No cabe la menor duda que el 10 de enero trae implícito una profunda controversia política-jurídica-social. Sobre la fecha se han realizado una diversidad de análisis y construido un sinnúmero de escenarios. Sin embargo, todavía el “dilema” sobre la Juramentación del Presidente reelecto para el período constitucional 2013-2019 no está completamente claro.
El tema permitió abrir nuevamente el debate que sostienen las ciencias políticas y jurídicas: legitimidad vs legalidad. He leído y oído minuciosamente argumentaciones que se esgrimen sobre la materia. Unas muy lógicas-racionales (en el marco del derecho), y otras completamente descabelladas (con base a la legitimidad).
Ahora bien, una de las principales debilidades que observo en ambas posturas es el tratamiento unidireccional del tema. La mayoría obvian la necesidad de conjugar a ambas variables (legitimidad y legalidad).
Un tema tan sensible no puede ser abordado en el estricto apego al tecnicismo jurídico, porque esto podría poner peligro la estabilidad social de la República. Y apertrecharse solo en la legitimidad podría llevarnos a un Estado anarquizado. Una decisión tan transcendente, importante y delicada, partiendo de los postulados constitucionales, debe obligatoriamente tomar en cuenta tres elementos fundamentales: el contexto político, social e histórico de la sociedad venezolano del siglo XXI.
En el Estado moderno la legitimidad está intrínsecamente subordinada a la legalidad. Pero es bien sabido que este paradigma colapsó, replanteándose bajo la premisa de la participación constante de la sociedad en la toma de decisión.
Es decir, la legitimidad y legalidad representativa feneció y dio paso a la legitimidad y legalidad participativa y protagónica.
Por último, es necesario y obligatorio que los actores políticos e institucionales, comprendan e interioricen que es imprescindible y sano para la República tomar en cuenta el contexto político; social e histórico, así como desechar por completo, los postulado del Estado moderno representativo.
Estoy plenamente convencido de que una decisión ajena a lo expresado el pasado 7-O sería rechazada y obviada por el pueblo, así como lo fue el golpe de Estado del 11 de abril. Queda en manos de los dirigentes del país, sin importar su tendencia política, actuar con sensatez y responsabilidad histórica.
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