¿Cómo ha sido el vía crucis de la comercialización del petróleo de los venezolanos?

El común de los venezolanos vivimos truculentamente convencidos durante años, que la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela el primero de enero de 1976, fue un acto de plena y absoluta soberanía. Es necesario dejar explícito, para los venezolanos de hoy y las nuevas generaciones, que ese hecho estuvo rodeado y plagado de un conjunto de circunstancias, negativas por antivenezolanas, que pasamos a señalar de inmediato. En los años de la década de 1970 del siglo XX se produjo un conjunto de hechos geopolíticos de gran trascendencia internacional, la crisis energética de 1973, el fortalecimiento de la OPEP en la defensa del negocio petrolero frente al cartel de las compañías, la abrupta caída y recuperación de los precios entre 1977 y 1979, y lo que se dio a conocer la enfermedad holandesa. La crisis de Yom Kippur (1973) trajo una reorientación de la política petrolera nacional, expresada en la reforma del Impuesto Sobre la Renta a los fines de aumentar el impuesto sobre los ingresos netos petroleros, la fijación por parte del Estado de los precios de exportación del petróleo venezolano, la Ley de Reversión Petrolera (1971), la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural (1971) y la Ley del Mercado Interno de los Hidrocarburos (1973).

Después de la crisis del petróleo de 1973, se dio un breve período de prosperidad económica de Venezuela de muy corta duración. El exceso de petróleo en el mercado petrolero internacional a partir de la segunda mitad de 1979 se caracterizó por la violación de las cuotas de los países miembros de la OPEP, que no se estaban adhiriendo estrictamente a los volúmenes asignados, y de nuevo se desplomaron los precios del petróleo. Durante la década de 1990 los síntomas de la enfermedad holandesa fueron cada vez más evidentes, cuando entre 1990 y 1999, la producción industrial de Venezuela se redujo de 50 por ciento a 24 (-26) por ciento del PIB del país, en comparación con el resto de América Latina, que se contrajo de 36 por ciento a 29 (-9) por ciento. Ya estaba en entredicho la eficiencia de PDVSA, porque, mientras de 1976 a 1992 el promedio de los ingresos de PDVSA destinados a gastos de la empresa fue del 29 por ciento dejando un 71 por ciento para el gobierno pero lo escandaloso y groseramente notorio es que entre 1993 a 2000, esa distribución fue completamente revertida, al punto de que el 64 por ciento de los ingresos de PDVSA se fueron en costos y gastos de la empresa, mientras sólo el 36 por ciento quedó para el fisco nacional. Ello obligó al Presidente Caldera (1997) a reclamarle a PDVSA la entrega de Dividendos, que nunca habían sido depositados en las cuentas del Estado venezolano.

Durante el último trimestre de 1975, los jerarcas del Poder Petrolero venezolano (léase Alberto Corradi, Guillermo Rodríguez Eraso, Juan Chacín, entre otros), y el grupo autodenominado meritócratas a durante la década de 1990, entre quienes destacaban Luis Giusti, Humberto Calderón Berti, Gustavo Coronel, Andrés Sosa Pietri, Juan Fernández…, habían desnacionalizado la industria progresivamente. Hicieron importantes “asociaciones estratégicas” con la idea de “globalizarla” con negocios que fundamentalmente beneficiaban a las transnacionales (Mommer:2003). Adoptaron políticas que condujeron a una desvalorización del petróleo, llevando los precios a niveles históricos de 7 $/B, además de actuar deliberadamente en función de debilitar la Organización de Países Exportadores de Petroleo (OPEP) y salirse de ella. En síntesis, esta meritocracia hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el negocio petrolero produjese beneficios, dividendos, ingresos sustanciales para los bolsillos de particulares, especialmente para la Gran Gerencia y sus “socios” de las transnacionales.

La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela vio amenazada su política de entrega de PDVSA al capital internacional y frustrados sus planes, arremetieron contra el gobierno bolivariano desde muy temprano. La culminación de esa arremetida estuvo representada por el Golpe de Estado y el Sabotaje petrolero de 2002. Todavía mantenían sus privilegiadas posiciones en la industria, cuando el acceso de Gastón Parra Luzardo a la presidencia de PDVSA despertó sus alarmas y apuraron sus planes golpistas.

La política petrolera venezolana estaba tomando otros rumbos. La comercialización del petróleo bajo la dirección de Chávez comenzaba a a dar dividendos. De un promedio de 10,57 US$/b en 1998, último de la era Giusti, se pasó a 16 US$/b en 1999 y a 25 US$/b en el 2000.

Esta nueva política comercializadora del petróleo venezolano presenta una cara muy distinta. Se ha abierto la gestión del negocio a todos los cinco continentes, mientras que la renta petrolera ahora llega a todos los rincones del país a través de las Misiones: Robinson, Ribas, Sucre, Barrio Adentro I, II, III y IV con los Centros de Diagnóstico Integral CDI, Salas de Rehabilitación Integral SRI, Misión Milagro, Gran Misión Vivienda Venezuela, Negra Hipólita, Mercal, Pdval, y paremos de contar.

Sin duda alguna que esta nueva política de comercialización, con todo y los bemoles que presenta una gerencia que deja mucho que desear por los elevados costos de adquisición de crudo internacional para alimentar las refinerías del exterior, por el manejo poco transparente de las finanzas petroleras, que muy poco margen de ganancia nos deja, es ampliamente preferible a la que manejaron los jerarcas del Poder Petrolero y los meritócratas de los años que transcurrieron entre 1976 y 1998.

*Miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia

cepo39@gmail.com



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César Prieto Oberto*

Profesor. Economista. Miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Candidato a Dr. en Ciencia Política.

 cepo39@gmail.com

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