Inspectorías del Trabajo: burocracia y corrupción

Juan es un trabajador de una institución educativa del Estado, a comienzos de 2010 fue contratado para prestar sus servicios por un lapso de 6 meses; a mediados de junio, le entregan el contrato para que lo firme y le comunican que trabajará hasta finales de mes, además, le alaban por su buen desempeño y le manifiestan que lo considerarán para nuevos trabajos, él contento ni se interesa por reclamar algún derecho laboral, pese a que no le cancelan el salario mínimo legal, no le descontaron seguro social, política habitacional ni paro forzoso, no tuvo acceso al contrato colectivo de los trabajadores/as regulares. Pues bien, finalizado el mes, a Juan le dejan trabajando en su mismo puesto de trabajo; así pasa todo el año, llegando a marzo de 2011, y le aplican la misma medicina, a comienzos de dicho mes le entregan el contrato para que lo firme y le comunican que trabajará hasta fin de mes. Con dos hijos a cuesta, una familia que mantener y un trabajo que le gusta, además, en la institución, el resto de trabajadores/as mantiene un conflicto en exigencias de pago de deudas y nueva contratación colectiva. Juan, en su interacción con el resto de sus compañeros/as, ha tomado conciencia sobre algunos de sus derechos que no le han reconocido. Así, decide acercarse al sindicato y consultar su caso.

    En el sindicato, se entera que existe inamovilidad laboral, además le instruyen no firmar el contrato y una vez finalice el mes, dirigirse a la Inspectoría del trabajo a ampararse, con la finalidad de solicitar su reenganche y pago de salarios caídos. Juan, encuentra en el apoyo sindical, una luz  ante la oscuridad que se le avecinaba con el despido. Finalizando marzo, se dirige a una de las Inspectorías ubicada en el centro de Caracas, por cierto lleva el nombre de un connotado dirigente del PCV, ya fallecido, Pedro Ortega Díaz, según le explica un trabajador que allí labora. En tiempos de Revolución, eso lo alienta aún más, el comunismo está a favor de los trabajadores/as, piensa a su interior. Así iniciándose abril, realiza su amparo, es atendido por el personal de la Inspectoría muy bien, eso le llena de esperanzas. Hacia finales de mes, le comunican que debe entregar sus pruebas, lo que hace asesorado por el sindicato y la procuradora que le fue asignada. Su presencia en la sede de la Inspectoría se hace casi diaria, lo que le permite hacer amistad con el funcionariado. Ya en mayo, la procuradora asignada le comunica que las pruebas presentadas por la contraparte se limitan solo a un contrato que tiene su nombre, pero no está firmado por las partes, lo que le resta validez legal. A finales de ese mes, es citado para dictaminar sentencia, el representante de la patronal no se presenta a juicio, desiste del caso, la Inspectoría decide a favor de Juan, ordenando su reenganche y pago de salarios caídos. Se acerca junio, ya lleva 4 meses en este procedimiento, sin llevar recursos para mantener la familia, viviendo de la solidaridad y apoyo de su familia.

  Desde entonces, Juan casi se ha instalado en la Inspectoría, en espera de la Providencia que le permitirá regresar a su puesto de trabajo. Ya en la institución educativa están al tanto, y Juan se ha enterado del disgusto que les ha causado esta reivindicación laboral de su derecho al trabajo. Han pasado julio y agosto, 6 meses ya, desde que inició su reclamo y nada que Juan vuelve a su sitio de trabajo, hasta está pensando buscarse un nuevo trabajo, la necesidad le apremia, vivir de la bondad familiar no le cuadra y se acerca septiembre, listas escolares, uniformes, pasaje para los muchachos, le llenan de estrés solo pensar en lo que viene.

  Para colmo, en conversa con un funcionario de la Inspectoría, casi amigo ya, éste le comunica, que su caso quizás ni salga para este año, de manera extraoficial le informa que “están trabajando con las decisiones del 2009”, eso termina de quebrar sus esperanzas de reincorporarse este año y le induce la búsqueda de un nuevo trabajo. Por fortuna, la economía nacional está en plena recuperación, “estimaciones preliminares del BCV, sobre el producto interno bruto (PIB), a precios constantes, en el segundo trimestre de 2011, reflejan un crecimiento de 2,5%, respecto a similar período del año anterior, que, a todas luces, resulta significativo al contrastarlo con la disminución de 3,2% registrada en el segundo trimestre de 2010, soportado en un crecimiento de la mayoría de las actividades económicas. Este nivel de desempeño, aunado al alza del 4,8% reportada en el primer trimestre, explica el aumento  de 3,6% correspondiente al primer semestre del año”. Juan logra conseguir un “tigrito”, mientras espera salga, algún día, su Providencia Administrativa.

  Esta situación, de la vida real, describe en exactitud lo que está pasando con nuestras Inspectorías del trabajo, en órganos de justicia, que lo son, su burocratismo los convierte en órganos de injusticia, en órganos de servicio a favor de las causas de la burguesía. El burocratismo implica, la indisciplina y la irresponsabilidad hacia el trabajo, el conformismo y la mediocridad hacia lo que se produce, sobre todo, cuando los órganos de dirección del Estado, del gobierno y del partido, se divorcian del pueblo, de las masas y no se abocan a rectificar y reconocer errores de conducción.

  El burocratismo conduce a la corrupción, a la complacencia, a la ausencia del diálogo permanente con el pueblo, a creer que todo va bien, a la despreocupación del proyecto real de hombre/mujer y nación  que se quieren crear, a la desvalorización de la educación del individuo, del dirigente y de los trabajadores/as. La superación del burocratismo, particularmente, en una nueva sociedad, la Socialista, que se pretende humanista, democrática, revolucionaria, sólo puede realizarse con una política de masas correcta, adecuada; donde,  sea el pueblo organizado, quien tome las decisiones fundamentales de la Revolución. La dirección del Estado y del partido revolucionario, necesitan de todos los organismos sociales, estimular la participación del pueblo organizado, promover la consulta y la discusión colectiva, sin temor a la crítica y a la rectificación de las directrices y posiciones políticas equivocadas. 

  Hoy, las Inspectorías del trabajo se han convertido en órganos anquilosados, desvinculados de la realidad nacional, a quienes urge revolucionar y colocarlas a tono con el proceso de cambios que vive nuestra Patria. De no hacerlo así, esas instituciones y su ministerio de adscripción, el MINPPTRASS, no podrán dar cumplimiento al mandato expreso  de nuestra Constitución Bolivariana: “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado…” (CRBV, Artículo 89).

  La Central de Trabajadores/as, mayoritaria en nuestro país, Únete, ha sido bien precisa en su análisis crítico sobre esas instituciones, que urge transformar:

  • Las Inspectorías del Trabajo han creado un “estado de indefensión absoluta debido  a la denegación de justicia en sede administrativa provocada por los funcionarios de las Inspectorías del Trabajo y el INPSASEL”.
  • Se han colocado al margen del mandato constitucional y legal, “tienen órdenes de no amparar a los trabajadores que devenguen más de tres salarios mínimos, con lo cual es público y notorio que ya se está juzgando sin derecho a la defensa al rechazar las solicitudes sin siquiera revisarlas y sobre todo concluimos que NO HAY ESTABILIDAD LABORAL HOY EN EL PAIS, ya que se ha desvirtuado totalmente el decreto de inamovilidad presidencial…”
  • “En cuanto al registro de las organizaciones sindicales regionales y nacionales, la discrecionalidad de los funcionarios es tan evidente que la mayoría de los trabajadores que acuden a las Inspectorías a introducir una “proyectada sindical”, son despedidos, acosados, perseguidos de inmediato por la patronal o después de subsanar en los lapsos establecidos y conforme a derecho opera el silencio administrativo o silencio cómplice de los funcionarios, de quienes se rumora que presuntamente han tarifado con un precio el registro de un sindicato y con otro impedir el registro de un sindicato, ejemplo emblemático de esto, cerca de 40 organizaciones sindicales que en Aragua esperan por respuesta de la Inspectoría…”
  • “En muchos casos se les niega la posibilidad a los trabajadores de ser asistidos por dirigentes sindicales y en otros de los casos más descarados aún, en los propios documentos de las Inspectorías hay textos impresos que advierten a los trabajadores “cualquier reclamo debe estar asistido por un abogado”, situaciones como ésta se repiten en todo el país y fueron oportunamente denunciadas ante la propia Ministra del Trabajo María Cristina Iglesias hace más de dos años…”
  • “Se mantiene la tesis de que en nuestro país existen trabajadores de primera, segunda, tercera y excluidos, las contrataciones colectivas del sector público siguen retrasadas con un solo argumento “la falta de legitimidad o cualidad legal de las organizaciones sindicales”, argumento que se aplica según la conveniencia del sector u organización que se trate, así tenemos que Federaciones del Magisterio y de la Construcción  de la CTV, ilegales e ilegítimas suscribieron los contratos colectivos de esos sectores,  Instituciones como el INASS firman contrato colectivo con una coalisión de trabajadores, y a la UNETE se le niega la discusión de petitorios y la contratación colectiva del sector salud, administración pública nacional, obreros y  empleados del sector educación, Teatro Teresa Carreño, cultura, FONTUR, Aeropuertos y pare usted de contar, o se le niega la participación como en el caso de FETRAUNIVERSITARIOS y FENASOESV. Exigimos un solo rasero para todos por igual!”
  • “INPSASEL se ha convertido en el instrumento utilizado para perseguir a quienes defienden la salud y la vida de los trabajadores, persiguiéndolos con despidos, sin hacer respetar la inamovilidad prevista en la LOPCYMAT, interviniendo directamente y tratando de influir en los procesos electorales de base para elegir delegados de prevención, para dividir el movimiento sindical…”
 

 Sí, como dice en su página web el MINPPTRASS: “Las Inspectorías del Trabajo se encargan de los reclamos, despidos masivos, registro de organizaciones sindicales, fuero sindical, conflictos colectivos y función de la administración del trabajo, negociación de convenciones colectivas de trabajo, referendo sindical, reunión normativa laboral, sanciones, solvencia laboral, y cálculo de prestaciones sociales…”, es obvio, que las Inspectorías del trabajo han desistido de dar cumplimiento a sus obligaciones legales y constitucionales, por ende , deben ser repensadas y transformadas, en organizaciones acordes al Estado de Justicia y de Derecho que propugna nuestra Constitución Bolivariana.

  Hoy, nuestras Inspectorías del Trabajo se han convertido en la negación de los principios legales que dan motivo a su nacimiento, como órganos de “conciliación y arbitraje” han fracasado y se han colocado del lado de los fuertes en la relación obrero-patronal, han politizado sus funciones, como sucediera en “el caso de COPOSA en Portuguesa, donde se instaló la discusión y en el medio de ella la Inspectora legalizó una nueva organización sindical en esa empresa, presuntamente por órdenes del Viceministro del Trabajo, el Gobernador y Francisco Torrealba, situación que paralizó la discusión y derivó finalmente en referéndum realizado el pasado viernes y donde la clase obrera derrotó la pretensión de intervención en esa empresa y a la aberración  jurídica de la Inspectora…”, como vemos, convirtiéndose en instrumentos de la burocracia sindical de nuevo tipo, la “bolivariana”. 

  En un gobierno que se ha declarado “obrerista”, una Constitución que declara al factor trabajo como “un hecho social y gozará de la protección del Estado…”, una legislación de las más avanzadas del mundo, en cuanto a seguridad y salud laboral, la LOPCYMAT; resulta inaudito, que las instituciones del Estado encargadas de garantizar la protección del factor trabajo, propulsar su organización y facilitar su integración a la legalidad institucional, actúen en contracorriente, tal es el caso, de las Inspectorías del trabajo. Como bien, lo denuncia la central mayoritaria: “El Equipo Nacional de UNETE ha recibido cientos de denuncias sobre el funcionamiento de las Inspectorías y el INPSASEL y las ha procesado ante la Ministra del Trabajo, recibiendo respuestas en algunos de los casos pero la situación se agrava cada día más haciéndose necesaria la movilización en las regiones para exigir el cese al silencio administrativo cómplice y criminal, justicia para los trabajadores y respuesta a los más débiles, de eso se trata un Gobierno que dice ser revolucionario y obrerista, cuyo líder así se maneja, pero que sus Instituciones y Funcionarios incumplen todos los días…”, pasando de la denuncia a la acción directa, como bien reclamamos los trabajadores/trabajadoras de la Patria: “Por eso invitamos a los trabajadores y trabajadoras a que nos acompañen en esta importante acción que se realizará el martes 30 de Agosto. Es fundamental la transformación del Ministerio del Trabajo y sus Instituciones…”, invitación de la cual nos hacemos eco, como trabajador de la Patria, que somos.  

¡POR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INSPECTORÍAS DEL TRABAJO!

¡POR LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO!

¡POR UNA NUEVA LEY DEL TRABAJO QUE REIVINDIQUE AL FACTOR TRABAJO!

¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN VERDADERO MINISTERIO POPULAR DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, BAJO CONTROL DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA PATRIA! 
 

 

henryesc@yahoo.es



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Henry Escalante


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