreglen el problema”.
Esas son menudencias, pero que hacen mucho daño al proceso revolucionario y que deben ser combatidas. Igualmente la tardanza en el procesamiento de documentos públicos, que someten al usuario a un interminable estrés y la única manera de evitarlo, es pagando al funcionario o funcionaria de turno, que al mojarle la mano, cumple con su obligación, para lo cual le paga el Estado y le entrega el documento al solicitante. Estas pequeñeces, necesitan ser combatidas con la comunidad organizada, pero con potestad para desenmascarar a los bandidos y no con los papeleos, citaciones y declaraciones burocráticas que lo que hacen es ahuyentar al cooperador.
En cuanto a los administradores “rojos rojitos” que tienen cargos de elección popular o de libre nombramiento o remoción, lo que tienen que hacer es meterle la lupa a su ejecutorias. Particularmente en los servicios públicos, porque si a una gobernación le dieron una buena suma de dinero, mediante proyecto presentado para un acueducto o reparación de vialidad, para ejecutarlo en dos años. ¿Como se explica que al cabo de tres años vaya, con el mismo lloriqueo del acueducto o la vialidad y a pedir mas cobres? Ejemplos nos sobran a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay que meterles lupa, aunque anden con la boina y la camisa roja y santificando los postulados de la revolución. Hay que hacerlo antes que salten la talanquera y se asuman como perseguidos políticos.
Pero junto a estos esfuerzos necesitamos también una organización de la justicia fortalecida, diligente, ética y sin miedo, para aplicarle el ácido a quien sea y donde sea, para de esta manera matar al monstruo de mil cabezas, con la espada de Maduro.
Periodista*
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