Hablar hoy de seguridad nacional en Venezuela exige abandonar los lugares comunes y las fórmulas heredadas de la Guerra Fría para entrar en un terreno más complejo, híbrido y tecnológicamente sofisticado. Los acontecimientos recientes —presentados por el discurso político como el secuestro del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales de los Estados Unidos— han sido utilizados como catalizador simbólico de una discusión impostergable: la necesidad de construir una Nueva Doctrina de Seguridad Nacional que responda a las realidades del siglo XXI y a la reconfiguración del poder global. Más allá de las narrativas y contra-narrativas, lo cierto es que Venezuela se enfrenta a un dilema estratégico que no puede resolverse ni con consignas ni con inercia institucional.
El título de este artículo —Nueva Doctrina de Seguridad Nacional: Soberanía e Independencia versus El garrote o la zanahoria— no es casual. Resume la lógica histórica de la política exterior estadounidense hacia América Latina: coerción cuando conviene, incentivos cuando resulta útil, atropellos o invasión cuando no le favorece la soberanía ni la independencia de un pueblo. Esta lógica, hoy reeditada con un lenguaje de seguridad ampliada, vuelve a colocar a Venezuela en el centro de una disputa geopolítica donde los recursos energéticos, las rutas comerciales y la autonomía política son los verdaderos objetos de deseo. No se trata, como se insiste desde ciertos discursos, de una cruzada moral contra el narcotráfico, el llamado Tren de Aragua o etiquetas como el Cartel de los Soles. El núcleo del problema es otro y es más antiguo, el control de recursos estratégicos en un mundo que transita hacia la escasez relativa de energía y materias primas críticas.
Desde esta perspectiva, las declaraciones del actual presidente Donald Trump y de su entorno, en las que se habla abiertamente de tutelar un eventual nuevo gobierno en Venezuela, no solo resultan indignantes y ofensivas desde el punto de vista de la soberanía. Revelan, además, una concepción anacrónica del orden hemisférico, donde ciertos países se arrogan el derecho de decidir el destino político de otros. Más grave aún es la ampliación del blanco retórico hacia gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México o Luis Inácio Lula da Silva en Brasil. Allí se insinúa una vuelta sin matices a una doctrina de supremacía regional que muchos consideraban superada.
Este contexto obliga a Venezuela a pensar su seguridad nacional no como un simple dispositivo militar defensivo, sino como un sistema integral donde convergen política, economía, tecnología, diplomacia y cultura estratégica. La supuesta facilidad con la que más de ciento cincuenta aeronaves habrían incursionado en territorio venezolano, evadiendo radares y neutralizando componentes de defensa, plantea preguntas incómodas. ¿Son adecuados los sistemas de alerta temprana? ¿Existe interoperabilidad real entre los distintos componentes de la Fuerza Armada? ¿Se ha actualizado la doctrina frente a amenazas no convencionales, como la guerra electrónica, la cibernética o las operaciones encubiertas de alta precisión?
Analistas militares contemporáneos coinciden en que las guerras modernas ya no se anuncian con declaraciones formales ni se libran exclusivamente en campos de batalla visibles. El general chino Qiao Liang, por ejemplo, ha insistido en el concepto de guerra sin restricciones, donde los ataques pueden ser financieros, informáticos, mediáticos o psicológicos antes que balísticos. Desde Rusia, teóricos como Valeri Gerasimov han desarrollado la idea de conflictos híbridos, en los que la línea entre guerra y paz se diluye. En este marco, una doctrina de seguridad que dependa exclusivamente de la detección física de aeronaves está condenada a la obsolescencia.
Venezuela, como país con vastas reservas de petróleo, gas, minerales estratégicos y biodiversidad, ocupa un lugar singular en esta ecuación global. La transición energética, lejos de disminuir la importancia del país, la reconfigura. El petróleo sigue siendo vital para la economía mundial, pero a ello se suman recursos como el coltán, el litio y el agua dulce, cada vez más codiciados. La economía estadounidense, enfrentada a sus propias limitaciones estructurales y a la competencia de potencias emergentes, necesita asegurar cadenas de suministro estables. En ese tablero, Venezuela aparece no como un problema moral, sino como una pieza estratégica.
De allí que resulte poco creíble que las verdaderas motivaciones de las presiones y acciones encubiertas sean la lucha contra el narcotráfico. Esa narrativa cumple una función legitimadora ante la opinión pública internacional, pero no resiste un análisis geoeconómico serio. Los flujos de capital, las sanciones unilaterales y los intentos de aislar comercialmente al país apuntan a forzar una reconfiguración del control sobre los recursos. Cuando se afirma que no se permitirá que otros países hagan negocios con Venezuela, lo que se expresa es una voluntad de exclusividad, no de justicia internacional.
Frente a este escenario, la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional debe partir de un principio innegociable: la primacía de los intereses nacionales. Esto no implica aislamiento ni autarquía, sino una inserción internacional soberana, basada en alianzas estratégicas diversificadas. Las relaciones con China, Rusia, Irán, Turquía, Corea del Norte y otras naciones no deben entenderse como gestos ideológicos, sino como decisiones pragmáticas en un mundo multipolar. La cooperación tecnológica, militar y económica con estos países puede ofrecer a Venezuela capacidades de disuasión y resiliencia que hoy resultan indispensables.
Sin embargo, una doctrina moderna no se construye únicamente con compras de armamento o acuerdos bilaterales. Requiere una profunda reforma institucional y cultural. La seguridad nacional debe ser un asunto de Estado, no de coyuntura política. Ello implica profesionalizar los sistemas de inteligencia, invertir en educación estratégica, fomentar la investigación científica aplicada a la defensa y establecer mecanismos de control civil que garanticen eficacia sin sacrificar legitimidad democrática, sin abandonar el discurso de la Paz. Pero frente a los EEUU esto se debe modificar. La experiencia internacional muestra que los países que mejor se defienden son aquellos que integran a su sociedad en la comprensión de las amenazas y en la construcción de consensos básicos.
Desde el punto de vista tecnológico, la lección es clara. La dependencia de sistemas importados, sin transferencia real de conocimiento, genera vulnerabilidades críticas. Una Nueva Doctrina de Seguridad Nacional debe apostar por el desarrollo endógeno de capacidades en ciberseguridad, satélites, comunicaciones seguras y guerra electrónica. Expertos como Joseph Nye han señalado que el poder en el siglo XXI se mide tanto por la capacidad de coerción como por la de resiliencia. Proteger infraestructuras críticas, desde refinerías hasta redes eléctricas y sistemas financieros, es tan importante como proteger fronteras físicas.
En el plano regional, Venezuela enfrenta el desafío adicional de operar en un entorno latinoamericano fragmentado. La amenaza explícita contra gobiernos progresistas de la región reabre la necesidad de mecanismos de seguridad colectiva. La historia demuestra que la división facilita la intervención externa. Una doctrina venezolana que ignore la dimensión regional estaría incompleta. Reactivar espacios de coordinación política y militar, basados en el respeto mutuo y la no injerencia, podría convertirse en un factor de disuasión frente a aventuras unilaterales.
No menos importante es la dimensión comunicacional. En la era de la información, las guerras se libran también en el terreno del relato. La construcción de una narrativa creíble, basada en datos, transparencia y coherencia, es fundamental para evitar el aislamiento y ganar apoyos internacionales. Aquí la academia, los centros de pensamiento y los expertos independientes tienen un rol clave. Incorporar sus análisis a la toma de decisiones no debilita al Estado; por el contrario, lo fortalece.
El dilema del garrote o la zanahoria, en última instancia, no es solo una metáfora de la política estadounidense. Es también una advertencia para Venezuela. Responder exclusivamente con el garrote, es decir, con una lógica militarista y reactiva, puede conducir a un callejón sin salida. Apostar únicamente por la zanahoria, confiando en la buena voluntad de actores que históricamente han demostrado lo contrario, sería igualmente ingenuo. La Nueva Doctrina de Seguridad Nacional debe combinar firmeza y flexibilidad, disuasión y diplomacia, defensa y desarrollo.
En este sentido, la seguridad no puede desligarse del bienestar social. Un país con profundas desigualdades internas es más vulnerable a la desestabilización. La inversión en educación, salud y cohesión social es, paradójicamente, una de las formas más eficaces de defensa. Los analistas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han subrayado que la seguridad humana es un componente esencial de la seguridad nacional. Ignorar esta dimensión sería repetir errores del pasado.
La discusión sobre cómo fue posible una incursión aérea masiva sin detección efectiva debe abordarse con seriedad técnica y sin dogmatismos. No se trata de buscar culpables inmediatos, sino de identificar fallas sistémicas. La transparencia en este proceso es clave para recuperar la confianza interna y externa. Una doctrina que se construye sobre el ocultamiento está destinada al fracaso.
Finalmente, la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional debe asumir que el mundo ha cambiado de manera irreversible. La hegemonía unipolar se resquebraja, pero no desaparece sin resistencia. En ese interregno, los países con recursos estratégicos serán objeto de presiones crecientes. Venezuela no es una excepción; es un caso paradigmático. La respuesta no puede ser improvisada ni emocional. Debe ser el resultado de un debate profundo, informado y plural, que trascienda gobiernos y coyunturas.
La soberanía no se defiende solo con armas, sino con inteligencia, alianzas, legitimidad y proyecto nacional. Ante la reedición de viejas doctrinas bajo nuevos ropajes, Venezuela tiene la oportunidad —y la responsabilidad histórica— de pensar su seguridad desde una lógica propia, acorde con sus intereses y con la realidad multipolar que se impone. El garrote y la zanahoria seguirán siendo herramientas de poder. La cuestión es si el país será un objeto pasivo de esa lógica o un sujeto activo capaz de redefinir las reglas del juego y mantener su soberanía e independencia.
El secuestro del presidente Nicolas Maduro, duele, genera impotencia, dolor y es una humillación para la nación. Es un hecho inaceptable y condenable desde todo punto de vista. Por otra parte, hay que hacer gestiones para la denuncia y las reparaciones que debe pagar el ejército invasor por su destrucción y asesinato de nuestros valientes soldados.
He un humilde venezolano, hijo de la Patria del Libertador Simón Bolívar
