Las firmes posiciones de mi panita Iris, la Ministra, han puesto a vociferar a cuanto “experto” en cuestiones de candado llega a una televisora burguesa. Toda la moralina conservadora y los prejuicios saltan a la vista. Veamos por qué: El Estado burgués transforma por reducción, la confrontación política propia de la lucha de clases, constituyente genético de la sociedad, metamorfoseándolo en litigio jurídico. Así, normaliza toda posible desafiliación a favor de un supuesto espacio neutral de reconciliación. La justicia es parte del régimen de visibilidad del dispositivo desde donde se enuncia lo bueno. De este modo, la legitimidad es un estado de consenso logrado por la persuasión o la fuerza, en un momento dado, en torno a un discurso. Pero de cuando en cuando, a este tinglado se le ve la costura, como por ejemplo, durante las operaciones de matanza en masa llevadas a cabo por la OTAN sobre el pueblo libio, con la anuencia y legitimidad de la ONU y sus aparatos imperiales. La lógica que califica de terrorista a un país, es la misma que se aplica a la calificación del delito común. Revisemos el espíritu y estructura de nuestro Código Penal y los proyectos de reforma presentados, todos ratifican esta tendencia. Se criminaliza a la pobreza al punto que se convierte a esta, casi que en un requisito para llegar a la cárcel. Basta con conocer las cifras de delitos y la composición social de los reos. El control social de las formas institucionales opera separando el conflicto general de las transgresiones particulares, haciendo aparecer el delito como un problema individual. Por eso Marx hablaba del fetichismo metafísico de las formas jurídicas burguesas, asumiendo que el discurso que hace a todos los ciudadanos iguales ante la ley, no pretende más que enmascarar en un universo de opacidad, todas las condiciones del carácter desigual de la sociedad de clases. Esta mimesis, este aplanamiento “democrático” del sistema judicial, contiene a la pobreza, convirtiéndola en lugar de criminalidad potencial. El principio de igualdad borra las asimetrías a favor de un universo ideal de habla, en donde particulares, dirimen libremente sus contradicciones al interior de un marco justo comúnmente concertado. A esta contradicción de base, responden los juristas constitucionales, con los axiomas de la filosofía política positivista, que desde Platón se enuncia haciendo coincidir igualdad con oportunidad ante cosas y situaciones semejantes, atenuado solo por particularidades en cada caso. La ley equilibraría ambas partes a favor de la justicia. Así, se instaura un saber que discrimina y organiza la aplicación de castigo, conforme a los dictados de una idea del bien en función de los dictados presentes en el régimen de opinión pública que gobierna un momento de la vida social. La política queda así, aparentemente desterrada y excluida del escenario de toma de decisiones sobre las cuestiones jurídicas. Reduciendo todo a un orden de apariencias que se reconoce como problema técnico, digno de especialistas, administradores de justicia. De esta manera, el orden de exclusión se asegura la perpetuidad del discurso burgués como lógica de sentido. Cuando Foucault decía que cárcel, matrimonio, escuela, manicomio y hospital, son esencialmente lo mismo, no hacía otra cosa que denunciar la trampa jaula del discurso jurídico y como ha penetrado y colonizado la fibra profunda y microfísica de la vida social, al introducir el derecho como base de toda relación de intercambio, liquidando la posibilidad de la palabra y el acuerdo libremente concertado. Esta forma de contrato social desde el compromiso y la mirada empeñada, va quedando solo para anarquistas y rufianes. Pero es paradójicamente la base desde donde surge el desacuerdo y la revuelta.

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