Notas sobre la ilegítima privatización periférica de la industria petrolera por el gobierno de Delcy Rodríguez 1) La llamada reforma parcial de la ley de hidrocarburos de la ilegítima Asamblea Nacional de 2025 norma el incremento exponencial de la privatización periférica de la industria petrolera, al dejar a PDVSA como estatal pero permitiendo que el capital transnacional y local pueda controlar las operaciones y negocios de la extracción y comercialización del petróleo venezolano, como establece sus artículos 23 y 36. Además, como norma su artículo 34, elimina el control parlamentario en el establecimiento de empresas mixtas y contratos de interés público con empresas petroleras, y en su artículo 35 suprime que las controversias entre el Estado y empresas petroleras privadas tengan como jurisdicción a los tribunales nacionales. Por otra parte, en su artículo 52 regula una posible reducción de la alícuota para las regalías petroleras al estipular un máximo de 30% y un mínimo de 15%. 2) Esto ocurre sin ningún debate nacional porque se supone que existe un consenso para erradicar el histórico nacionalismo petrolero. En realidad, en la Venezuela actual es imposible un debate sincero sobre la política estatal petrolera por el miedo a más ataques militares de EEUU, la autocensura ante las decisiones del gobierno de facto de Delcy Rodríguez, el respaldo de María Corina Machado a la privatización periférica, la estigmatización como chavista del nacionalismo petrolero, y el agudo deterioro de PDVSA. 3) Es falso que el nacionalismo petrolero impide, indefectiblemente, financiar el mantenimiento de la industria petrolera, porque decenas de miles de millones de dólares de los ingresos petroleros del Estado fueron robados y fugados del país a partir de la corrupción, el fraude a las importaciones y la venta de bonos de la deuda en bolívares pagaderos en dólares, y éstas decenas de miles de millones de dólares podrían haberse usado para conservar las capacidades operativas de PDVSA. 4) Muchas personas en medio de la retórica de Trump, el gobierno de Delcy Rodríguez y las oposiciones mayoritarias, se crean ilusiones sobre la recuperación privada de la industria petrolera como una solución mágica a problemas económicos y sociales del país. Sin embargo, si la industria petrolera llega a extraer 3, 6, 9 o 12 millones de barriles diarios no va a generar más de 200 mil empleos. Es iluso pensar que será fácil conseguir empleo en las transnacionales petroleras. 5) Por otra parte, la industria petrolera venezolana en buena medida funciona como un enclave en la economía nacional, porque su expansión o contracción no genera un impacto directo en la demanda agregada nacional, al no encontrarse integrada horizontalmente al resto del aparato productivo del país, es decir, ni sus compras de insumos productivos o masa salarial puede impulsar un crecimiento económico del conjunto de sectores productivos y comerciales del país. Entonces, en caso de que ocurra un crecimiento de la extracción petrolera bajo control de las empresas transnacionales, con una baja alícuota por regalías petroleras, el Estado no tendría un ingreso petrolero del volumen necesario para estimular la demanda efectiva nacional a través de financiar salarios, pensiones, derechos sociales, contratos, compras. Esto podría provocar que sigamos con una deprimida demanda efectiva que imponga la continuidad de un aparato productivo nacional operando con una alta capacidad instalada ociosa. 6) La reproducción consensual del poder estatal, la legimitidad política de los gobiernos y períodos históricos en la Venezuela petrolera, siempre ha dependido de la distribución desigual por el aparato del Estado del ingreso petrolero a las clases dominantes y clases subalternas. Entonces podría ser truncada la posibilidad de un régimen político democrático estable con un Estado que tendrá menos ingresos petroleros porque, en el marco de la ilegítima y nueva ley de hidrocarburos, va a cobrar una menor alícuota por regalías petroleras y entregó el control de la mayor parte de la industria petrolera al capital transnacional y local. 7) La privatización de la industria petrolera ha sido impuesta, después de un ataque militar de EEUU en el cual se capturó al jefe de Estado de facto y a través de una ley emitida por la ilegítima Asamblea Nacional de 2025, que emergió en una elección parlamentaria realizada en el marco de un Estado de excepción permanente, propio de un régimen político de facto, que se había consolidado después del desconocimiento gubernamental del resultado electoral del 28 de julio de 2024. En ese sentido, la privatización periférica de la industria petrolera es ilegítima e ilegal, porque la acción militar de EEUU y la nueva ley se hidrocarburos son ilegítimas e ilegales. La privatización periférica de la industria petrolera es una oportunidad de negocios para el capital transnacional de EEUU, pero también para aquellos odiados enchufados de antes y ahora que podrán lavar millones de dólares robados al Estado mediante nuevas empresas petroleras en las cuales serán propietarios o socios. En ese sentido, quebraron PDVSA y ahora una parte de la sociedad cree castigarlos apoyando la privatización periférica de la industria petrolera cuando en realidad los está premiando, al no exigir la restitución de los millones de dólares robados para recuperar bajo control estatal a nuestra industria petrolera. 9) Por último, rechazar la privatización periférica de la industria petrolera, la contracción de la alícuota de las regalías petrolera cobradas por el Estado, y el establecimiento de la jurisdicción internacional para los contratos entre empresas petroleras privadas y el aparato estatal, se enmarca en una tradición nacional que incluye a destacados personajes como Juan Pablo Pérez Alfonso, Salvador de la Plaza, Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre muchos otros, que consideraban que las venezolanas y los venezolanos estábamos formados y capacitados para gestionar nuestro propio petróleo. La entrega formal de nuestra industria petrolera, después de un ataque militar de EEUU en el territorio nacional, es una humillación no para el chavismo sino para el conjunto de nuestra sociedad, porque desmerita nuestra formación y capacidad política, económica y técnica para gestionar el petróleo que yace en nuestro subsuelo.