La policía política estadounidense

“Probablemente, cuando James Comey, director del FBI, hizo explotar la
bomba propagandística que voló en pedazos el curso de las elecciones
presidenciales de 2016  y modificó con ello por algún tiempo la forma
de gobernar en Estados Unidos, no lo hizo por cuenta de los rusos ni
como un actor terrorista aislado. En verdad estaba actuando conforme a
la más fiel tradición del Buró Federal de Investigaciones (FBI) como
policía política, utilizando su autoridad -legal, ilegal y efectiva-
para inmiscuirse en los asuntos políticos del país”, dice el The New
York Times una nota reciente.

Una característica distintiva de la que los propagandistas
estadounidenses gustan de alardear es la separación de los procesos
políticos de la policía y el ejército. Estas agencias se presentan
como siervos obedientes que en “la gran democracia norteamericana”
ejercen sus deberes represivos sólo a instancias de líderes
debidamente electos.

Pero desde su origen de 1935 -con el nombramiento de John Edgar Hoover
como su director- el FBI ha operado exigiendo la observancia de su
propia agenda política mediante la intimidación a partir de su
atribución de dictaminar cuales actuaciones de la ciudadanía, los
líderes políticos, los congresistas, los activistas de los derechos
civiles y organizaciones no gubernamentales son admisibles y cuáles
subversivas. Luego actúa contra estas últimas sobre la base de tal
definición.

En 1944, antes de finalizar la II Guerra Mundial, se reforzó la
autoridad del FBI en un momento cuando la oficina anticomunista del
senador Joe McCarthy,  cazador de la disidencia que destruyó las vidas
de miles de ciudadanos y eliminó el liderazgo elegido democráticamente
de muchos sindicatos en todo los Estados Unidos. Pero el repudio y el
desmontaje del macartismo no obstaculizaron las actividades políticas
del FBI. Cuando Congreso retirado del FBI amplia poderes autónomos
para intuir y destruir los derechos civiles, derechos humanos y
activismo contra la guerra, el FBI, no autorizada, fue bajo el radar
desarrollo de proyectos político que eran ilegales y más intrusiva en
la vida política del país. Se había convertido en el semi-oficial
arbitro de lo que se definiría como antiestadounidenses.

Por la década de 1960 la simple idea de creer o adoptar ideas tales
como socialismo, igualdad, justicia social, antiimperialismo o
comunismo constituían  actos "subversivos". Pero esto no satisfacía
aún los designios de Hoover ni de  los posteriores dirigentes de la
FBI. Se dedicaron a continuar el mito de la amenaza roja. Para ello
decidieron falsear algunos estragos que justificaran  las actuaciones
contra el peligro percibido. Así que el FBI se dispuso a infiltrarse,
manipular, controlar y alterar todo tipo de actividades políticas que
no favorecieran sus objetivos.

El FBI denunció a líderes civiles defensores de los derechos como
Ralph Abernathy, Martin Luther y Coretta Scott King, Seymour Hersh,
Sammy Davis Jr., Cesar Chavez y los movimientos que ellos encabezaban
o apoyaban. Fueron hechos públicos miles de denuncias al Departamento
de Justicia, la CIA, el Servicio Secreto y la Inteligencia Militar que
los involucraban. En 1964 la Convención Nacional del Partido Democráta
recibió del FBI envió informes de sus informantes sobre conspiraciones
y planes subversivos que involucraban a buen número de delegados.

En los años 70, el FBI tenía 7.402 informantes en barriadas pobres
urbanas de Estados Unidos.

En contraste con el hecho de que el robo de Watergate causó la caída
del Presidente  Nixon, la policía política del FBI lleva a cabo
cientos de ilegales robos sin que agente alguno suyo haya sido
capturado.

Con respecto al papel de Comey a fines de 2016, hasta el Wall Street
Journal escribió el 13 de enero de 2017 que James Comey debía ser
despedido.

Pero es poco probable que Donald Trump haga algo así con quien le
ayudó a convertirse en Presidente. En cualquier caso, cualquier
esfuerzo por rescatar la democracia debe incluir la despolitización
del FBI y el castigo de enjuiciamiento de quienes se dedican a tan
ilegales y provocativas actividades.

Características anti democráticas del actual sistema electoral
bipartidista estadounidense son las que disponen la supresión de
votantes, las ilimitadas y anónimas contribuciones, los anuncios
publicitarios llenos de mentiras, las falsas noticias y un Colegio
Electoral que puede seleccionar Presidente de la Nación a un perdedor
por diferencia de casi tres millones de sufragios en la votación
popular. Pero las intrusiones conocidas del FBI en la política opacan
estos defectos del sistema político estadounidense.

Luchar contra éste requeriría de mucha indignación pública y presión
popular. Un fuerte periodismo ético exponente de la magnitud del
peligro podría ayudar.



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Manuel Yepe

Abogado, economista y politólogo. Profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, Cuba.

 manuelyepe@gmail.com

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