Confabulados para callar en Mercal

Por lo general, procuro no referirme a problemas margariteños cuando escribo en una publicación nacional; a veces, sin embargo, algún escándalo insular requiere la atención de autoridades nacionales. Tal es el caso del Mercal de Pampatar. Al efecto, citaré un artículo mío, publicado el 17/8/2008 en El Sol de Margarita: "Hace varias semanas ocurrió un hecho inaudito. De manera repentina y sin previo aviso, la superioridad decidió cambiar a la gerente o encargada del Súper Mercal. Su jefe inmediato se presentó en el local acompañando al nuevo gerente y le participó la remoción a la funcionaria actuante. De acuerdo a la versión de los testigos, ésta se negó a entregar el cargo y debió ser desalojada de manera poco elegante".

"Al día siguiente, el nuevo gerente empezó a registrar papeles y, ¡oh, sorpresa!, aparecieron latas de leche y cajas de cartón repletas de billetes. El volumen era tan grande que al momento se decidió llamar a la Guardia Nacional, en previsión de algún percance. Durante todo el día estuvieron contando las cantidades encontradas en diversos recovecos. Al mediodía, cuando se retiró la concejal Natacha Nuñez, quien actuaba como testigo, ya la suma iba por 400 millones de bolívares. Se calcula que el total rebasó los 800 millones, aunque al respecto nada se supo de manera precisa".

Éste, justamente, es el meollo del asunto. Han pasado varias semanas y el Súper Mercal de Pampatar continúa inoperante, supuestamente por reparaciones. Mientras tanto, el pueblo del municipio Maneiro, los usuarios en general, no tienen idea de lo sucedido.

A mi entender, ya el misterio se pasa de maraca y es hora de recibir explicaciones tanto de los administradores como de los dirigentes políticos del gobierno y así mismo de las autoridades jurisdiccionales. Éstas últimas brillan por su ausencia, o más bien por un silencio que hace pensar en complicidades a todos los niveles.

El Ministerio Público debió actuar bien por denuncia o por iniciativa propia ante la noticia del suceso. Lo mismo la Defensoría del Pueblo y el Cicpc, aparte que la propia Guardia Nacional debió informar los alcances de su actuación. El pueblo espera respuestas.

augusther@cantv.net


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Augusto Hernández


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