Apelan a cifras de casas construidas en doce años, enrostran al gobierno que no se produce ni tanto cemento ni tanta cabilla para ese montón de casas, cacarean en torno a la incapacidad del gobierno y así se enfrascan en decenas de argumentos.
Ninguno dice “ojalá cumpla por el bien de los venezolanos” o algo por el estilo. Todos apuestan al fracaso, incluso la muy cristiana jerarquía católica, si este fracaso contribuye a que en diciembre del 2012 la mayoría de los venezolanos y venezolanas deciden votar contra el proyecto bolivariano y su líder más representativo.
A la derecha, sus medios, sus encopetados y sus curas de renombre les importa un pito que millones de venezolanos se queden sin casa, a tal punto que el déficit habitacional resulte incalculable al momento en que ellos, hipotéticamente, tomen el gobierno.
Toca, entonces, al gobierno, y a quienes de alguna manera -así sea desde nuestra posición de desocupados- acompañamos este proyecto bolivariano, asumir el reto y darle chola para cumplir con las metas.
No es fácil, nada fácil, hacer reales estas metas; más turbio el panorama cuando asumimos que el Estado siendo el productor de cemento, no tiene el más mínimo control sobre el mismo.
De esta manera el cuadro que tenemos al frente nos dice que el cemento se produce para un precio, se mete en un saco para un precio, sale de la fábrica para un precio, empieza por el largo trajinar que llaman la “red de comercialización” para un precio.
Y llega al consumidor al precio que le parezca a quien vende. Con un detallito: la diferencia entre el precio calculado, repensado y el precio real de venta es inmenso.
Lo peor del asunto es que este perverso mecanismo se ha vuelto normal y hasta el propio gobierno se queja de la vaina como si fuese algo imposible de evitar.
Ni Indepabis, ni la Guardia Nacional, ni la Asamblea Nacional han logrado controlar este desbarajuste.
Nadie sabe si es que existe una ley secreta, un mandato celestial impuesto por las religiones que nos asaltaron hace más de 500 años, una disposición de los santeros, una resolución de las religiones afrodescendientes, una promesa de los pueblos originarios, un acuerdo en la ONU o en la OEA, una maldición de Alfaro Ucero o quién sabe qué demonios que impida poner las cosas en orden.
Lo cierto es que tenemos un Satélite del carajo, nos sobran diputados que averiguan a tiempo cuando hay un plan para asesinar a Chávez, montamos fábricas para hacer celulares, pero no sabemos cómo controlar el precio de una vaina que hace el Estado: el bendito saco de cemento.
La realidad está allí, pero nadie en el alto gobierno la menciona.
Nosotros, desde nuestra posición de desocupados, no alcanzamos a entender el asunto. Pero consideramos que debe resolverse para ayudar en algo a la construcción de casas.
De una cosa estamos seguros, el precio del cemento nada tiene que ver con una conjura del imperialismo; eso es un peo nuestro.
