Intención de Zelaya de expulsar a la presencia militar estadounidense pudiera haber sido causa del golpe militar

El Presidente Manuel Zelaya fue secuestrado y llevado forzadamente por militares encapuchados desde la residencia presidencial en Tegucigalpa durante la madrugada del domingo, 28 de junio. Fue trasladado a la base militar de Hernán Acosta Mejía en las afueras de Tegucigalpa. Luego de permanecer durante un tiempo en la base militar, el Presidente Zelaya fue enviado a Costa Rica en el avión presidencial, país que lo recibió luego del brutal golpe militar que aún estaba en pleno desarrollo en Honduras. Mientras ocurría el golpe de estado, los militares estadounidenses y los representantes de Washington en la embajada estadounidense en Tegucigalpa tenían conocimiento pleno de los sucesos.
 
Estados Unidos mantiene una base militar en Soto Cano, ubicada a 97 kilómetros de la capital, ha sido operativa desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de Ronald Reagan. En los años ochenta, Soto Cano fue utilizada por el Coronel estadounidense Oliver North, como una base de operaciones para la “Contra”, las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Desde Soto Cano, la “Contra” lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales que resultaron en miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, desfigurados y aterrorizados en Centroamérica.
 
La base de Soto Cano es la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta “Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el Primer Batallón-Regimento No. 228 de la Aviación estadounidense. Son aproximadamente 600 tropas en total y 18 aviones de combate, incluyendo helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven dentro de las guarniciones de la base. En 2005, comenzaron a construir viviendas dentro de la base, incluyendo a 44 edificios de apartamentos y varias residencias para las tropas.
 
La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo “de mano” entre Washington y Honduras autoriza a la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, en un acuerdo “semi-permanente”. El acuerdo fue realizado en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. Cada año, Washington autoriza cientos de millones de dólares en ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del hemisferio. Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede ser retirado sin aviso.
 
El 31 de mayo de 2008, el Presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) será utilizada para vuelos comerciales internacionales. La construcción del terminal civil fue financiado por un fondo del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).
 
El Comandante de la Aviación de Honduras, General Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1996. El jefe del estado mayor conjunto el General Romeo Vásquez, destituido por el Presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor principal en el golpe militar sólo días después, también es graduado de la Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano.
 
Aunque Honduras depende económicamente de Estados Unidos, durante los últimos meses, la relación diplomática entre los países comenzó a deteroriar. En noviembre 2008, el Presidente Zelaya felicitó al Presidente Obama por su victoria electoral, clasificándola como “una esperanza para el mundo”. Pero dos meses después, Zelaya envió una carta personal a Obama, acusando a Estados Unidos de “intervencionismo” y llamando al nuevo gobierno a “respetar a los principios de la no injerencia en los asuntos políticos de otras naciones.” Zelaya también solicitó al Presidente Obama a “revisar a los procedimientos de inmigración y el otrogamiento de visas como un mecanismo de presión contra aquellas personas que tengan creyencias distintas e ideologías que no presentan amenaza ninguna a Estados Unidos.” Adicionalmente, el presidente hondureño le comentó que “la lucha legítima contra el narcotráfico…no debe ser utilizada como una excusa para imponer a políticas intervencionista en otros países.” Poco después, el Presidente Zelaya, junto al Presidente Daniel Ortega de Nicaragua, boicoteó una reunión del Sistema de Integración de Centro América (SICA), en donde iba a estar presente el vicepresidente estadounidense Joe Biden.
 
Washington ha admitido que tenía conocimiento previo del golpe de estado en Honduras desde antes de la semana pasada. En declaraciones a la prensa este lunes, dos voceros del Departamento de Estado comentaron que su embajador y un equipo de la diplomacia estadounidense “estaban en conversaciones” con los actores principales del golpe desde hace un mes. Esas “conversaciones” se intensificaron durante la semana pasada, cuando el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, se reunió tres veces con los militares golpistas y los grupos cívicos para tratar de buscar otra salida.
 
La administración de Obama ha condenando al golpe en Honduras, pero de manera muy mesurada, clasificándolo como una acción que está “evolucionando hacia un golpe”, pero confirmando que legalmente no lo consideran como un golpe de estado. Esta ambigüedad permite a Estados Unidos mantener la relación diplomática con Honduras y el gobierno de facto, reconocer al gobierno golpista, y mantener la ayuda militar y económica al país. En caso de clasificar a los hechos como un golpe de estado, bajo ley, Estados Unidos estaría obligado de romper relaciones diplómaticas y suspender a la mayoría del apoyo económico y militar al país.
 
Obviamente, Washington no quiere arriesgar la clausura de su base militar en Soto Cano y la expulsión de sus 600 efectivos militares. Además, la mayoría de las fuerzas armadas hondureñas y los altos oficiales que han participado en el golpe son aliados y socios importantes del Pentágono. Las acciones del Presidente Zelaya de construir un terminal civil en Soto Cano y autorizar vuelos internacionales comerciales, realizadas con los fondos del ALBA, fácilmente se pudiera entender como una amenaza a la futura presencia militar estadounidense en Honduras. Además de otras razones, esta podría explicar la ambiguidad pública de Obama frente al golpe en Honduras.


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Eva Golinger


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