En 1999, detectamos en varias universidades privadas el dictado por años de una serie de carreras no autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), algunas incluso con promociones próximas a graduarse. Éste último era el caso de 4 cohortes de derecho en el oriente del país, cuyos títulos no hubieran sido firmados por el Ministro de Educación, pues las carreras no tenían la aprobación del organismo competente. Presentamos informes de los distintos casos al CNU y solicitamos que, en uso de sus atribuciones legales, paralizara el funcionamiento ilegal de las carreras, mientras se imponían los correctivos a que hubiere lugar, pero por encima de todo, evitar daños mayores a los estudiantes afectados, los cuales no eran responsables del fraude académico cometido en su contra.
El CNU aprobó nuestro informe y recomendaciones, por lo que las sedes ilegales debieron paralizar sus actividades. En ese momento, algunas autoridades y estudiantes de las instituciones afectadas me protestaron y me llamaron enemigo de la educación privada y “estatizador”. Con el tiempo, aceptaron sus errores, los corrigieron y terminaron agradeciéndonos la firmeza de nuestras acciones. Hoy, nos encontramos con una situación muy similar, pero originada por una universidad oficial y un rector supuestamente del proceso revolucionario. Sin informarnos siquiera abrió más de una docena de carreras, en sedes inadecuadas, sin aulas ni laboratorios dotados, sin bibliotecas, sin salas de informática, sin programas adecuados. Esto lo hace el rector siguiendo las instrucciones de un personaje muy dañino para la educación superior venezolana, que ocupa un elevado cargo en el Ministerio de Educación Superior y cuyo nombre daremos más adelante.
Al rector Carrillo, que así se llama el funesto personaje, por la apertura de las carreras ilegales, pero más por el fraude académico que significan sus acciones: apertura de programas en sedes totalmente inadecuadas, sin profesores preparados, reducción de la hora de clases a 40 minutos y los semestres a 12 semanas, y por otros atropellos e ilegalidades cometidos como la destitución ilegal de autoridades universitarias, el cobro de matrícula a los estudiantes cursantes de las carreras ilegales, la destitución de funcionarios universitarios sin el debido proceso, la instrucción de expedientes a los estudiantes que se oponen a sus desmanes, la contratación ilegal de cientos de docentes sin disponer de las partidas presupuestarias para ello y la creación de estructuras administrativas sin el permiso correspondiente del CNU. Como si todo lo anterior fuera poco, el profesor Carrillo cobra por las clases que da en la universidad de la cual es rector. El enfrentamiento de todos estos desmanes por parte de nosotros ha hecho que los delincuentes nos califiquen de neoliberales y complacientes con la educación privada, justo lo opuesto de las acusaciones que nos hacían en 1999-2000.
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