¿Revolución sin derechos?

Las conquistas históricas de la clase trabajadora venezolana están en riesgo extremo de
desaparición. No sólo se incumple la constitución y la ley del trabajo, sino también los
convenios internacionales vigentes, que amplían las garantías para hacer realidad el ejercicio
de los derechos laborales. La reiterada denuncia de la violación a todas las normas del trabajo
en Venezuela, evidencia el retroceso general en las condiciones de vida de la población.
De hecho, la movilización popular en demanda de salario igual a la canasta alimentaria,
discusión de convenciones colectivas, estabilidad en el empleo y, pensiones y jubilaciones
dignas, sólo obtiene como respuesta gubernamental la represión. No hay soluciones a los
conflictos laborales, sino hostigamiento y descalificación. Para colmo, cual nuevo zarpazo al ya
mermado ingreso de las trabajadoras y trabajadores, aparece el fraccionamiento del bono
vacacional, que ahora ante la presión de la lucha anuncian que pagarán completo, aunque... habrá que ver si se cumple.

El anuncio de esta nueva agresión a los derechos laborales, puede considerarse el comienzo
del fin para una reivindicación cuyos antecedentes se remontan a las primeras legislaciones del
trabajo en el siglo XX. Paradójicamente, la exposición de motivos de la actual ley laboral
venezolana, vigente desde el año 2012, anunciaba una supuesta ampliación en el pago del
bono vacacional. Es decir, se debía agregar un día de pago adicional por cada año de
antigüedad en el desempeño, hasta un máximo de 30 días. Esta engañosa publicidad se puede
constatar en la síntesis de contenido referida al título III de esta ley, denominado "De la justa
distribución de la riqueza y las condiciones de trabajo".

Ahora bien, ese instrumento legal promulgado en vida de Chávez, fue una de sus grandes
promesas durante su campaña electoral en 1998 y la verdad es que poco o nada ha servido
para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora. Hoy, apenas una década después de su
puesta en vigencia, la ilusión óptica de sus supuestos avances y beneficios, se desvanece de
forma inobjetable, como desaparecen los espejismos.

Pero en el repertorio gubernamental de lesiones a los derechos laborales, hay más. Debido al
derroche de los dineros públicos y a los corruptos manejos de un presupuesto nacional que es
imposible de auditar, entre otros motivos porque lleva más de 5 años sin publicarse en gaceta
oficial, la renta petrolera no alcanza para cumplir los compromisos laborales del estado. Uno
de ellos es precisamente el bono vacacional.

No parece casual que los anuncios de fraccionar el pago de este concepto estén dirigidos a afectar al profesorado universitario. Se trata de uno de los sectores más movilizados en el período reciente, con motivo de su rechazo justificado al instructivo ONAPRE. Tampoco es una mera coincidencia que se trate de suprimir esta percepción económica de las nóminas, por cuanto el bono vacacional forma parte de las incidencias salariales, o lo que es lo mismo, del patrimonio que el estado venezolano pretende sustraerle o quitarle al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores.

La explicación de este fenómeno de apropiación indebida de un derecho que integra el salario, no es otra que la simple y llana inexistencia de fondos para pagar. La corrupción, los altos mandos militares, la delincuencia enquistada en las esferas decisorias del gobierno, lo quieren todo, incluso el salario de la gente que no tiene otra opción que la función pública.

Además, gracias a la destrucción del aparato productivo nacional, la inflación y el caos
cambiario, hay muy poca capacidad para generar empleo por parte del sector privado.
Venezuela presenta un cuadro de precarización laboral sin freno: un salario mínimo irreal,
jornadas por menos de un dólar diario, personas con tres o más formas de ocupación
remunerada para poder subsistir, entre ellas realizar actividades como la de hacer la cola para
echar gasolina o esperar la caja CLAP, oficios de carácter profesional cada vez menos ejercidos,
entre muchas otras situaciones de hambre y humillación, son el pan nuestro de cada día.

Debido a esta situación general, muchos empleos en la empresa privada poseen corta
duración, y por eso, se desconoce en términos materiales lo que significa el acceso al disfrute
de las vacaciones. Hay gente que no llega al año en un mismo puesto de trabajo. Más aún, el
pago de ese bono vacacional ampliado al que se refiere la exposición de motivos de la LOTTT,
es bastante escaso, por no decir inexistente. El ministerio del trabajo no debe llevar
estadísticas de ello, como tampoco las lleva de las inspecciones sobre accidentes laborales en
la industria petrolera, eléctrica o telefónica, todas en propiedad del estado.

De otra parte, si bien el llamado bloqueo a algunas de las negociaciones internacionales del
gobierno venezolano pudo causar algún bache en el ingreso nacional, lo grueso de las
dificultades financieras del estado tiene su causa en el despilfarro a costa del erario público.
Inversiones faraónicas del tipo Alba, absolutamente inútiles para el pueblo, y desaguaderos
como las cajas CLAP, se dan la mano con el fraude de la gran misión vivienda Venezuela, el
desfalco de la red ferroviaria nacional, el olvidado proyecto Guaire, Bolivariana de puertos, el
poder comunal, el control obrero y otros experimentos que, en su mayoría, sólo sirvieron para
enriquecer a la élite gubernamental y a la caterva de lobistas que se mueve a su alrededor.

Incapaz de detener la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la inflación y otros males
económicos, el gobierno echa mano a su propia nómina. Como un cáncer invasivo el retroceso
en los derechos laborales cava poco a poco la tumba de la falsa revolución. Un supuesto
proyecto socialista que vendió la idea de restablecer las prestaciones sociales y acabar con la
miseria del pueblo, es en realidad un gobierno capitalista, explotador y que devora a la clase
trabajadora, haciéndola víctima de una pavorosa crisis y poniéndola a pagar los platos rotos de
su propio vandalismo y pillaje.



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Esperanza Hermida Moreno

Militante de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (C-CURA). Cofundadora y expresidenta del Sindicato de Trabajadores Tribunalicios (Venezuela). Con trayectoria sindical latinoamericana en la CLAT y CSA. Defensora de Derechos Humanos.

 esperanzahermida@gmail.com      @espehermida

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