Contra infames elaboraciones mediáticas que pretenden desacreditar las acciones del Gobierno Bolivariano en materia de recuperación con fines de utilidad pública sobre grandes empresas y latifundios usados para especular y explotar al pueblo, pertinente es aclarar la realidad a la luz de la economía política y la correcta interpretación del Derecho a la Propiedad Privada establecido en la Constitución vigente.
Existe una enorme diferencia entre medios de producción (industrias, tierras, bancos, almacenes y distribuidoras que corresponden al ámbito colectivo) y bienes de uso personal o familiar (vivienda, vehículo, pequeños comercios y consumibles que obedecen a la esfera individual).
De tal clasificación se explica que el Ejecutivo Nacional ha procurado rescatar únicamente aquellos medios de producción que siendo manejados con criterios neoliberales de exorbitantes ganancias, no prestan servicio público, sino que por el contrario, crean inflación en contra de la economía popular.
Desmontar las infamias sobre expropiaciones arbitrarias exige informar a la ciudadanía sobre los miles de casos de enriquecimiento ilegal que cientos de empresarios capitalistas, latifundistas y grandes comerciantes cometen a través de groseros sobreprecios en sus productos y la flexibilización laboral en perjuicio de sus trabajadores.
Nunca el Socialismo del siglo XXI ha propuesto una expropiación universal basada en la eliminación o restricción de la propiedad para todas las clases sociales ni todo tipo de bienes materiales.
Por ello, es indispensable fomentar la debida comprensión de la nueva legislación revolucionaria sobre la utilidad pública y el interés social para la profundización efectiva de la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación de todos los compatriotas.
Constitucionalista. Profesor UCV.
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