El 3 de enero de 2026, a las dos de la madrugada, Estados Unidos declaró la guerra a Venezuela al bombardear varios sectores estratégicos de la capital y secuestrar al presidente electo, Nicolás Maduro. Este último, víctima de una traición al más alto nivel, fue capturado por tropas de élite de las fuerzas especiales estadounidenses durante una intervención que duró apenas media hora. Fue trasladado a Nueva York, acompañado de su esposa, Cilia Flores, igualmente secuestrada durante la operación Absolute Resolve.

Esta flagrante agresión contra la soberanía de Venezuela viola las normas más elementales del derecho internacional, en particular el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que los Estados miembros deben “mantener la paz y la seguridad internacionales”, “reprimir todo acto de agresión” y preservar “el respeto al principio de igualdad de derechos de los pueblos”. El artículo 2, que proscribe todo recurso “a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, queda igualmente reducido a la nada.

La aventura militar emprendida por la administración Trump, que constituye un acto de guerra según el derecho de los conflictos armados de los Convenios de Ginebra, también contraviene la Constitución de los Estados Unidos, la cual precisa en su artículo I, sección 8, que sólo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra. Al eludir esta obligación legal, el presidente estadounidense vulnera la legislación de su propio país y demuestra su desprecio por el Estado de derecho, prefiriendo la ley del más fuerte.

El pretexto utilizado para justificar este acto de extrema gravedad – es decir, la supuesta implicación del presidente Maduro en el narcotráfico –  no resiste el análisis más elemental. En primer lugar, según la Drug Enforcement Administration, Venezuela no es un país productor de drogas, sino únicamente un territorio de tránsito por el cual pasa sólo una parte marginal de los cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos, del orden del 8%. En segundo lugar, Washington no ha aportado ninguna prueba que demuestre la implicación del gobierno venezolano en tal red. Por último, en diciembre de 2025, Trump indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia estadounidense a cuarenta y cinco años de prisión por haber exportado 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, revelando así el carácter falaz de la acusación.

En realidad, Estados Unidos está decidido a apoderarse del petróleo de Venezuela, que posee las mayores reservas del mundo. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Caracas retomó el control de sus recursos naturales, redistribuyendo la riqueza de manera más equitativa y desarrollando las relaciones comerciales con otras potencias emergentes, principalmente China. Decidido a derrocar al gobierno bolivariano, Washington impone desde hace más de una década severas sanciones económicas contra Venezuela.

En los últimos meses, la administración Trump instauró un bloqueo petrolero, apoderándose ilegalmente de varios buques y de millones de barriles de petróleo. A ello se suma el despliegue de una importante armada militar estadounidense frente a las costas venezolanas —un portaaviones, siete buques de guerra, más de un centenar de aviones de combate y 15.000 soldados—, que ha multiplicado los ataques ilegales contra embarcaciones civiles en el mar Caribe, con su secuela de ejecuciones extrajudiciales. Esta demostración de fuerza sin precedentes permitió el secuestro de Maduro.

El presidente Trump, que reactivó la Doctrina Monroe, complementada con el “Corolario Trump” y rebautizada como “Doctrina Donroe”, ha afirmado claramente su voluntad de “restaurar la preeminencia estadounidense”. En un retorno a un imperialismo sin complejos, ha subrayado que el continente americano es la zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. También indicó que la era de la igualdad soberana entre los Estados había terminado para América Latina y que los recursos del continente debían orientarse prioritariamente hacia los intereses estratégicos de Estados Unidos.

En cuanto al futuro de Venezuela, la administración Trump ha expuesto formalmente sus intenciones predatorias: “Vamos a dirigir el país hasta que podamos realizar una transición segura. Vamos a traer nuestras grandísimas empresas.” En lo que respecta al petróleo venezolano, este sería “propiedad” de Estados Unidos: “Construimos la industria petrolera de Venezuela con el talento, la determinación y las competencias estadounidenses, y el régimen socialista nos la robó.” Estas declaraciones resumen la lógica imperial que sustenta esta intervención militar.

En el seno de la comunidad internacional, países como China, Rusia, Brasil, México, Chile, Cuba, España, Uruguay y Colombia han condenado la agresión militar orquestada por Estados Unidos contra Venezuela y su presidente. Por su parte, la Unión Europea, Francia e Italia, entre otros, se han negado a condenar esta flagrante violación del derecho internacional e incluso han apoyado este golpe de fuerza, revelando ante el mundo su duplicidad y sumisión. El contraste entre estas reacciones pone de relieve la profunda fractura geopolítica actual.

Una cosa es segura: el orden internacional nacido después de 1945 ha sido definitivamente enterrado, en beneficio de la ley del más fuerte, que se impone de ahora en adelante como norma implícita de las relaciones internacionales.