Colombia: mordaza a la libertad de expresión y las conexiones funestas del presidente

El último que acaba de dejar el país, rumbo a un incierto exilio del que se está seguro cuándo empieza pero no cuando termina es Daniel Coronell, reconocido periodista director de Noticias Uno y crítico de Álvaro Uribe y la reelección. Prefiero irme antes que callarme, dijo en la última entrevista que concedió a Yamid Amat de El Tiempo.[1]



Las amenazas de muerte a periodistas de oposición han sido denunciadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales[2]. Además de Coronell, Carlos Lozano, director del periódico semanario Voz, órgano informativo del Partido Comunista Colombiano y Hollman Morris, que dirige el programa de televisión Contravía vienen recibiendo amenazas de muerte desde el pasado 16 de Mayo.



En el caso de Daniel Coronell, éste ha tenido la valentía de denunciar pero también la fortuna de contar con medios masivos como la revista Semana y El Tiempo para poner al desnudo a los lunfardos del establecimiento que lo vienen amenazando a él y su familia. Uno de aquellos funestos verdugos, pertenece al círculo más cercano del presidente Álvaro Uribe: Carlos Náder Simmonds, narcotraficante, condenado a tres años de cárcel por intentar introducir cocaína a Estados Unidos en 1983 cuando ostentaba el honroso cargo de representante a la cámara. Las amenazas recibidas via mail por Coronell, tal como se demuestra en la investigación que él mismo realizó, provenían del computador de Carlos Náder S.[3] En la entrevista que le hace Yamid Amat, Coronell narra los hechos que lo llevaron a tomar la decisión de exiliarse y quiénes están detrás de la conspiración para matarlo: un grupo de mafiosos con conexiones directas con el presidente Alvaro Uribe.

Hollman Morris, el otro de los amenazados fue ganador este año del premio de Paz Hellman-Hammett, otorgado por Human Rights Watch por los riesgos a los que se enfrenta en su cobertura de temas de derechos humanos. A tal punto llega la desfachatez en este país, que el mismo presidente tuvo el macabro desliz de sugerir ante los medios: “Yo respeto las libertades y garantías del periodismo, pero me preocupa que el periodismo tenga alguna comunicación con el terrorismo’’[4], justamente cuando Morris estaba filmando con su equipo de la BBC en el Putumayo, departamento del sur del país donde días antes, 22 de Junio, las FARC atacaron el puesto militar de Teteye causando la muerte a 24 soldados.

Carlos Lozano, director de Voz, viene siendo amenazado de muerte desde hace casi dos décadas por su labor de militancia comunista y compromiso de escribir sobre los temas prohibidos y proscritos en el país. Flavio Bedoya Tovar, corresponsal de Voz enTumaco, fue asesinado el 27 de abril del 2001. La sede de Voz ha sido amenazada de ataques con bombas en innumerables ocasiones, como el carro bomba cargado con 250 kilos de dinamita estacionado frente a sus instalaciones el 21 de Mayo del 2001. Esa fue una de las últimas aventuras terroristas que llevo a cabo el hoy “desaparecido” paramilitar Carlos Castaño.



El asesinato de periodistas por su labor de informar e indagar en las causas de la miseria, la corrupción, el saqueo de las arcas del Estado, las relaciones macabras entre mafia, elite política, poderosos grupos económicos y los aparatos represivos del Estado, es parte, sin lugar a dudas, de la agenda de terror que estamos viviendo. Es lo que le sucedió a Orlando Sierra, subdirector del diario LA Patria de Manizales, quien fue asesinado el 1 de Febrero del 2002 por pistoleros a órdenes de los políticos corruptos del departamento de Caldas a los cuales venía denunciando en sus artículos de opinión.[5] Según el informe de Medios para la Paz, entre el 2002 y el 2004 fueron asesinados 18 periodistas en Colombia, y más de una decena se han tenido que ir al exilio. Fernando Garavito, columnista del periódico El Espectador, tuvo que salir del país el 21 de Marzo del 2002 y pedir asilo político en Estados Unidos por investigar y denunciar los vínculos de Alvaro Uribe con la mafia y el paramilitarismo.[6]



La represión del Estado colombiano se ha extendido hasta los artistas comprometidos con causas populares como le sucedió al grupo musical Los Pasajeros de Medellín. Conocidos por su compromiso con la denuncia de la represión y la injusticia, fueron encarcelados en Junio del 2004 después de haber participado en un concierto de música a favor de un movimiento popular que estaba impugnando la construcción de peajes en una autopista en los alrededores de la ciudad. Luego de más de 6 largos meses en la cárcel y de un oneroso proceso en su defensa, quedaron libres al no comprobarse los cargos de rebelión que se les imputaba.[7]



¿Y quiénes están detrás de la amenaza y el terror contra la libertad de expresión en Colombia? Fascistas que tienen vínculos directos con el Palacio de Nariño. Este gravísimo hecho es una muestra más de por qué en Colombia los derechos y libertades ciudadanas, como la libertad de opinión, de expresión, asociación y manifestación están al punto de ser borradas incluso de la mente colectiva de la gente en general, como si ya no hicieran parte de derechos conquistados por el pueblo con sus luchas. Lo que buscan con las amenazas, es que el periodismo de oposición silencie su voz crítica sobre el, de hecho, terror político que nos azota. Un manto de silencio sepulcral se cierne sobre los derechos civiles y libertades en este país, donde de las tres opciones que te quedan, exilio, silencio o muerte tienes que escoger la mejor según tus criterios, si es que alcanzas a hacerlo.

En Colombia mientras los periodistas críticos del régimen y del plan de exterminio macabro contra masas campesinas desarmadas y la oposición concebido por los neonazis incrustados en el Estado están siendo asesinados, silenciados o forzados al exilio los verdugos y autores intelectuales de crímenes de lesa humanidad son premiados con cargos diplomáticos, embajadas y honores por sus buenos oficios con un régimen de extremaunción que ha despachado a miles de ciudadanos inocentes a las cárceles y a miles de campesinos a las fosas comunes. Aquí se está premiando asesinos a granel como en el caso del encargado de la embajada en Chile, ex gobernador Salvador Arana y del comandante de la policía de Sucre, Norman Arango.

Ese es el carácter de la denuncia que el representante del Polo Democrático Independiente Gustavo Petro hizo el pasado 18 de Mayo ante la Cámara de Representantes y el país, cuando afirmó, entre otras, que las masacres de Macayepo (15 campesinos fueron asesinados a garrote, piedra y machete por paramilitares el 16 de Octubre del 2000) y Chengue (25 campesinos fueron asesinados por paramilitares a garrote y cuchillo el 17 Enero del 2001) en el departamento de Sucre, son una clara muestra de la relación entre paramilitarismo, policía, ejército y elite política de aquel departamento y que ese modelo se ha aplicado por igual en todo el territorio colombiano, quedando demostrado la alianza estratégica entre terratenientes, políticos locales vinculados al poder regional y nacional y narcotraficantes hoy disfrazados de paramilitares.

En la intervención que hizo el Representante Petro, se expone el caso del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz. En el video que hay del consejo comunitario del Corozal del 1 de febrero del 2003, presidido por el mismo Álvaro Uribe, el alcalde del Roble denunció públicamente que lo iban a matar y señaló a sus propios verdugos: el gobernador de Sucre Salvador Arana y el comandante de la policía del mismo departamento, Norman Arango, entre otros. Esto dijo el alcalde:

” Soy el alcalde de El Roble suspendido; suspendido por una sola razón injusta: porque en el primer encuentro ( … ) que tuvimos (…) yo fui capaz de denunciar al primer gobernador del departamento de Sucre y (…) me la cobraron; la Procuraduría Regional de Sucre. Con esto se están mostrando dos cosas, y se van a conseguir: ya hubo la suspensión y ahora viene la destitución; y después de la destitución viene mi muerte; porque el año pasado hubo una confabulación con el director del DAS y los políticos del departamento de Sucre, y fueron a sacarme de la casa para matarme, (…) después de que el director del DAS había elaborado un informe macabro de inteligencia, donde decía que yo pertenecía a la guerrilla, que le estaba suministrando drogas, víveres a la guerrilla del ELN en el municipio del Roble, cuando los presuntos medicamentos eran los que se daban -en un programa que tenemos en Roble- a los ancianos, a las personas de la tercera edad. Y los víveres, para la misma gente. Vean todo lo que me inventaron, y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar.” [8]

Para los venezolanos y venezolanas, el nombre de José Feliciano Yepes es conocido. Aparece entre los 180 paramilitares que se infiltraron en Venezuela, ¿Con qué propósito? Ha sido condenado allí por la justicia del hermano país. Aquí en Colombia es un paramilitar confeso y uno de los testigos claves de las masacres de Macayepo y Chengue donde 40 campesinos fueron asesinados.

El 20 de Enero del 2001 declaró ante la Fiscalía General de la Nación:"En la finca El Palmar, ubicada en la vía del Rincón de Mar, San Onofre, nos recogieron en un camión y nos desplazamos…"

Preguntado sobre el sitio de las fosas comunes afirmó: “Después de La Pesebrera, bajando unos cien metros, en donde se presta la guardia, en un árbol grande de comején, al pie de ese árbol hay unas personas enterradas; y a mano izquierda siguiendo hacia delante, como a trescientos metros, después de una puerta, hay más personas enterradas. Los paramilitares que se encargan de enterrar a las personas son los alias Macayepo, El Flaco, Mateo y El Paisa, y los otros que están detenidos, El Diablo y Félix…”

Pregunta: Diga al Despacho cómo es la forma en que le siegan las vidas a las personas que entierran en dicha finca: “De dos formas. Una es los cogen, los amarran de pies y manos y les dan un tiro en la cabeza. Después los pican con machete, descuartizados. Y la otra forma es los atan de pies y manos y los degollan y después los pican y los descuartizan”.[9]

¿Dónde está José Feliciano Yepes, el asesino paramilitar confeso de las masacres de Macayepo y Chengue, el mismo que señaló las fosas comunes donde fueron enterrados cientos de campesinos del departamento de Sucre?, preguntaba Gustavo Petro el pasado 18 de Mayo en la Cámara de Representantes a las autoridades colombianas. Está detenido en Venezuela. ¿Por qué? Porque la oligarquía colombiana a través del paramilitarismo le encomendó llevar a cabo allí una nueva “tarea”.



Las masacres y asesinatos selectivos en Sucre, no son una excepción a lo que está pasando en el resto del país, sino el caso típico de una política que
lleva el sello indeleble del terrorismo de Estado que se ha venido aplicando por igual en toda Colombia contra masas de campesinos desarmadas y empobrecidas. En estas masacres están comprometidos altos funcionarios del Estado colombiano, como los actuales representantes de la embajada de Colombia ante Chile, como se señala arriba. Pero no son sólo ellos, el senador de la República Alvaro García Romero quien lleva 4 períodos consecutivos en el senado, Erick Morris Tabeada, ex gobernador de Sucre, Miguel Navarro, ex gobernador del mismo departamento hacen parte del grupo de empresarios, ganaderos, terratenientes, políticos y narcotraficantes que han organizado y estructurado las bandas paramilitares que cumplen la tarea de limpiar los campos de campesinos empobrecidos y opositores políticos al régimen de terror que nos quiere
imponer una derecha aliada al imperialismo.

De lo contrario no se puede explicar que sea precisamente una de estas amistades funestas del presidente quien haya sido el autor directo de las amenazas de muerte contra el periodista Daniel Coronell. O que el ex ministro Carlos Arturo Marulanda, embajador ante la Unión Europea en 1996 haya sido sindicado por la Fiscalía General de la Nación de conformación de grupos paramilitares y autor intelectual de la masacre de 20 campesinos los días 14 y 15 de febrero de 1996, cuando dicha banda fascista entró en la
hacienda Bellacruz, propiedad de su familia, destruyó las instalaciones y los asesinó. Matanza que provocó el desplazamiento forzado de unas doscientas familias de campesinos que estaban asentadas en esas tierras, situadas en el departamento del Cesar. [10]



Para los pueblos latinoamericanos, la mortal alianza entre bandas fascistas, llamadas paramilitares, y una facción burguesa aliada al imperialismo que se ha hecho al poder no es un hecho ajeno o extraño a nuestras propias realidades. Ya desde la conocida Operación Cóndor, que la burguesía latinoamericana aliada al imperialismo aplicó desde los 70s como fórmula represiva a lo largo y ancho del continente, sabemos a qué son capaces de llegar cuando de salvar el sistema y su poder se trata. La fórmula de aquellos nefastos planes fascistas que significó la desaparición, asesinato, tortura, cárcel y exilio a cientos de miles de latinoamericanos por igual, hoy se aplica en Colombia bajo el formato y la modalidad que señalamos arriba. ¿Qué cambia? ¿Qué hay de distinto? ¿Los nombres, los lugares? Las víctimas de esta macabra alianza entre fascistas seguimos siendo los mismos. Masas campesinas empobrecidas, estudiantes, indígenas, obreros, masas de desempleados viviendo en condiciones
de hacinamiento terribles, millones de campesinos desplazados por el terrorismo de Estado malviviendo en las ciudades, etc. Mientras por otro lado, una clase oligarca o burguesa aliada al imperialismo se sigue enriqueciendo cada vez más causando la muerte, miseria y represión a millones en el continente. Una alianza macabra que sigue convencida que el modelo económico de explotación que aplica al pie de la letra, el neoliberalismo, será su salvación. No lo será. Dicho modelo de explotación y muerte está llevando al levantamiento de los pueblos del continente y del mundo, y éste sí será su propio hundimiento.



Los pueblos del mundo hemos aprendido del proletariado mundial a dar y recibir solidaridad. Es la que esperamos de nuestros camaradas del mundo. Que los verdugos del pueblo sepan que no tendrán descanso por más que se
refugien en embajadas, como no lo tuvo Pinochet en Londres, ni ningún asesino del pueblo escóndase donde se esconda. De allí lo sacarán las voces y puños que se levantan al grito de no pasarán: los mismos gritos de los campesinos masacrados como en Macayepo, Chengue, Mapiripán y San José de Apartado clamando justicia!



[1] http://eltiempo.terra.com.co/hist_imp/HISTORICO_IMPRESO/judi_hist/2005-08-14/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_HIST-2182844.html

[2] http://colombia.indymedia.org/

Ver también el informe de Medios Para la Paz del 2004 sobre libertad de prensa en Colombia.

http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=1960

[3] http://semana2.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html?id=88175

“La señal venía de una mansión en la zona de Suba, al noroccidente de Bogotá. En esa casa habita el ex congresista Carlos Nader Simmonds, titular de la suscripción de Cablenet usada para enviar el anónimo intimidatorio.”

Ver también: http://historicos.elespectador.com/periodismo_inv/2005/junio/nota3.htm

[4] http://eltiempo.terra.com.co/judi/2005-06-27/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-2123901.html

[5] http://www.impunidad.com/cases/orlandohernandezS1.html

[6] http://www.ifex.org/es/content/view/full/16074/

Ver informe Medios para la Paz: http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=1960

[7] http://www.gara.net/idatzia/20050510/art113684.php

Ver en Rebelión: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=3939

[8] http://www.viaalterna.com.co/

[9] Ibídem

[10] http://www.inti.be/ecotopie/pazbella.html

Ver también: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/marulanda4.html

olafomontalban@yahoo.co.uk


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Olafo Montalbán


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