El ministro de Eco-Socialismo, Josué Lorca, se burla del pueblo venezolano al esconderle la naturaleza destructiva y sesgada de su política forestal.
En comunicación del 16 de mayo, Lorca anunció una "nueva política forestal como herramienta de lucha contra la crisis climática… coherente y responsable con la lucha de los pueblos para salvar la Madre Tierra"
"Este año vamos a sembrar diez millones de árboles, como meta del plan nacional de reforestación 2022-2023" Se refiere a la reforestación de una diez mil (10.000) hectáreas.
Lo que el ministro Lorca presenta como un objetivo loable "como herramienta de lucha contra la crisis climática" es sólo una patética fracción de lo que se destruye bajo su propia gestión: cien mil (100.000) hectáreas anuales de bosques naturales, ricos en biodiversidad. Un perverso mecanismo de destrucción del patrimonio natural del país, enquistado en el Ministerio de Eco-Socialismo, para enriquecer a una minúscula cúpula de empresarios y transferir la propiedad de la tierra del sector público al privado.
Es el mismo ministro quien suscribe un documento oficial, en nombre de Venezuela, consignado ante la Organización de Naciones Unidas en diciembre 2021, durante la COP26 del Acuerdo de París, en donde señala que no detendrá la deforestación en el país, que se continuará con la destrucción suicida de al menos un millón de hectáreas de bosques naturales para el 2030, a una tasa promedio de 100.000 hectáreas por año durante 10 años consecutivos (2021-2030), dejando abierta la posibilidad de continuar la destrucción después del 2030. Sin explicación o justificación alguna, el gobierno nacional se niega a fijar un año límite para detener la destrucción. (Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus Efecto. Josué Alejandro Lorca Vega, Ministro del Poder Popular para el Eco-Socialismo. Noviembre 2021).
Es el mismo ministro que, en nombre de Venezuela, se abstuvo de suscribir la Declaración de Bosques de la COP26, en la que 140 países se comprometieron a detener la deforestación para el 2030 a más tardar.
Venezuela ha destruido 12 millones de hectáreas de bosques naturales en los últimos 40 años. Una superficie del tamaño de Cuba (11,1 MM ha) o Nicaragua (13 MM ha), del tamaño de Grecia y la mitad del Reino Unido. Sólo entre el año 2000 y el 2020 se destruyeron 5 millones de hectáreas de bosques naturales, con absoluta impunidad.
La devastación del patrimonio forestal de Venezuela ha sido tan severo que, en la mitad norte del país, al norte del Orinoco (45 millones de hectáreas), donde se encuentra cerca del 90% de la población, menos del 16% de la superficie se encuentra hoy cubierta por bosques, en su mayor parte severamente fraccionados, degradados e intervenidos, reliquias de lo que alguna vez fueron majestuosas selvas tropicales. Una proporción similar a la de países africanos al sur del Sahara.
Mientras que al sur del Orinoco (47 millones de hectáreas), cerca del 80% de la superficie aún se encuentra cubierta por bosques. Es allí donde se concentra en la actualidad la destrucción del patrimonio natural del pais.
Venezuela es uno de los ocho países de mayor riqueza en biodiversidad del mundo, con una base genética de incomparable valor medicinal, químico, industrial y estratégico, tanto para el país como para el resto del mundo. Aquí se encuentra el 15% de las especies de aves del planeta; más especies de mamíferos de los que se encuentran en toda África al sur del desierto del Sahara; más especies de plantas de las que se encuentran en Estados Unidos y Canadá juntos; más especies de árboles y peces que en toda Europa.
La mayor parte de esta fabulosa riqueza genética se encuentra relacionada con los bosques del país. Estos a la vez son fuente de agua, alimentos, oxígeno, fibras, maderas, minerales, medicinas, recursos genéticos, resinas, aceites, alcaloides, energía, materiales de construcción y otros productos. Manejados adecuadamente podrían convertirse en un significativo componente del desarrollo nacional.
La deforestación en Venezuela beneficia principalmente a un minúsculo grupo de empresarios, ganaderos, agricultores, madereros y mineros. En complicidad con la red de corrupción que permea el servicio forestal del Ministerio de Eco-socialismo, sirve además como mecanismo perverso para transferir la propiedad de la tierra del sector público al privado.
La tasa de destrucción de bosques naturales en Venezuela es totalmente injustificada. Es normalmente la principal causa de las inundaciones, las sequías y el desabastecimiento de agua que sufre más de la mitad de la población venezolana.
La deforestación anunciada por el gobierno nacional ante la ONU implica además la emisión de aproximadamente 60 millones de toneladas de CO2 anuales, 600 millones durante el período 2021-2030, sólo por concepto de biomasa aérea y tomando en consideración que las tierras deforestadas normalmente han sido previamente intervenidas y degradadas.
En el documento oficial en el que se anuncia esta trágica decisión, no se menciona justificación alguna, como si no fuese necesario, además de obligatorio, informar debidamente a la población al respecto.
Misión Árbol
En declaración pública del 30 de mayo 2021, el ministro de Eco-Socialismo, Josué Alejandro Lorca, recalcó que la Misión Árbol desde su creación en el 2006 ha sembrado 31 millones de árboles y ha reforestado 28 mil hectáreas en todo el país.
Se desprende que la superficie reforestada promedia 1.870 hectáreas por año. Durante ese mismo período, 2006-2021, se deforestaron 2.200.000 hectáreas de bosques naturales, a una tasa promedio de 147.000 hectáreas por año. La tasa de reforestación de la que alardea el Ministro de Eco-Socialismo es equivalente a apenas 1% de lo deforestado en ese mismo período.
El documento consignado ante la ONU menciona la reforestación de 3.000 hectáreas para el secuestro de carbono, cuando la tasa actual de deforestación es de 100.000 hectáreas por año. También se refiere a la plantación de 155.000 hectáreas en 8 años "para fomentar que las empresas plantadoras aumenten su superficie de manejo". Según este documento oficial, la nueva política forestal del gobierno nacional es reforestar 3.000 hectáreas en beneficio colectivo, y 155.000 hectáreas como subsidio a la empresa privada.
Degradación de bosques
Las emisiones de CO2 provenientes de la degradación de bosques es una variable normalmente ignorada, a pesar de tender a duplicar la contribución a las emisiones de CO2 por deforestación. En Venezuela, un territorio boscoso puede perder hasta el 80% de su biomasa forestal sin que tal destrucción sea incluida ni en las estadísticas de deforestación, ni en la contabilidad de emisiones de CO2. Sólo cuando la destrucción es extrema, sólo cuando la cobertura forestal se reduce a menos del 10% del territorio, es que se contabiliza como área deforestada.
De esta manera se encubre con perversidad tanto una masiva degradación de los bosques del país, en beneficio privado, como su significativo aporte a las emisiones nacionales de CO2.
La administración forestal en Venezuela ha sido prostituida a tal extremo que enormes territorios que hoy son potreros, pastizales y tierras de cultivo, bajo propiedad privada, continúan siendo incluidos en las estadísticas nacionales como bosques naturales propiedad de la nación. De esta manera se encubren gigantescos delitos, la expropiación ilegítima de riquezas naturales y la transferencia ilícita de enormes superficies al sector privado.
Ejemplos abundan, aunque los más vergonzosos son los relacionados con las reservas forestales del país. Las reservas forestales, decretadas a inicios de los 60, son bosques públicos de carácter permanente. No son tierras para la conversión a la ganadería o la agricultura. Ni lo son para la transferencia al sector privado.
La reserva forestal de Turén, en el estado Portuguesa, excepcionalmente rica en biodiversidad, tanto vegetal como animal, originalmente con 116.400 hectáreas de selvas espectaculares, ricas además en Caoba, Cedro, Pardillo y otras maderas valiosas, fue totalmente destruida. Solo quedan minúsculos reductos que, juntos, suman aproximadamente el 5% de la superficie boscosa original. Hoy son lujosas fincas, tierras privadas de facto. Sin embargo, el gobierno continúa contabilizándola como reserva forestal y bosque natural en su extensión original (MinEc – Anuario Estadístico Forestal 2018, el más reciente disponible hasta la fecha).
Lo mismo ocurre con las reservas forestales de Caparo (174.400 ha), Ticoporo (187.200 ha), San Camilo (97.100 ha), Río Tocuyo (48.000 ha), Guarapiche (370.000 ha) y el bosque de San Pedro, entre otros territorios boscosos saqueados, destruidos y expropiados al país en los últimos 40 años.
Los bosques originales de todas estas reservas forestales han sido destruidos en más de un 85%. Los remanentes son patéticas manchas boscosas, intervenidas y degradas. En Ticoporo se persiguió, en cacería, hasta el último mono que sobrevivía en sus árboles. En Caparo apenas sobrevive un pedazo entregado a la Universidad de Los Andes en comodato, apenas 7.000 ha (4%), bajo constante asedio por las mafias de la tierra, en contubernio con funcionarios públicos, militares, paramilitares y narcotraficantes.
En Venezuela, las figuras jurídicas de reserva forestal y lote boscoso se refieren a bosques delimitados para la explotación sostenible de maderas con fines industriales. La obligatoriedad del manejo sostenible de las concesiones forestales se encontraba establecida tanto en la legislación correspondiente, como en planes de manejo aprobados por el gobierno. La supervisión del cumplimiento de tales leyes y prácticas operativas es del Ministerio de Eco-Socialismo, antes Ministerio de Ambiente.
Unas 13 millones de hectáreas de majestuosas selvas naturales fueron delimitadas para tal fin cuando se repartió el país a inicios de los 60. Cerca de 4 millones de hectáreas fueron entregadas a empresas privadas para la explotación sostenible, de acuerdo con directrices técnicas y jurídicas impuestas por el Estado, para garantizar su permanencia como recurso natural propiedad de la nación.
En teoría.
En la práctica, plagada de corrupción, la dura realidad es un insulto a la nación, a generaciones futuras y a la profesión forestal. Los majestuosos bosques entregados en concesión fueron explotados como si fuesen minas, literalmente saqueados para enriquecer a un minúsculo grupo de empresarios y políticos, con la complicidad de los burócratas gubernamentales encargados de supervisar el cumplimiento de la reglamentación vigente. El manejo forestal sostenible ha sido más un mito que una realidad. Las tierras entregadas en concesión a empresarios son hoy potreros en propiedad privada. Ninguno de los empresarios, ninguno de los funcionarios públicos involucrados, ha sido imputado por estos gigantescos crímenes contra el patrimonio de la Nación.
La destrucción del patrimonio forestal es una de las principales causas del desequilibrio ecológico del país, corroe las garantías de un desarrollo económico sostenible y compromete la seguridad y el bienestar de generaciones futuras.
Es necesario definir una estrategia para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bosques nacionales. Es necesario evitar que el desarrollo lleve implícito la destrucción del patrimonio forestal y genético de la nación.
El gobierno nacional debe someter a consideración pública los motivos que lo impulsan a sacrificar otro millón de hectáreas de bosques naturales durante el período 2021-2030. Por el bien de generaciones futuras, Venezuela debe comprometerse a detener la destrucción de los bosques naturales del país para el 2030 a más tardar.
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