Si convenimos en que toda oposición debe, en su rol de disensión, respetar ciertas reglas,
ciertos límites inherentes al juego democrático, entonces no hay más
remedio que señalar a la oposición actual como un perfecto ejemplo de
irrespeto a tales reglas. No obstante, eso es lo único que hemos venido
haciendo sin descanso, señalarla, pero en modo alguno conminarla en
concreto a responder por cada una de sus opiniones emitidas —o más bien
arremetidas— en contra del Gobierno Nacional.
Pareciera
que el respeto a la democracia en nuestro país no constase de contexto
jurídico alguno, y que las leyes que protegen a la República estuviesen
abandonadas en baúles polvorientos. Tal vez sea por ello el momento de
crear algo así como un equivalente de las Misiones en el plano
jurídico, y dotarnos de un recurso alternativo a través del cual
pudiésemos asegurar el respeto y efectividad de las reglas
democráticas. Para enfrentar el asunto con propiedad, habría
que comenzar por decretar una inaudita figura de responsabilidad
pública, capaz de regular drásticamente el actual comportamiento
salvaje de los medios, y la cual podríamos llamar decreto de
Debate Público Obligatorio, o simplemente DPO [valga la voz
onomatopéyica de las siglas].
¿Por qué Debate Público Obligatorio?
Por la imperiosa necesidad de atender impostergablemente un problema
muy específico y muy urgente de la realidad venezolana: el caos
mediático.
Ante un decreto de Debate Público Obligatorio (que
como veremos sería errado asimilar a una medida
de paños calientes), todo eventual opinador público que sirviérase de
los medios para acusar, injuriar, vejar o poner en duda la integridad
moral y ética de cualquier funcionario público (o persona afín al
sector gubernamental) con el propósito de producir, mediante la
elaboración y lanzamiento de matrices de opinión, efectos de masa
adversos, de retaliación y coerción colectiva capaces de perturbar el
funcionamiento de las gestiones administrativas del país, quedaría
automáticamente comprometido a debatir en público sus declaraciones con
un defensor designado por la parte aludida.
Este
decreto no tendría por objeto la persecución política, y no pone tanto
el acento en la lógica del derecho a réplica, ni en los justos
beneficios de la contra-demanda, como en la realidad práctica de una
protección efectiva a la salud mental del colectivo. Gracias al efecto
catártico (purgante) del debate público, dicha medida haría posible que
este mismo colectivo —un país entero a la merced de los medios— tuviese
la oportunidad de contrastar toda suerte de opiniones tendenciosas, y
en consecuencia procurarse una idea propia, concreta y verdadera por
encima de toda manipulación.
Allí
donde el daño ha sido o querido ser causado —en la mente de un
colectivo captado para la instrumentalizar políticas—, allí mismo y a
través de los mismos medios (la pantalla) es donde se debe operar la
solución. Lo cual enhorabuena da lugar, simultáneamente, a una
inmediata responsabilización del opinador "desbocado" sobre de sus
propios y audaces juicios (emitidos durante lo que sólo puede ser
considerado un uso pleno de su libertad de expresión), y lo que
aun es más importante: sobre la flagrante obscuridad de sus calculados
pasos.
Al momento de emitir sus acusaciones (siempre preñadas de intereses políticos y hambrientas de poder), todo
el mundo recurre en el país a la conocida frase "y lo digo con toda
responsabilidad"; pero sabemos que en la práctica esa frase no es más
que un recurso puramente retórico y no vinculante, es decir, totalmente
desprovisto de consecuencias.
Frente
a un caos permanente —y suspecto— de la información y la impune
denuncia, el único remedio es la contrastación inmediata. Tanto como
dure dicha "entropía controlada", su medicamento se llamará "Debate
Publico Obligatorio".
El
pueblo tiene derecho a exigir un alto al carnaval infamante en que se
ha convertido la información, ventilada actualmente por los medios en
forma asombrosamente similar a los pesticidas rociados sobre campos de
cultivo...
Dicho desde la persona plural del común soberano, lo cierto es que no queremos que nadie nos cultive, preferimos cultivarnos.
Póngannos
enfrente los oponentes más radicales con sus ideas y sus razones (para
ver todo lo que realmente hay, y no sólo imaginarnos lo que nos ocultan
los medios), y sabremos perfectamente hacer la parte justa y necesaria.
Es el fin ipso-facto de toda la manipulación.
El tiempo se detiene, la mente respira, observa y juzga. Se reivindica el individuo, su pensamiento cuenta.
Y
eventualmente recuperamos las garantías republicanas de nuestra
democracia. Sin ellas, olvidémonos de socialismo, de humanismo, de
comunismo y de comunas. Estos conceptos, sin excepción, tienen sus
bases en un Estado de Derecho, esto es, en una organización que refleja
principios y que sólo puede existir a través de los medios con que la
dotamos para protegerla. Dichas herramientas y recursos se llaman leyes, preceptos, reglas, pautas, coordenadas, ejes, condiciones; todos son relativos a un proyecto, a un "sueño con pies y cabeza".
Ante la "Misión Debate", no faltarán quienes profieran:
—"¿Un decreto DPO? ¿Es en serio, o para reír?"
A cada quien de juzgar, y a los especialistas de demostrar toda posible incongruencia.
Los
medios en la actualidad hacen de las suyas y terminan siendo el
verdadero gobierno de las masas. Aquellos pocos individuos que
excepcionalmente logran convertirse en usuarios activos de los medios
de comunicación, que van a menudo a programas, o disponen de ellos,
detentan un poder que el ciudadano de a pié está muy, pero muy lejos de
poseer. Éste es sólo un "desventajado" receptor, que está por el
contrario obligado a "padecer" eternamente cuanto es emitido por los
medios, sin tener la menor posibilidad de incidir en los contenidos que
usualmente con sorna éstos le zampan.
Tristemente, su única forma de acción es el consumo automático, la existencia pasiva, la miserable ingestión indefensa.
De
todo punto de vista, el cuadro es burdamente desigual e
intolerablemente injusto. Ahí está el pueblo, de nuevo convertido en
receptáculo de contiendas ajenas y mezquinos intereses. Y si bien es un
deber del Estado proteger al ciudadano, y que el Gobierno ponga todo su
empeño en luchar por él, ya es tiempo que se le dé la posibilidad de
defenderse también solo. Especialmente si el Estado y el Gobierno que
lo administra no lo pueden, por definición, todo...
Queremos
ver todas las opiniones emitidas —por quien sea— ser DPO (televisado y
en cadena). Y ser nosotros quienes nos formemos en fin de cuentas
NUESTRA opinión. En otras palabras, no queremos seguir permitiendo que
se divulguen informaciones en nuestros medios (nuestros en el sentido
que no tienen más destinatario que nosotros) sin que las mismas sean
pragmáticamente contrastadas por nosotros, sometidas a nuestra propia
inteligencia y discernimiento. Lo sentimos mucho, pero dada la
importante influencia psicosocial que los medios ejercen sobre la masa,
es lógico que las opiniones con alcance público estén sujetas a leyes
estrictas de protección sanitaria, y sobre todo que deban pagarse
"decontado", es decir, que sean rápida y obligatoriamente repetidas y
discutidas frente al —o los— aludidos. Nunca a crédito, si dejadas a la
deriva de una mediatización rampante y libertina son el tipo de
opiniones que engordan muy rápido en su nefasto y premeditado valor.
El
debate calmará sin duda las inquietudes inducidas psicológicamente por
los medios al usuario (quien por lo general en vez de "usarlos" es más
bien "usado" por ellos), y calmará también la guapería calamitosa de
seres como Ismael García.
Tampoco
es suficiente la recurrente excusa sobre el derecho individual a la
libertad de consumo, pues mal pudiera bastarnos con decir: —"señora,
señor, deje de ver la televisión, de escuchar la radio, de leer el
periódico: si no le gusta, no está obligado a verlos, escucharlos ni
leerlos".
Simplemente
no nos basta, sería demasiado cínico ignorar aquello que constantemente
se refiere a nosotros (pues somos el blanco de toda información, y la
presa que todos quieren) y que invade nuestro espacio vital de todos
los días sin siquiera pedir permiso. Ese argumento
del derecho individual a la libertad de consumo habla, en realidad, de
una libertad que no tenemos.
La
hiper-presencia y la hiper-incidencia en la vida cotidiana nacional por
parte de los medios de comunicación (o mejor dicho, de quienes tienen a
éstos en su poder), es abrumadoramente activa y desde todo punto de
vista embasurante para la psiquis. Su omnisciente cobertura y su
asfixiante hegemonía constituyen un verdadero imperio que se extiende y
afianza cada vez más a lo largo y ancho de un territorio —el país
entero— que es común y que por principio debería permanecer común. La
desmesurada omnipresencia y poder de los medios de comunicación sobre
las masas hay, pues, que enfrentarlos, pero con medidas realistas y si
es posible draconianas.
La
consciencia colectiva, la inteligencia orgánica nacional, necesita de
reales defensas frente a esta invasión caótica de la "información".
Necesitamos interactividad horizontal, no verticalidad mono-activa.
Hay quienes dicen que los
poderes mediáticos consolidados en nuestra sociedad son inevitables.
Entonces hay que repartir, simplemente, mejor dichos poderes: dándole
al pueblo la oportunidad de contrastar en forma independiente las
opiniones emitidas por sectores opuestos; poniendo los generadores y
propulsores de matrices de cara frente a los presuntos implicados en el
irrespeto de la ley.
Provoquemos
así que el libertinaje mediático y la manipulación de consciencias
disminuya. Que cada opinador esté obligado a responsabilizarse por sus
palabras. Y no sólo se dé a la tarea —o el vicio— de vociferarlas
bravuconamente. El pueblo merece empoderarse, tomar parte activa en la
vida política de la Nación en tanto que catalizador real de la opinión
colectiva, dejando de ser un factor "DEL" ambiente para convertirse en
un factor "EN" el ambiente.
La
ley o el decreto DPO llevaría tácitamente el siguiente mensaje:
—"Señores y Señoras mediáticos, portavoces políticos, entrevistados
permanentes, íconos de falange y eventual palangrismo, cabezas de
sector y líderes penitentes: ustedes, que ponen todas sus energías en
captar nuestra atención, y se desviven por convencernos con sus
discursos envalentonados y sus estratégicas apariciones, ¿quieren
darnos realmente show? Pues dennos show, pero del grande: show en el
que cada uno responda, argumente y profiera sus sandeces frente al
incriminado —con la condición, eso sí, que las falsas acusaciones y las
mentiras hagan penalmente responsables a sus autores".
Tal
dosis de realismo no le haría mal al puro idealismo teórico y
contraproducente de la democracia. Mucho cuento se vendría abajo, y
sobre todo mucha enajenación se detendría en seco. Y no sería en
realidad nada nuevo, sabiendo que a eso popularmente se le conoce como
"matar la culebra por la cabeza".
¿No
es extraño que habiendo hoy en día tanta pantalla en todas partes, no
haya ninguna para la verdadera confrontación, y mucha— muchísima— para
el libertinaje, la conspiración y la manipulación de la mente
colectiva?
En
esta guerra moderna, llamada de cuarta generación y llevada a cabo
exclusivamente a través de los medios, al pueblo no le queda otro rol
—como en toda guerra— que el de una sempiterna carnada. Pero en ésta
vamos a ir metiendo ahora un poquito de orden, pues ese mismo pueblo
tantas veces vapuleado y humillado ya está decidido a hacer su propia
revolución, y tendrá esta vez su puesto de juez y árbitro.
La
guerra entonces ya no será tal vez de cuarta generación, sino de quinta
—es decir, más apropiada para esta República en que los medios están
llamados a tener una utilidad popular, no para-popular—.
Trapecistas pues a sus vacíos, saltimbanquis a sus piruetas.
Que empiece la función...
