Parte I

Diputados: ¡ignorantes políticos! y leyes educativas

 Es cierto que una ley no garantiza que sobre el tema legislado puedan lograrse cambios para transformar una sociedad. Venezuela en un mal ejemplo de que las leyes, poco a poco, se convierten en letra muerta. De hecho, aquí cualquier conductor viola normas elementales de circulación: exceso de velocidad, estacionarse en zonas prohibidas (especialmente en zonas escolares, aceras y rayados) o  violar la luz roja del semáforo.

 Aquí se aprueban leyes todos los días (nacionales, regionales y ordenanzas), pero nadie se entera de sus contenidos, debe ser por aquello de lo establecido en el extemporáneo Código Civil Venezolano (Art. 2), el cual nos recuerda que: “La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”; comprobando con ello la tesis de célebres intelectuales de que las leyes son promulgadas para los pendejos.

 La Ley Orgánica de Educación (LOE) es otro ejemplo de leyes que son violadas por la misma Asamblea Nacional, pero nadie se pronuncia al respecto, y quien lo hace; pues tácitamente es señalado de contrario a los intereses de la “patria” y jurado enemigo del Gobierno Nacional, es decir, “contrarrevolucionario”. Así bastaría preguntarle a los reelectos diputados y aquellos no reelectos (caso Nueva Esparta) ¿Quién es más traidor? ¿Quién legisla y viola su propia legislación o quién denuncia que tal legislación ha sido desacatada por razones desconocidas por sus “aprobantes”? En el caso de la LOE, sobre Disposiciones Transitorias, Finales y Derogatoria, (secciones, segunda y tercera), establecían que en un lapso no mayor de un año de la entrada en vigencia de la ley (15-08-2009), se promulgarían y sancionarían las leyes y el reglamento derivado de la LOE. Peor aún, es el caso del reglamento derivado de la inocua (en el plano administrativo) reforma (10-12-2007) a la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna), el cual tiene casi tres años de mora. No obstante, al parecer, el código de ética de los(as) diputados(as), les permite a ellos(as) violar leyes. Y después nos preguntamos: ¿Por qué la oposición nos impidió obtener los dos tercios de diputados en las elecciones parlamentarias? ¡Ignorantes políticos!

 Resulta contradictorio que mientras ha habido un avance muy importante en el tema educativo durante los 11 años de gestión del Presidente Chávez, especialmente en términos de inclusión a través de las misiones educativas (Robinson, Ribas y Sucre); no se hayan construido planteles exponencialmente al crecimiento de la población. Programas inicialmente exitosos como de alimentación escolar, hoy estén dando tumbos. Que hablemos de tecnología educativa, pero confundamos la “educación tecnológica” con la presencia de una computadora y no del manejo y conocimiento del equipo, componentes y programas. Que aún tengamos docentes con dualidades en salarios y beneficios (“nacionales”, “estadales” e incluso “municipales”). Que la estabilidad laboral de los docentes (sobre todo de instituciones privadas) dependa de la voluntad del “jefe”. O que pretendamos tener 200 días hábiles de clase aferrados con un calendario escolar que promueve el ocio, la flojera y la cultura foránea; son signos inequívocos de que la calidad de la educación va en detrimento absoluto por culpa de la burocracia, la ineficiencia y el sectarismo; y con ello sentenciar la quiebra moral del país.

 En razón de los retos que enfrenta la educación venezolana, y la necesidad que tiene el Gobierno Bolivariano, ante el compromiso con su pueblo de “no fallar”, resulta impostergable crear un conjunto de leyes educativas: Ley de Infraestructura Educativa (LIE), Ley de Alimentación Escolar (LAE), Ley de Acceso a las Tecnologías para el Conocimiento Educativo (Latce), Ley para la Unificación del Ejercicio Docente en instituciones Oficiales y Privadas (ésta tal vez con rango orgánico, y previo a la supresión de pasivos docentes en gobernaciones y alcaldías a través de otra ley) y una Ley de Administración Educativa (LADE) que regule el calendario escolar y la designación de las autoridades (directores, coordinadores y defensores) en todas las instituciones educativas. Leyes como éstas deberían ser parte de las anheladas “tres erre al cuadrado” que el Presidente de la República nos exige en su discurso. ¿Estará dispuesta la actual o próxima Asamblea Nacional de discutirlas? Seguiremos comentando el tema.

 

javiervivas_santana@yahoo.com



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Javier Antonio Vivas

Lic. en Educación en las menciones de Ciencias Sociales y Lengua (UNA) Maestría en Educación mención Enseñanza del Castellano (UDO) Dr. en Educación (UPEL) Profesor de la Misión Sucre (2003 -2012)

 jvivassantana@gmail.com      @jvivassantana

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