Creo camarada William Lara, que usted no puede seguir cayendo en las provocaciones de esa banda de maleantes que actualmente gobierna el Estado Guárico, comandados por el Jefe del Desgobierno Regional, Eduardo Manuitt y quien pretende sustituirlo en el pezón de esa teta, su hija Lenny, candidata a la gobernación. El nuestro hermano debe ser un debate de altura y es en este sentido que me atrevo como guariqueño, a proponerle algunas líneas generales de desarrollo que su futuro gobierno debe emprender, en función de sacar a ese nuestro Estado, del albañal en el que lo metieron estos bandidos. 

Hemos estado y estamos aún en presencia en el Guárico, del desdibujamiento progresivo de la Institucionalidad del Estado, en sus distintos niveles de Gobierno – Nacional, Estadal y Municipal, pero principalmente en estos dos últimos – que en inobservancia manifiesta de sus funciones y deberes para con la ciudadanía, se expresa en los más graves y escandalosos problemas, que van desde el deterioro marcado de la vialidad, la mala asistencia en las escuelas y centros hospitalarios, falta de apoyo a las familias más desposeídas, desnutrición, insalubridad y una sistemática violación de los derechos humanos, que disminuyen constantemente la calidad de vida de la gente del Guárico. En contraste, nos encontramos, con una clase política estadal enriquecida a la sombra del poder, que hizo de la corrupción y del tráfico de influencias la norma comúnmente aceptada; vemos con dolor como la pobreza en vez de disminuir, aumenta escandalosamente bajo la mirada indiferente de las autoridades de la Gobernación del Estado y sus secuaces en los gobiernos  locales.

Por ello estamos convencidos de que todos los problemas que hemos enumerado, no son sino consecuencia de uno mayor, como lo es La necesidad de Construir la Democracia Bolivariana bajo el nuevo paradigma de la Participación y Protagonismo del Pueblo, entendida como la consolidación del imperio de la ley del Estado de Derecho, expresada en una nueva institucionalidad, acorde con los nuevos tiempos, preocupada por atender y satisfacer las necesidades sociales de la población asociadas a derechos constitucionales de primer orden, tales como: el derecho a la vida, a la justicia, a la libertad, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la seguridad social y a la vivienda entre otros.

En ese sentido, es que proponemos, asumiendo como directriz fundamental, los lineamientos estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Económico y social de la Nación 2007 – 2013  y teniendo como indispensables antecedentes en la búsqueda de los Equilibrios Económicos, Social, Político, Territorial e Internacional, contenidos en el Plan 2001 – 2007, adelantar una Agenda Bolivariana de Gobierno – Propuestas de Desarrollo Económico, Político y Social para el Guárico, que aspiramos sirva de insumo, para la apertura de un gran debate, que haga posible, la construcción de un plan concertado y legitimado por todos los miembros de esta gran comunidad y que sirva de brújula a nuestro accionar político, ubicándose por encima de intereses grupales, que en la actualidad pujan entre sí, a favor de un candidato o de otro, para hacer de esta región un espacio de armonía y desarrollo, donde todos podamos vivir seguros y en paz.

Consideramos que a quien mas le conviene una agenda de discusión que gire solo en torno al hecho electoral, es precisamente a quienes ahora, después de haber demostrado una manifiesta incompetencia en el ejercicio del gobierno del estado, pretenden mantenerse en el poder para usufructuarse de el, dándole la espalda a las comunidades y traicionando nuevamente la esperanza popular. Creemos que es la hora del pueblo, creemos que es la hora que por fin gobierne el pueblo, para el pueblo y no para un grupo de bandoleros que están más cercanos al fascismo y al capitalismo, que al Socialismo del Siglo XXI, que dicen representar. En este sentido, esa candidatura suya camarada William Lara, que ya es nuestra candidatura, no debe ser un fin en si mismo. Esa Candidatura la asumimos como un instrumento que hará posible la concreción de la toma de poder, sobre la base de un acuerdo programático que oriente su ejecución en la redención del pueblo y en la resolución de sus problemas más graves, que aún lamentablemente y debido a la traición de quien se autodenominó en algún momento “revolucionario”  y de sus compinches, siguen siendo la materia pendiente de nuestra Revolución en este estado.  En concordancia con lo contenido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, proponemos una economía estadal cuyo norte sea la concreción de la justicia social, para lo cual debe impulsarse y concretarse la diversificación de la producción, aprovechando los innumerables recursos naturales de los que disponemos, tales como: el agua, las grandes extensiones de suelos destinados a la explotación ganadera y agrícola, los inigualables escenarios naturales, las grandes cantidades de madera, peces, minerales e hidrocarburos, acompañando dicha diversificación, de un conjunto de medidas que permitan la democratización del capital y el desarrollo de una fuerte economía social. El desarrollo productivo ya mencionado, debe favorecer aquellas actividades económicas vinculadas de manera estrecha a la vocación productiva de esta región y es en ese sentido que proponemos el establecimiento de una Política Estadal de Aprovechamiento Forestal, orientada a la racionalización de la explotación maderera de Aceituno, araguaney, ceiba, cerezo, drago, jobo, puy, saqui-saqui, entre otros, que tienen un alto valor comercial  y que se producen, en los lotes boscosos y extensas sabanas, con miras al Desarrollo Endógeno, que permita la instalación de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la transformación de la materia prima en productos terminados que se destinen tanto al mercado interno, como externo, lo que sin duda generaría nuevas fuentes de trabajo, disminuyendo los elevados niveles de desempleo existentes y creando alto valor agregado a las potencialidades de la zona. En virtud del elevado nivel freático de esta región, que se ubica entre 5 y 10 metros de la superficie, lo que facilita la obtención de agua subterránea relativamente fácil y la existencia de la confluencia entre numerosos ríos que bañan nuestra geografía, se hace impostergable la elaboración de una Política de Suelos y Aguas, que permita el establecimiento de planes de aprovechamiento adecuado de este valioso recurso, en actividades industriales, agroindustriales y agrícolas, en equilibrio con la naturaleza. Para ello proponemos también un agresivo Plan Local de Inversiones en Infraestructura y Servicios Públicos, destinado a mejorar la disposición de excretas, desechos sólidos y el acondicionamiento de las vías de comunicación lo que mejorará no solamente nuestra situación ambiental e impulsará el comercio, sino que generará un número importante de puestos de trabajo directos e indirectos, que incidirán proporcionalmente en el mejoramiento de las condiciones sociales de la población. De igual manera, proponemos el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pescadores y hombres y mujeres del campo, con el apoyo financiero de sus actividades, tanto con recursos propios, como con fondos nacionales, orientados al establecimiento de centros de acopio y procesamiento del pescado, así como de productos lácteos y cárnicos, en empresas que se instalen en la zona, tales como: enlatadoras, fileteadotas, mataderos industriales, empaquetadoras de granos y empresas de servicios de mecánica portuaria, refrigeración y transporte. De igual forma, consideramos importante impulsar la creación de Zoocriaderos, destinados a la explotación comercial y racional de especies como el Chigüire y la Baba que permitan la ampliación de la base de sustentación de la economía del Distrito, que se apoya básicamente en la actividad agrícola y ganadera tradicional. En ese orden de ideas, proponemos también y haciendo nuestro el lema según el cual “La Nueva PDVSA es del pueblo”, un cambio en la relación que hasta ahora hemos tenido con dicha empresa, en función de que la misma sirva para la capacitación de mano de obra de la zona, en función de que los puestos de trabajo que allí se generen, sean aprovechados por nuestros pobladores. Así mismo, nos proponemos convertir esa empresa, en un espacio, donde las iniciativas comunitarias y productivas, consigan apoyo técnico y financiero, para su desarrollo. En función también de aprovechar nuestros paisajes naturales, impulsaremos una Política Estadal de Turismo, que ofrezca actividades basadas en el turismo de aventura, fluvial y de sabana, que se verá reforzada por la ubicación geográfica que poseemos, como punto intermedio entre el turismo de montaña y el turismo de sabana con abundantes riquezas de ríos, flora y fauna silvestre, lo que contribuirá a la dinamización de la economía estadal y al incremento de la actividad comercial. Para esto claro está, es necesario la implantación de incentivos fiscales, tales como exoneración de impuestos, agilización de la permisología necesaria, seguridad y mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, lo que en nuestro gobierno concretaremos, con la conformación del Consejo Estadal para la Promoción de Inversiones, que sería la instancia institucional encargada de promover una nueva imagen, ajena a la violencia y propicia para la inversión tanto nacional, como internacional, para el desarrollo de esta jurisdicción. Todo esto en el marco de una Política de Economía Social, orientada a la búsqueda y establecimiento de fórmulas alternativas de empresas asociativas y microempresas autogestionables, que cuenten con la participación decidida y protagónica de las comunidades.

En lo relativo al alcance de un equilibrio social entre los miembros de la sociedad guariqueña, como primer paso para la construcción de la Justicia Social, estamos proponiendo como principios orientadores fundamentales, la universalidad, la equidad, la participación, y la corresponsabilidad como base de la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. En este sentido, entendemos la universalidad, como la creación de condiciones políticas, económicas y sociales, apoyadas en una fuerte institucionalidad democrática, para que todos los miembros de nuestra comunidad, tengan la oportunidad y en igualdad de condiciones, de ver satisfechas sus necesidades sociales fundamentales, asociadas al gozo y disfrute, mediante un ejercicio pleno de ciudadanía, de los derechos sociales contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tales como: el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la seguridad personal y jurídica, a la atención a los grupos especialmente vulnerables – como los niños y ancianos, por ejemplo – fomentar la economía social, democratizar la propiedad de la tierra y del capital, generar empleo y mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y a los espacios de decisión política.

Es de allí que proponemos, el aumento y mejora en la oferta educativa, tanto nacional, como Estadal y municipal, mediante una Política Educativa Estadal, de responsabilidad concurrente, donde en los distintos niveles de gobierno, se aborde la problemática educativa de la zona y la dignificación del trabajo docente bajo una óptica común, que apunte a la optimización de los recursos con el adelanto de planes conjuntos ampliamente discutidos y ejecutados con participación de los beneficiarios. De la misma manera, es que consideramos imperativo la formulación de un Plan Estadal de Salud, que partiendo de la consideración de las necesidades de la población, y que en concordancia con los lineamientos de la Misión Presidencial Barrio Adentro se encamine a la coordinación y consolidación  de la Red de Atención de primero (atención primaria), segundo (CDI y SRI) y tercer nivel (Hospitales y Centros de Alta Tecnología), que brinden atención integral a los habitantes, haciendo énfasis en la prevención y en el saneamiento de la deuda quirúrgica ambulatoria existente desde hace tantos años. Estos nos daría además, la oportunidad de ampliar considerablemente la cobertura de vacunación en niños y niñas menores de tres años e implantar mecanismos más estrictos de control prenatal y postnatal, que incidirían positivamente en la disminución progresiva de los índices de mortalidad infantil y materna, que en esta Entidad, se ubican entre los más altos del país. De igual manera, consideramos importante fortalecer el rol contralor de los ciudadanos y ciudadanas en los establecimientos de educación y salud, en función de mejorar el desempeño de quienes prestan servicios en esos establecimientos, cuidando a la vez el uso racional de los insumos que el estado destine a los mismos.

Proponemos como un punto primordial, para el logro de la Justicia Social, el adelanto de una agresiva Política de Construcción y Rehabilitación de Viviendas Populares Dignas, vista desde dos vertientes, como una política de construcción de viviendas para resolver el déficit habitacional y generar empleo o como una política de empleo para resolver la desocupación de la fuerza laboral y construir viviendas, para disminuir el problema habitacional. En cualquiera de los casos, consideramos urgente la puesta en marcha de un proceso que apunte al levantamiento catastral de los ejidos municipales y terrenos estadales y particulares susceptibles de ser expropiados, con el fin de tener un banco de tierras urbanas y peri urbanas, que puedan ser asiento de nuevas urbanizaciones o de viviendas de crecimiento progresivo. De este plan de desprende otros no menos importante, como es aquel que ya mencionáramos en el capítulo anterior y que contempla el mejoramiento progresivo de la Infraestructura y de los Servicios Públicos.

La seguridad social, personal y jurídica deberá ser una prioridad para nuestro gobierno. En lo referido a la Seguridad Social, debemos ocuparnos de hacer efectivo el derecho de todo adulto mayor de 65 años, a gozar del Sistema Prestacional de Salud y de Pensiones que haga posible el mejoramiento de las condiciones de salud de uno de los sectores más vulnerables de la población, como lo son nuestros ancianos. De igual forma, debemos garantizar una mayor Seguridad Personal y Jurídica, para nuestros ciudadanos y personas jurídicas y en ese sentido deberá realizarse un especial esfuerzo por lograr la efectiva reestructuración de los Organismos de Seguridad del Estado que hacen vida en el estado y de manera muy especial en la policía del Estado Guárico (POLIGUARICO) la cual debe ser inmediatamente intervenida y reorganizada bajo los lineamientos de la recientemente aprobada Ley de Policía Nacional, en función de incrementar las labores de inteligencia y establecer vínculos confiables y seguros con la ciudadanía, que permitan el combate de las operaciones de bandas delictivas en nuestro territorio, la disminución progresiva del delito de secuestro, abigeato, narcotráfico y otros delitos comunes tipificados en la legislación penal vigente. Si necesaria es la reestructuración de los organismos mencionados, no menos importante es la depuración y adecentamiento de los organismos administradores de justicia, en función de adecuarlos a las exigencias de la población, para la obtención de una justicia gratuita, expedita y confiable, respetuosa de los Derechos Humanos, del Estado de Derecho y de la Constitución. Para atraer las inversiones tan necesarias de las que ya hablamos, es urgente el establecimiento de reglas claras para quienes inviertan y en ese sentido, debe el próximo gobierno regional del Guárico, esforzarse por brindar garantías suficientes a los inversionistas y emprendedores, del respeto a sus propiedades y al derecho de recuperación de lo invertido, en un clima de resguardo personal y patrimonial, pero también de justicia, que haga posible el desarrollo de la producción social, traducida en empleos y bienestar para la región.

En lo relativo al desarrollo de la Economía Social, nuestra política deberá tener dos líneas estratégicas de actuación que consisten, por un lado en La Democratización de la Propiedad de la Tierra y por otro lado la Democratización del Capital, que en su conjunto y teniendo como centro al hombre, nos ayudaran a conseguir una sociedad más justa y más humana. Seguiremos apoyando e impulsando la estricta aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como el camino más expedito a la eliminación progresiva del latifundio – requisito sine qua non para que se inicie un proceso verdaderamente revolucionario por estos lares -  y apoyaremos todas las iniciativas conducentes al apoyo técnico al campesinado, que apunte a la optimización de la tierra, de los sistemas de riego y la diversificación de la producción en rubros distintos a los tradicionales, que amplíen la base de sustentación de la economía local y nos ayuden a fomentar el empleo (ver estrategia social).

Finalmente el elemento al que más debemos dedicartiempo y esfuerzo, es el relativo a la Creación de Espacios y de Mecanismos Permanentes de Participación, Consulta y Decisión que hagan posible la incorporación activa de la población a la Gestión de Gobierno, en funciones de Contraloría Social, desarrollo de redes sociales, a partir de la articulación del trabajo de los Consejos Comunales, bajo un esquema de corresponsabilidad social, que haga posible que los cambios que impulsemos sean irreversibles.

Ya hemos dicho y hemos de reiterarlo, que consideramos que los problemas que hemos enumerado, no son sino consecuencia de un problema mayor, que es la ausencia de una verdadera institucionalidad del estado que le haga frente a esas demandas sociales, por siempre olvidadas y nunca atendidas. De allí que en lo referido al Equilibrio Político, nuestro primer y gran reto es Construir la Democracia Socialista y Bolivariana, asumida esta como el esfuerzo principal, para la consolidación del Proyecto Político Socialista del Siglo XXI, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entendida y expresada de manera concreta en esta parte del país, como la consolidación del imperio de la Ley y del Estado de Derecho, expresada en una nueva institucionalidad, acorde con los nuevos tiempos, preocupada por atender y satisfacer las necesidades sociales de la población asociadas a derechos constitucionales de primer orden tales como: el derecho a la vida, a la justicia, a la libertad, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la seguridad social y a la vivienda entre otros y que ya fueron desarrollados de manera amplia en los párrafos anteriores.

En ese sentido, seremos celosos de la aplicación al pie de la letra del articulado recogido en la Constitución Bolivariana, vigilando de manera especial la instalación del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (cuya inoperancia y genuflexión para con el hampón/desgobernante permitió despilfarrar y alimentar a sus ineptos y corruptos burócratas con una cantidad insospechada de recursos económicos a espaldas de la comunidad y del Gobierno Nacional)  con una participación en igualdad de condiciones para las comunidades, que permita su incorporación efectiva a las labores propias del Gobierno Regional y a sus autoridades rendir cuentas periódicamente de sus actuaciones. De igual manera proponemos una estructura flexible, pero sobre todo ágil en la instrumentación de respuestas a las demandas sociales de la población, con procedimientos que cumpliendo con la Ley, sean expeditos y eficaces. La coordinación con Ejecutivo Nacional, de todas las lineas descritas y propuestas, deberá impulsarse para el logro del relanzamiento de esta gobernación y el pronto adelanto de lo que han de ser sus nuevas funciones. Siendo como es y como aspiramos siga siendo, esta propuesta una agenda para el debate democrático, proponemos, un Plan de Acción Político – Institucional para los Primeros 100 días de Gobierno, que siente las bases de una futura y más pensada planificación, a partir de la reestructuración total de ese engendro disfuncional que es hoy por hoy la gobernación de Guárico, que permita ponerla al servicio de la comunidad y no de los intereses personales de los corruptos que hoy la detentan. En cuanto a lo referido al aspecto territorial proponemos la consolidación del territorio, a partir del fortalecimiento de las relaciones político – administrativas con otras regiones del país y de manera muy especial, con las Entidades vecinas: Aragua, Bolívar, Apure, Cojedes, Anzoátegui  y Miranda. Esto, porque la acción del actual Gobierno regional y sobre todo si se observa el pésimo estado de la vialidad interestadal, se encuentra absolutamente divorciada de esos gobiernos vecinos, producto de la incapacidad del Gobernador Manuitt, de coordinar y concretar acuerdos de cooperación que permitan la mancomunidad de esfuerzos para el desarrollo de los ejes de desconcentración territorial que pasan directamente por el territorio de nuestro estado, estrechamente vinculados con el resto de los estados centrales, orientales y llaneros. La mejora de las relaciones mencionadas, supone entonces, el establecimiento de mecanismos de comunicación efectivos entre los gobernantes – sean del signo político que sean – y los gobernados, que permitan articular respuestas oportunas a los problemas de la población. Otro elemento fundamental que debemos adelantar, a partir del aumento de las actividades productivas y la generación masiva de empleos, es lograr la ocupación de áreas que hoy lucen poco atractivas para el asentamiento humano, haciendo énfasis a lo largo y ancho de aquellos ejes, en función del reforzamiento de los poblados existentes y auspiciar la creación de otros, para lo cual es imperativo, el mejoramiento de la infraestructura social – ambulatorios, escuelas y centros comunales – y una inversión importante en la vialidad interurbana, agrícola, fluvial y aérea, que hagan posible un tránsito más fácil de carga y pasajeros, e impriman un mayor dinamismo comercial y social a la zona.

Estando conformado, la mayor parte de nuestro territorio, por zonas rurales, proponemos la formulación y ejecución de un Plan de Desarrollo Rural Integral, que apunte a una mayor asistencia tanto social, como técnica a los centros poblados del campo, impulsando para ello la producción agrícola y pecuaria a nivel básico y agroindustrial, que sienten las bases para el desarrollo de cadenas de producción y comercialización de rubros bandera de forma competitiva, que estimulen la asociación de los productores a la misma.

De igual manera resulta imperativo, el mejoramiento de las condiciones de vivienda y servicios básicos – acceso al agua potable, a la salud y educación, entre otros – combinando dichas mejoras, con programas de identidad cultural, que generen mayor arraigo y sentido de patria.

Finalmente, consideramos urgente impulsar la pronta implantación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico Sustentable (ZEDES), que agilicen el flujo de inversiones públicas, que actúen como elemento catalizador de la inversión privada, tan necesaria para hacer sostenible la actividad económica en la región. 

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