La historia contemporánea de Venezuela se encuentra atravesada por un fenómeno que combina la amenaza bélica con el saqueo descarado de sus recursos. En los últimos años, la política exterior de Estados Unidos ha desplegado un arsenal de presiones que van desde el bloqueo naval y aéreo hasta la confiscación de barcos petroleros que entran y salen de nuestras costas.

Este escenario no es un accidente ni una improvisación: responde a una lógica imperial que busca doblegar la soberanía nacional mediante la fuerza y el despojo.

La llamada "guerra de la amenaza" se expresa en la constante retórica de acercamiento militar, en los ejercicios navales que se anuncian como advertencia y en la construcción mediática de un enemigo que debe ser contenido.

Venezuela aparece en ese discurso como un "peligro" para la seguridad hemisférica, cuando en realidad lo que se disputa es el control de sus vastas reservas energéticas y su capacidad de mantener un modelo político independiente.

La amenaza no es solo militar: es psicológica, diplomática y económica. Se pretende instalar la idea de que la nación está aislada y cercada, debilitando la moral colectiva y justificando cualquier acción de fuerza.

Pero la amenaza no se queda en palabras. Se traduce en lo que podemos llamar el "ladronismo": la apropiación ilegal de bienes venezolanos, desde cuentas bancarias hasta cargamentos de petróleo. El robo de barcos petroleros constituye un acto de piratería moderna, disfrazado bajo el lenguaje de sanciones y medidas de "seguridad internacional".

En realidad, se trata de un saqueo que recuerda las prácticas coloniales, cuando las potencias europeas se repartían los recursos de América Latina bajo la lógica del botín. Hoy, el imperio estadounidense reproduce esas mismas prácticas, con la diferencia de que las viste con el ropaje de la legalidad internacional.

La comunidad internacional no ha permanecido indiferente. Naciones Unidas y países como Alemania han levantado su voz para exigir que se detenga esta locura bélica. La advertencia es clara: la militarización del Caribe y el robo sistemático de recursos venezolanos no solo violan el derecho internacional público, sino que ponen en riesgo la paz regional.

El principio de soberanía, consagrado en la Carta de la ONU, se ve vulnerado cada vez que un barco venezolano es confiscado o que se amenaza con un bloqueo naval. La respuesta de estos organismos y naciones evidencia que la política imperial no cuenta con consenso global, y que la defensa de la legalidad internacional sigue siendo un terreno de disputa.

En este contexto, Venezuela enfrenta un doble desafío: resistir la amenaza militar y denunciar el ladronismo económico. La defensa de la soberanía no se limita a la protección de las fronteras, sino que implica también la preservación de los recursos estratégicos que garantizan el bienestar de la población.

Cada barco petrolero confiscado es un golpe directo contra la capacidad del país de sostener su economía y de ejercer su derecho al desarrollo. Por ello, la denuncia internacional y la solidaridad de los pueblos se convierten en herramientas indispensables para enfrentar esta agresión.

La guerra de la amenaza y el ladronismo no son fenómenos aislados. Constituyen dos caras de una misma estrategia imperial: intimidar para debilitar y robar para dominar. Frente a ello, la respuesta venezolana debe ser firme, digna y colectiva. La soberanía no se negocia, se ejerce.

Y en ese ejercicio, la voz de los pueblos y de las instituciones internacionales que aún creen en la paz y en la justicia será fundamental para frenar la escalada bélica y para desenmascarar el saqueo disfrazado de sanción.

La historia nos enseña que ningún imperio es eterno. La resistencia de los pueblos, la fuerza de la legalidad internacional y la dignidad de las naciones terminan por imponerse. Venezuela, en medio de esta tormenta, tiene la oportunidad de demostrar que la soberanía no es un discurso vacío, sino una práctica cotidiana que se defiende con coraje y con razón.

La guerra de la amenaza y el ladronismo es, en definitiva, la expresión de un imperio en decadencia que recurre al robo y a la intimidación porque ha perdido la capacidad de convencer. Nuestra tarea es resistir, denunciar y construir un futuro donde la paz y la justicia prevalezcan sobre la fuerza y el saqueo.