Las acciones militares ordenadas por el Presidente Uribe Vélez sobre territorio ecuatoriano jamás tuvo la autorización de ese gobierno, ni del pueblo de ese país, lo que se constituye en una flagrante violación a la soberanía de la hermana república del Ecuador e indica a las claras, que el presidente colombiano no se detendrá ante ningún obstáculo en su afán por exterminar a las organizaciones políticas y militares que se oponen a la gestión del jefe de los paramilitares en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que reside y despacha desde el Palacio de Nariño.
No hay duda que el gobierno colombiano -que estamos seguros no representa los intereses del pueblo trabajador y excluido de la hermana república- ha contado con la asistencia militar, apoyo económico y pleno respaldo político por parte de su jefe George Bush, Presidente de los Estados Unidos, para ejecutar esta acción que avasalla y lesiona la autonomía e independencia ecuatoriana.
En lo que respecta a los resultados del operativo militar, ha quedado plenamente establecido que la muerte de Raúl Reyes y de los otros guerrilleros que le acompañaban, no fue en combate como en forma mentirosa lo asegurara en sus inicios el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, sino que se trató de una ejecución sumaria, luego de que los integrantes de las FARC quedaran gravemente heridos e indefensos.
El asesinato de Raúl Reyes y sus acompañantes se suma a la larga lista de ejecuciones sumarias autorizadas por el Presidente Álvaro Uribe durante 6 años de gobierno y confirma su fisonomía de criminal de guerra, a quien poco le importa los derechos humanos y la vida de sus opositores políticos y militares. Esto no es nuevo, porque la opinión pública internacional conoce de sobradas maneras que Álvaro Uribe fue precursor de las cooperativas Convivir, organizaciones que fueran la base sobre las que florecieron y desarrollaron las temidas bandas de sicarios y organizaciones paramilitares que en menos de 15 años han desplazado a más de un millón de campesinos pobres despojándolos de sus tierras y son las responsables del asesinato a través de tétricas masacres de más de 30.000 activistas políticos, sindicalistas, periodistas, profesores universitarios y defensores de derechos humanos y del exterminio de organizaciones de izquierda, como aconteció con la Unión Patriótica y sus más destacados dirigentes públicos como lo fueron los candidatos presidenciales Pardo Leal y Bernardo Jaramillo.
Ese mismo gobierno, que se escuda tras el velo de una supuesta legítima defensa para justificar la violación de la soberanía ecuatoriana y califica de terroristas a las organizaciones guerrilleras, es el mismo que ha condenado a muerte a los prisioneros de guerra y a los rehenes políticos en poder de las FARC, por cuanto se niega a un intercambio humanitario que permita que los retenidos vuelvan al seno de sus hogares.
Los revolucionarios no podemos guardar silencio ante los crímenes de guerra y el pisoteo a la dignidad y soberanía de los pueblos hermanos que realiza el Presidente Álvaro Uribe. Más que nunca debemos llamar a la movilización de los pueblos latinoamericanos para que conjuntamente con organismos defensores de los derechos humanos y las libertades democráticas que existen en el mundo entero, denunciemos el siniestro papel que cumple Álvaro Uribe y su jefe político, el Presidente de los Estados Unidos George Bush.
Es un deber inaplazable exigir en todas partes, mediante movilizaciones y diversos actos antes las embajadas y consulados, que los gobiernos latinoamericanos rompan relaciones políticas, económicas, diplomáticas y militares con el gobierno colombiano, responsable de la más grande orgía de sangre y muerte que se tenga memoria en la historia de la hermana república.
Consideramos como recursos válidos y soberanos las acciones tomadas por los Presidentes Correa y Hugo Chávez, de reforzar militarmente las extensas zonas de frontera con Colombia para evitar cualquier tentativa de las fuerzas armadas de ese país dirigidas por Álvaro Uribe de socavar la soberanía de nuestros países; y en especial reivindicamos la expulsión del embajador de Colombia en Ecuador. Pero consideramos que esta medida será exclusivamente preventiva y no podrá entenderse como el inicio de hostilidades bélicas, porque no será una guerra, entre otras cosas fraticida, la que liberara a los trabajadores y al pueblo colombiano, del yugo que le ha impuesto la oligarquía, los capitalistas y el imperialismo norteamericano.
Más que la invitación a una confrontación bélica con las fuerzas armadas colombianas, consideramos más útil y revolucionario el llamamiento fraternal a los trabajadores organizados en la Central Unitaria de Trabajadores, en la CGTD y demás centrales obreras, a los campesinos, al combativo movimiento estudiantil y a las comunidades excluidas y explotadas de la hermana república, para que se movilicen y se rebelen contra el gobierno genocida de Álvaro Uribe, que apuntalado en las bandas paramilitares y en acciones fascistas se ha instalado en el Palacio de Nariño y pretende quedarse en forma permanente.
Hacemos invitación amistosa a las fuerzas insurgentes del hermano país, para que retomen la senda de la movilización de masas y desechen las acciones aisladas y la retención de personal civil, por cuanto estos métodos antes que acercarlos, los alejan de las fuerzas vivas del pueblo que están necesitadas de una conducción política revolucionaria que las conduzca correctamente en el enfrentamiento contra sus enemigos de clase, como son los terratenientes, los empresarios, los grupos económicos, el poderoso sector financiero, las multinacionales y el imperialismo.
La única posibilidad real de que no lleguemos a una situación extrema de confrontación armada, que entre otras cosas no puede ser el deseo de los trabajadores y los pobres de las tres naciones, es que aupemos y expresemos nuestra solidaridad combativa y revolucionaria con el pueblo colombiano para que se saque de encima a un Presidente y a un Gobierno que se ha declarado enemigo de su pueblo, de la unidad latinoamericana y fiel defensor de los intereses de las potencias imperialistas, en particular del gobierno de los Estados Unidos.
En los casos de Ecuador y Venezuela, como trabajadores reivindicamos la necesidad de que nuestras organizaciones tengan pleno acceso a las armas y adiestramiento militar, para estar preparados ante cualquier eventualidad de agresión a la soberanía de nuestros países. Que los gobiernos del Presidente Chávez y del Presidente Correa, rompan relaciones definitivamente con Estados Unidos. Que nuestros pueblos, en forma conjunta nos movilicemos para exigir la anulación de los convenios que permiten que el imperialismo yanqui tenga una base militar en Manta, Ecuador. Que reclamemos mancomunadamente el retiro de todos efectivos militares norteamericanos desplegados en esa base y el resto del territorio ecuatoriano, así como exigir la ruptura de cualquier compromiso diplomático que a través de la OEA o de la ONU nos comprometa militarmente con Estados Unidos y demás países imperialistas.
En el caso particular de Venezuela, país en el que existe una poderosa conciencia anti-imperialista, consideramos que es la mejor oportunidad para demostrar nuestro repudio a las potencias internacionales y que mejor forma de hacerlo, que confiscando los bienes de las multinacionales, comenzando por las multinacionales del sector petrolero, automotriz, de auto partes, metalúrgico, minero y siderúrgico, especialmente de Sidor, empresa ésta donde se violentan los derechos del pueblo trabajador.
Es la hora de pasar a la ofensiva suspendiendo el envío de petróleo a los Estados Unidos, así como el mejor momento para retirarse y desconocer el montaje que los tribunales internacionales hacen en Londres a favor de la Exxon Mobil y en contra de los intereses de PDVSA y el pueblo venezolano. Ha terminado la hora de la retórica anti-imperialista y se impone la de la acción consciente y genuinamente revolucionaria anti-imperialista para derrotar a los enemigos de los trabajadores y el pueblo colombiano, que son exactamente los mismos enemigos que poseemos los trabajadores y pueblos de Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, México y resto de países latinoamericanos.
Por último, queremos dejar en claro que ante la eventualidad de una provocación militar de las fuerzas armadas colombianas contra nuestro pueblo, no vacilaremos en movilizarnos a favor de nuestra nación y soberanía y llamaremos a los trabajadores y el pueblo colombiano a que volteen las armas contra el gobierno de Álvaro Uribe, títere de los explotadores capitalistas y del imperialismo yanqui.
Comité Nacional Impulsor del Movimiento por un Partido de los Trabajadores :
Miguel A. Hernández, Orlando Chirino, José Bodas, Richard Gallardo, José Barreto, Jackson Bautista, Emilio Bastidas, Armando Guerra, Rafael Ruiz