Medios de comunicación, revolución y socialismo en Venezuela

Para defender la revolución y construir el socialismo hay que… ¡Socializar los medios!

Nota de Aporrea: El contenido de este documento fue presentado como ponencia en el I Encuentro Nacional de Ideología de la Fuerza Social de Profesionales y Técnicos Revolucionarios y Revolucionarias - Comando Miranda, realizado el 24 de febrero de 2007

Las conquistas populares en la comunicación, dentro del proceso revolucionario venezolano

Entre las conquistas que han venido logrando los trabajadores y el pueblo en el proceso revolucionario venezolano debemos mencionar la ocurrencia de varios fenómenos progresivos en materia de comunicación social, libertad de expresión e información. Se pueden identificar, principalmente, tres avances fundamentales:

a) Proliferación de medios comunitarios y alternativos

b) Mayor apertura de los medios de comunicación del Estado que, aunque con muchas limitaciones, muchísimo más accesibles a los voceros y sectores organizados del pueblo que en la IV República.

c) Cuestionamiento y confrontación popular (y del gobierno) con los medios de comunicación del capital privado y lucha por el control social de los mismos. Iniciativas ciudadanas contra la impunidad de los medios golpistas.

Estas conquistas, tanto materiales, como de conciencia, son algunas manifestaciones de lo alcanzado por la revolución que protagonizan las masas trabajadoras y los sectores populares (explotados), en Venezuela, en el terreno de la libertad de expresión. Sin embargo, la correlación de fuerzas objetivas todavía favorece a las armas comunicacionales del capital, en términos concretos de posesión de recursos para la producción y control de información y opinión. Pero, potencialmente, la situación apunta hacia una dinámica y perspectiva socialista. Es algo que se da dentro de un marco global, junto con la obtención de otros logros relacionados, en distintas esferas, como los beneficios obtenidos de las políticas sociales, los avances en la capacidad organizativa y de participación democrática del pueblo y el inicio de la construcción de ciertos embriones de poder popular, llámense comités o consejos comunales, así como la pelea por el control obrero de fábricas cerradas o por la “cogestión revolucionaria” en empresas estatales…

Todo esto es parte de una revolución, pero esta revolución todavía es un proceso abierto dentro de una sociedad capitalista, cuya clase dominante retiene gran parte del poder económico y trata de preservar la estructura residual de su Estado capitalista en crisis, dentro del cual ha perdido buena parte del control político y administrativo directo, que quiere recuperar.

Los mayores avances se han producido a partir de la respuesta popular y la defensa del gobierno frente a la ofensiva contrarrevolucionaria, en las coyunturas de confrontación más abierta, con el triunfo antigolpista del 13 de abril y el paro-sabotaje patronal-petrolero de diciembre 2002 a enero 2003, así como tras la victoria que reafirmó a Chávez en el referéndum revocatorio. En estas coyunturas se dinamizó enormemente la actividad organizativa y política del movimiento popular y esto se reflejó igualmente sobre los medios alternativos y en la lucha por controlar a los medios privados. Han sido la etapa de mayor expansión de los medios comunitarios y alternativos a lo largo y ancho del país, coincidente con las movilizaciones de protesta hacia los medios privados y la posterior discusión de la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en radio y Televisión), todo ello acompañado del debate sobre la necesidad de anular o retirar las concesiones que autorizan el funcionamiento de dichos medios golpistas. Al mismo tiempo hay el peligro de una tendencia burocrática estatal a la restricción de la crítica de la base los medios oficiales y a ignorar o limitar en esos espacios las protestas del pueblo que plantean reclamos al gobierno, principalmente a la burocracia de las instituciones, pero de conjunto, después del 2002, son muchísimo más permeables que en otros tiempos a la vocería de base del movimiento popular y esto hay que seguirlo profundizando con presión social orgánica y sostenida.

La aprobación de la Ley Resorte, como parte de este proceso de lucha, si bien representa la ganancia de cierto margen de control social y de regulación sobre los abusos de medios capitalistas, aparece como una salida reformista bastante moderada, en un momento en que el pueblo movilizado venía de cuestionar directamente la tenencia de dichos medios a la oligarquía golpista. Es decir; se puso un paño tibio cuando lo que estaba planteado era el retiro de las concesiones a esos medios. Es más, estaba planteada y a la orden del día la expropiación de sus activos en justa compensación por los perjuicios causados a la sociedad, con entrega de la señal y de las instalaciones, así como de los equipos técnicos, a las organizaciones sociales, para el fortalecimiento del poder popular. Era el mejor momento, en caliente, con el pueblo movilizado en protesta contra los medios y con la justificación irrebatible proporcionada por su involucramiento directo, abierto y constatable en la acción golpista contrarrevolucionaria y anticonstitucional. No hacía falta la Ley Resorte para aplicar la Constitución; bastaba con el apoyo y la movilización del pueblo para satisfacer sus aspiraciones.

Después de haber vuelto a triunfar contundentemente sobre la oposición en las elecciones de 2006 y al iniciar esta nueva etapa de gobierno, la acertada decisión del presidente Chávez, de no renovar la concesión de uso del espacio radioeléctrico al canal golpista RCTV, es un nuevo jalón de gran importancia en el camino hacia la posibilidad de la socialización de los medios de comunicación en Venezuela. Si efectivamente queremos ir “rumbo al socialismo”; entonces hay que socializar, y si la necesidad de la socialización está clara, madura y factible en algún sector, es precisamente en el de los medios de comunicación, así como en lo que respecta a la renacionalización de sectores estratégicos como las telecomunicaciones y las energías. Es un camino que reempieza a andar, pero no basta con dejar de renovar la concesión a uno de los medios capitalistas, porque el caso es el mismo para todas las grandes televisoras golpistas y para las grandes cadenas radiales que usurpan la libre expresión e información del pueblo y la acaparan para sectores del capital al servicio del lucro, de la contrarrevolución y de la dominación imperialista. La consigna socialista quedaría como un simple slogan vacío.

Socialismo y control de los medios

De acuerdo con la tradición marxista-leninista (socialismo científico), el objetivo de una revolución socialista es colocar a la sociedad bajo el control consciente de la clase trabajadora y las clases oprimidas, pasando, para ello, por la toma del poder del Estado burgués, al costo de enfrentar y vencer la resistencia violenta y despiadada que opondrá la burguesía (tanto nacional como imperialista, en nuestro caso). Se trata del poder directo de los trabajadores y el pueblo, con sus organismos democráticos construidos durante el proceso de la lucha revolucionaria, para alcanzar ese poder, que una vez conquistado, se da a la tarea de iniciar el proceso de transición hacia el socialismo, el cual supone reemplazar las instituciones del Estado burgués por otras que le sirvan a la clase trabajadora, desde las instancias políticas y administrativas hasta las fuerzas armadas. Esta nueva sociedad se construye desde la base hacia arriba y la dirección revolucionaria es la expresión de la base, no una cúpula burocrática que decide por encima del resto de la sociedad.

La historia ha demostrado que cuando se establece una burocracia no es posible construir el socialismo. En primer lugar, la burocracia no está interesada en cambiar realmente el sistema y no suele romper realmente con el capitalismo, limitándose a darle retoques reformistas. Cuando la dirección de un proceso revolucionario triunfante se burocratiza, funciona con criterios de capitalismo de Estado, acaba con la democracia y usurpa el poder a la clase trabajadora y al pueblo, obtiene privilegios similares a los de la burguesía.

Una de las tareas más importantes y urgentes cuando un proceso revolucionario desemboca en la toma del poder es la expropiación de la burguesía y de las transnacionales imperialistas. Es algo imprescindible, porque sus riquezas se basan en la explotación que se pretende abolir y porque acaparan los recursos necesarios para atender las necesidades del pueblo, aparte de que utilizarían tales recursos para financiar e impulsar la contrarrevolución. Es falso que se necesite de la inversión privada para impulsar el desarrollo. Pero para expropiar a los capitalistas se requiere forjar una correlación de fuerzas capaz de afrontar las consecuencias del intento o desarrollarla en el transcurso.

Esto también opera respecto a los medios de comunicación del capital, ya que su posesión por los explotados es necesaria para permitir la libertad de expresión del pueblo. La comunicación, en la transición al socialismo, debe ser entendida como derecho humano y no como mercancía. El espectro radioeléctrico, como “bien público”, no puede seguir siendo objeto de explotación y de negocios, porque esos negocios son el terreno de juego de la clase explotadora dominante, mediante el cual confisca la libertad de expresión de los pueblos e impone su dominación ideológica. Bajo las reglas del capitalismo, el espacio radioeléctrico nunca concreta realmente esa condición “bien público”, por más que lo contemplen la Constitución y las leyes, porque los desposeídos y explotados, que no tienen capacidad (capital) para hacer negocios, quedan privados de los medios de comunicación.

Por consiguiente, la expropiación de los medios privados es parte elemental de la apertura del camino al socialismo, porque es básica para el ejercicio democrático y porque es cuestión de vida o muerte para la revolución, quitarles a los capitalistas una de sus más poderosas y peligrosísimas armas contrarrevolucionarias. Cuando el Estado de los trabajadores y el pueblo se apropia de los medios de comunicación, acaba con el mito burgués de la “libertad de prensa” que depende de la posesión de bienes y dinero. La auténtica libertad de expresión se hace posible y se multiplica para todos con el poder de los trabajadores y el pueblo, excepto para la antigua clase dirigente y para los que pretendan organizar la contrarrevolución. Por eso, cuando en la transición al socialismo, el Estado conducido por la clase trabajadora, se apropia de los medios de comunicación de la burguesía, hace que las organizaciones de la clase obrera, los campesinos y las comunidades populares, así como la gente del pueblo explotado en general, dispongan plenamente de ellos para su participación en el debate público, para su educación revolucionaria y para el desarrollo de sus manifestaciones culturales a gran escala.

Por supuesto, la socialización de los medios ha de ser parte de un proceso único que, antes o después, deberá estar acompañado de la expropiación de los medios de producción y de cambio a la burguesía, así como la estatización de las empresas transnacionales establecidas en nuestro suelo.

El intelectual y profundo analista del tema de los medios, Luís Brito García, “comenta en uno de sus escritos que “más vale ser invadido por una Revolución cumplida que por una reforma postergada” y expresa con toda razón que “el socialismo se demuestra socializando” (Ultimas Noticias, 06-08-2006, pág. 60). El “socialismo” con propiedad privada y con medios privados no será sino un nombre engañoso para el capitalismo; es decir, una caricatura de socialismo o “caricatura de revolución” como decía el Che.

La legislación nacional en materia de telecomunicaciones todavía es muy débil y no trasciende los límites del capitalismo , ayuda poco al logro de los objetivos revolucionarios o incluso los contradice y está todavía lejos un verdadero diseño comunicacional para el Socialismo del Siglo XXI. Esto debería ser abordado en la Reforma Constitucional y en los cambios a introducir mediante la Ley Habilitante.

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones promulgada en la V República, todavía responde a criterios capitalistas. Aunque establece que el espectro radioeléctrico “…es un bien de dominio público...” (Artículo 7), incurre en una franca contradicción e incompatibilidad de propósitos, al decir que tiene por objeto la regulación general de las telecomunicaciones “…a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones para lograrlo…” (Art. 1), como si la vía para asegurar ese derecho humano fuese el ejercicio de las “actividades económicas” (privadas), en lugar del reforzamiento de las garantías de acceso y control popular con plena protección del Estado. Con esta Ley se sigue auspiciando el capitalismo al permitir la “explotación” de redes de telecomunicaciones y prestación de servicios, así como penetración imperialista transnacional con la “inversión extranjera” en servicios de radiodifusión sonora y TV abierta (Art. 9). Además, el establecimiento o explotación de estas redes o servicios de telecomunicaciones “…podrán realizarse en beneficio de las necesidades comunicacionales de quienes las desarrollan o de terceros…” (Art. 6); o sea, no del pueblo, sino de particulares. Y esto, que por otra parte, no parece hallarse en correspondencia con el contenido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fue aprobado por un parlamento con supuesto dominio bolivariano en el año 2000. Tenemos que acabar con estas incongruencias

La más reciente Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, si bien representa una conquista, al dotarnos de un instrumento legal progresivo de control social, que antes no existía; por otro lado, dialécticamente, constituye la expresión de un freno a la lucha concreta, muy por debajo de los niveles de radicalización y de los retos que planteó la insurrección democrática-revolucionaria del 13 de abril de 2002, al derrotar al golpe fascista. Mientras las masas venían de rodear y estar a punto de ocupar los medios privados, esta Ley sólo permite, en términos formales, muy tímidos avances y no resuelve el problema del predominio del capital sobre los medios de comunicación no proporciona realmente el antídoto necesario contra el psico-terrorismo mediático golpista. Además, lo que dice la ley no se ha venido aplicando, debido quizás a una conjugación de factores: el chantaje interno e internacional de los dueños de los medios (dueños, a su vez de grandes medios de producción y de cambio), la híper-tolerancia institucional, los enfoques conciliadores o reformistas, sin descartar posibles compromisos de funcionarios con capacidad para negociar indulgencias o asociarse con los capitalistas. Así lo demuestra la tremenda impunidad de los medios privados junto con la de los golpistas contrarrevolucionarios en general (libres y conspiradores reincidentes en su mayoría, incluso hasta haciendo contratos con el Estado). La no renovación de la concesión de RCTV marca un viraje que debemos llevar hasta sus últimas consecuencias.

La propia Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aun cuando signifique un avance, en términos relativos, se queda sumamente corta si la vemos desde la perspectiva socialista. Desde el punto de vista del control; es decir, de la participación “democrática y protagónica”, la Ley deja el peso de las decisiones sobre los funcionarios del Estado (burocracia) y los representantes de las organizaciones de usuarios y usuarias quedan en franca minoría. Las grandes organizaciones sociales de los trabajadores, campesinos y movimientos popular, que deberían ser el factor conductor fundamental de la transición al socialismo no tienen representación directa en el Directorio de Responsabilidad Social (Art. 20), y en el Consejo de Responsabilidad Social hasta el sector privado y las iglesias (de por sí reaccionarias) tienen mayor peso que los trabajadores de la radio y la televisión; la central sindical de los trabajadores tampoco tiene participación aquí, ni ninguna de las organizaciones sociales de lucha del proceso revolucionario. Un organismo así jamás estará al servicio de la transición al socialismo.

No se trata de algo aislado, porque todo el andamiaje legislativo sigue arrastrando gran parte de la dotación genética del régimen burgués que se pretende sepultar.

Los medios comunitarios y alternativos en la revolución venezolana


Los medios comunitarios y alternativos han tenido un desarrollo sin precedentes en el marco del proceso revolucionario que vive Venezuela. Han surgido como instrumentos de expresión de organizaciones y colectivos de los barrios populares, de grupos de activistas políticos, sociales y culturales de distinta índole.

Se les reconoce un papel importante en el combate popular contra los intentos conspirativos de la gran burguesía, que se produjeron para derribar al gobierno de Chávez e instaurar la contrarrevolución. Procuraron contrarrestar a los potentes medios del capital que promovieron abiertamente los paros patronales, el golpe militar y el breve gobierno dictatorial pro imperialista del 11 de abril de 2002 (Carmona). Contribuyeron a informar, organizar y movilizar a la gente en el levantamiento popular que restauró las libertades democráticas el 13 de abril del mismo año. Incluso ayudaron a restablecer las emisiones de la televisora del Estado (VTV) cerrada por los golpistas.

También se destacaron, dentro de sus posibilidades, en la resistencia contra el sabotaje petrolero del 2002-2003, cuando los medios privados volvieron a actuar en bloque al frente de la ofensiva contrarrevolucionaria. Medios alternativos y comunitarios como la Radio Perola de Caricuao, Catia TVe, Antiéscuálidos.com y Aporrea.org fueron pioneros o bastiones de la comunicación popular en esas jornadas de lucha, ante el impenetrable muro de los medios privados de la burguesía y la insuficiencia de los medios estatales para contrarrestar la conspiración. Hay que destacar que además de la prensa alternativa, las radios y televisoras comunitarias, también los medios digitales han contribuido a abrir fisuras en el “cerco mediático” impuesto por los periódicos, las radios y las televisoras de la oligarquía golpista. Uno de los más representativos es el Sitio Web www.aporrea.org, que surgió desde una instancia de articulación popular constituida para enfrentar el golpe de Estado (Asamblea Popular Revolucionaria) y que es una cartelera abierta, con noticias y debates del movimiento obrero y popular. Aporrea ha acumulado en cuatro años y medio cerca de 50 millones de visitas contabilizadas.

Gran parte de los medios comunitarios y alternativos, que ya suman algunos centenares, con distintos niveles de desarrollo, han constituido redes regionales y son un factor político muy radical, con una buena capacidad de movilización revolucionaria. La mayoría se están agrupados en la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), otra parte en la Red de Medios Alternativos y existen agrupamientos de prensa popular, junto con algunas articulaciones regionales.

En la actualidad ANMCLA trabaja en el desarrollo de una Agencia de Noticias Alternativa, una plataforma tecnológica que le sirva de base, escuelas para la formación de comunicadores populares, una cooperativa de producción y mantenimiento de antenas y transmisores, una cooperativa de imprentas y papel, unidades de producción audiovisual y otros proyectos, esencialmente autogestionarios o apoyados en el financiamiento estatal de proyectos.

Entonces, en Venezuela, una de las principales conquistas del movimiento popular y de las comunidades, dentro del proceso revolucionario, son las emisoras y otros medios alternativos autónomos que están bajo posesión y control directo de organizaciones vecinales y culturales o de sectores del movimiento popular.


Pero, aunque dentro del gobierno bolivariano del presidente Chávez, se han favorecido considerablemente los medios alternativos; las políticas oficiales hacia la comunicación popular son aún muy insuficientes, contaminadas por los viejos criterios tecnocráticos y de mercado, que son rémora del régimen anterior.

Los entes y funcionarios gubernamentales siguen colocado trabas y limitaciones burocráticas inexcusables a la habilitación de los medios comunitarios y alternativos. Interponen restricciones leguleyas y técnicas, por encima de los criterio socio-políticos, democráticos y revolucionarios. No brindan suficiente financiamiento. Limitan la potencia y cobertura de las emisiones a estrechos ámbitos locales.

Mientras tanto, los medios comerciales de la burguesía gozan de una potencia muy superior a la de los medios populares y del Estado, y cubren la totalidad del país o llegan con sus emisiones hasta el extranjero, con enorme ventaja. Es indiscutible el predominio de las emisoras comerciales y privadas de la burguesía sobre el espacio radio-eléctrico. El sector de los medios comunitarios o alternativos sigue siendo muy precario, por más significativo que pueda parecer en términos relativos.


Hemos conquistado nuevas herramientas y esto es muy progresivo. Pero es indudable que sigue habiendo una gran vulnerabilidad del gobierno y del proceso revolucionario en materia comunicacional, para poder enfrentar adecuada y efectivamente las campañas contrarrevolucionarias y pro imperialistas, de neo-colonialismo mental, que mantienen constantemente los medios de la burguesía criolla y del imperialismo.

También hay que contrarrestar, en el terreno de la comunicación, al burocratismo y a la corrupción. Nos referimos no sólo a los rezagos de la IV República, sino también a un gran sector del funcionariado que se desenvuelve con el discurso de barniz “revolucionario” y “bolivariano”, que usa el lenguaje de moda, pero que en el fondo defiende un proyecto reaccionario y es alérgico a la autodeterminación de las masas y al poder popular.

Estos intereses ajenos a la clase trabajadora y a las masas populares anidan ampliamente dentro de las instituciones y juegan a favor de los intereses capitalistas o de las roscas que vienen actuando para convertirse o consolidarse como nuevo sector burgués, con barniz rojo. Ellos también tienen a los medios de comunicación en sus planes de acumulación de poder, gracias a la posición ventajosa que les brinda el control ejercido sobre los entes del Estado, despegados burocráticamente de la base. Círculos políticos y económicos del sector privado y de la burocracia oficial tratan de colarse como falsos “medios comunitarios”, parapetos que sólo responden a sus propios intereses. Abren camino a la apropiación de franjas del espacio radioeléctrico por los grupos económicos que vienen creando o con los que establecen alianza y se aseguran el usufructo de las frecuencias disponibles para sí.

Lamentablemente, a pesar de los inmensos recursos económicos con que cuenta el país y de las expectativas del movimiento popular, no hay todavía una política decidida y audaz del gobierno bolivariano, cónsona con el planteamiento socialista, que permita promover a los medios alternativos a la altura de los requerimientos y retos del proceso revolucionario. Ayudemos a construirla y a lucharla.


Aunque parezca extraño, los medios alternativos son más bien la expresión de núcleos de activistas locales y de pequeños colectivos vinculados a las comunidades, pero las grandes organizaciones sociales como la Unión Nacional de Trabajadores, las organizaciones campesinas o las redes de comités conformados para la participación democrática y protagónica, y para la lucha por el ejercicio de la contraloría social y el poder popular en las áreas de salud, tierras urbanas, agua, etc., no se han dotado, ni tienen todavía a plena disposición radios y televisoras; ni siquiera editan regularmente periódicos de gran tiraje, aunque suelen aparecer con mayor frecuencia en programas radiales y televisivos del Estado y de los medios alternativos.

Es el momento de dar un nuevo paso hacia la socialización de los medios de comunicación: La dotación con televisoras, emisoras radiales de alcance nacional y regional, y con imprentas modernas de alta capacidad, para que sean manejadas por las grandes organizaciones sociales revolucionarias del país, de manera autogestionada y autónoma, con suficientes recursos otorgados por el Estado . Televisoras, emisoras, centros de telecomunicaciones e informática, así como imprentas y equipos de reproducción para que sean conducidas por la UNT, por los agrupamientos nacionales de los campesinos, por los Consejos Comunales del Poder Popular, los indígenas, las mujeres organizadas, los jóvenes y estudiantes. En las empresas cogestionarias de la CVG, en Guayana (Estado-trabajadores), así como del sector eléctrico y de PDVSA, con cierta infraestructura tecnológica para las comunicaciones, deberían comenzar a establecerse medios radiales e incluso televisivos llevados por sus trabajadores y por las comunidades circundantes. En ello tendría que jugar un papel muy importante la estatal de telecomunicaciones Telecom. Todo esto haría inexpugnable a la revolución y multiplicaría el poder de información, formación ideológica, capacidad de convocatoria y movilización, así como de defensa nacional popular frente a la contrarrevolución o ante cualquier intentona de intervención imperialista directa.

¿Qué estamos esperando? Recursos hay, esto es innegable. Hemos mencionado que nadie le ha cobrado compensación alguna a los empresarios golpistas por las consecuencias económicas y perjuicios causados por sus acciones; ahí podría obtenerse, en justicia, una parte de los recursos necesarios para los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Por otro lado, gastamos dinero en pagarle al imperialismo la deuda externa fraudulenta e ilegítima de la IV República, a la que habría que hacerle una auditoria (incluida la deuda del empresariado privado y golpista), mientras nos recortamos en muchos aspectos que son imprescindibles y urgentes para la revolución.


Los medios de comunicación del Estado en la revolución venezolana


Respecto a los medios del Estado, es indudable que éstos ofrecen hoy muchas más oportunidades para la participación de las direcciones obreras, campesinas y populares, en general. Pero, si bien se ha ganado mucho terreno, los medios del Estado siguen siendo esencialmente, instrumentos gubernamentales de las fuerzas políticas y dirigentes que controlan el aparato estatal. Desde el punto de vista de su conducción, programación y administración, así como en lo que se refiere a distribución de los espacios de participación, no impera sobre ellos un control social real ni están a la disposición incondicional de las organizaciones de los trabajadores, de los campesinos ni de los organismos populares. Su apertura es relativa y aunque hay posibilidades de utilización de sus espacios, también hay muchos filtros para la crítica y para la protesta revolucionaria.

Por eso decimos que los medios del Estado en la revolución bolivariana han ampliado el acceso del pueblo, pero no son aún un instrumento verdaderamente abierto a las masas populares. Una cosa es tener mayor acceso, pero a criterio de la autoridad, y otra es tener control y participación social plena en la dirección de estos medios públicos, donde los trabajadores al servicio de los mismos y las organizaciones del pueblo puedan manejar los distintos asuntos. Junto con esto, es preciso discutir la necesidad de establecer servicios públicos de libre acceso y participación para el ejercicio de la libre expresión del movimiento y las variadas formas de poder popular, los trabajadores, los campesinos, las comunidades, las organizaciones sociales del pueblo explotado, así como los niños, niñas y adolescentes, donde se puedan elaborar, diseñar e imprimir volantes y periódicos, reproducir materiales informativos y de formación política, producciones audiovisuales como práctica de la libertad de expresión, sin pasar por el implacable colador del dinero. Igualmente hay que implantar, con mucha mayor profundidad, calidad y extensión, servicios de telecomunicaciones e informática disponibles para la participación democrática y protagónica de los colectivos que vienen construyendo ese poder popular, autogestionados por las comunidades y organizaciones sociales, con suficientes recursos aportados por el Estado como retribución de las riquezas nacionales que se supone pertenecen a todos los venezolanos.

Esta sería una de las maneras de caminar hacia la socialización de los medios, sin la cual no será posible lograr el objetivo estratégico de “reforzar el empoderamiento popular en materia comunicacional”, uno de los objetivos formulados en el “Nuevo Mapa Estratégico” del gobierno bolivariano. Por cierto, es necesario comentar que se le ve muy poca agilidad a la “creación de la Red de los Centros de Poder Popular”, otra de las herramientas del “Mapa Estratégico” para la consecución de tales objetivos estratégicos, en tanto que la revolución requiere mucha mayor velocidad y determinación, porque corremos el riesgo de que sea más veloz la acción ofensiva del capital y la acción corrosiva del burocratismo y la corrupción para destruir las conquistas que se van alcanzando.


Los medios de comunicación del capital privado y la revolución venezolana


En cuanto a los medios de comunicación del capital privado en Venezuela, éstos superan en número y capacidad a los medios del Estado y a los medios comunitarios y alternativos juntos, tanto en su cobertura nacional como en la internacional.

Todavía tienen un gran impacto en el moldeamiento de la conciencia de las masas en todos los estratos de esta sociedad que aún se mantiene dentro de los marcos del capitalismo. Recordemos el impacto disociador que tuvieron las televisoras, las radios y la prensa privada capitalista durante las ofensivas contrarrevolucionarias lanzadas contra el gobierno de Chávez y contra el proceso revolucionario en el cual se sostiene. Recordemos, especialmente, la perversa propaganda de corte fascista con que se minó la mentalidad de los sectores de clase media, desatando una verdadera psicosis e implantando criterios ultra reaccionarios y absolutamente pro imperialistas.

Los dueños de los medios privados son a la vez dueños, socios y aliados del capital financiero, industrial, comercial y del sector servicios, así como poseedores de latifundios. Están estrechamente vinculados a las transnacionales y al imperialismo, son sus agencias de contra información y propaganda. Han sido los artífices e instrumentos claves de las conspiraciones golpistas y sabotajes contra la revolución bolivariana y contra el gobierno de Chávez. Lo fueron en la preparación y ejecución del golpe del 11 de abril, promoviendo, instigando, articulando, malversando y manipulando, mintiendo, encubriendo u ocultando, participando en el Estado Mayor golpista. La misma función cumplieron en relación con el sabotaje económico y petrolero, la “guarimba” (insurgencia callejera de los sectores adinerados y acciones terroristas) y en los operativos dirigidos a lograr la revocatoria de Chávez mediante referendo y fraude.

Sin embargo, apartando la decisión de no renovar la concesión a una de las televisoras emblemáticas del golpismo, gozan de la más pasmosa impunidad y no ha habido ninguna sanción administrativa ni judicial contra los delitos cometidos por los mismos.

El Ministerio Público sigue sin adelantar ninguna acción judicial efectiva para que los dueños de los medios paguen penalmente por sus responsabilidades, para que cesen su acción reincidente, para que compensen a la sociedad y al Estado por los daños ocasionados. El TSJ ha aceptado un Recurso de Amparo, introducido por organizaciones civiles, contra los dueños de los medios, por violación de derechos humanos, pero lo ha venido procesando a paso de morrocoy y es después de cuatro años que por fin anuncia la Audiencia Constitucional.

El gobierno, que en esta nueva “fase socialista” ha dado el paso de no renovar una de las concesiones vencidas, debería seguir impulsado ese tipo de iniciativas contundentes, en el plano institucional y legal como apoyándose en nuestra movilización popular. Hay que involucrar más al pueblo, como fuerza protagónica, con esta orientación. Hay que reconocer la importancia que se ha dado a la crítica de los medios, de su papel político, de los contenidos de sus informaciones y mensajes, por cuanto constituye una forma de educación y concientización permanente del pueblo.

En términos económicos, los estragos causados por el psicoterrorismo mediático ascienden a muchos miles de millones de dólares. Los medios deberían haber sido demandados legalmente y se les debería haber cobrado indemnizaciones por las enormes pérdidas económicas, materiales y humanas que le ocasionaron al país, que de acuerdo con las estimaciones deben andar, aproximadamente, por unos 20.000 millones de dólares, que representaban en aquél entonces prácticamente la totalidad de las reservas internacionales y más de dos tercios de la deuda externa. Si estas pérdidas tuvieran que ser resarcidas por los dueños de los medios, no les alcanzarían todas sus posesiones para cubrirlas y tendrían que entregarle al Estado y al pueblo todas las instalaciones y equipos de sus emisoras e imprentas, además de otras empresas. Por otra parte, con este dinero, el gobierno contaría con más recursos para satisfacer muchos reclamos sociales, como el necesario aumento general de salarios que requieren los trabajadores y los ajustes pendientes en la escala de sueldos de los empleados de la administración pública.

La mejor manera de enfrentar al imperialismo no es mantener sus armas comunicacionales enquistadas dentro del país, socavando y acechando constantemente. Nada fortalecería más al pueblo y a su revolución que tomar posesión de los medios; eso contrarrestaría muchísimo mejor las campañas internacionales de los imperialistas y de la burguesía local.


Entre las iniciativas desplegadas, pasados los días calientes de las concentraciones masivas e indignadas a las puertas de los medios golpistas, algunos grupos han presentado demandas judiciales, como es el caso del Recurso de Amparo intentado por el Frente de Abogados Bolivarianos y varias organizaciones sociales contra los dueños de la televisora Globovisión y RCTV, por violación de derechos humanos (25 artículos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Se ha iniciado una campaña de adhesiones a esta iniciativa y serán promovidas movilizaciones en respaldo, en función de lo cual se le está haciendo un llamado a las organizaciones que congregan a los medios comunitarios y alternativos, a los organismos de participación y poder popular, a la Unión Nacional de Trabajadores, a las organizaciones campesinas y a todos los colectivos revolucionarios que deseen adherirse a esta campaña, cuyo fin último, además de acabar con la impunidad de los medios capitalistas es lograr su socialización y su puesta en las manos del pueblo. Esta demanda es una excelente oportunidad para el debate político y la propaganda en torno al tema, así como para la articulación de esfuerzos y para la movilización combativa por objetivos democráticos y socialistas.


Llenemos de verdadero contenido revolucionario la definición del Socialismo del Siglo XXI, porque no podemos engañarnos poniéndole nombres nuevos a lo viejo. No basta con que cambien algunas formas, debe cambiar la esencia. En el “Nuevo Mapa Estratégico” se habla de “desarrollar un Nuevo Orden Comunicacional hacia la democratización del espacio radioeléctrico”. No hay democratización posible si se mantiene dominado y acaparado con gran ventaja por el capital privado. No hay socialismo con predominio de la propiedad privada y sin verdadera propiedad y control colectivo. Los medios privados capitalistas son un veneno permanente y una bomba que estalla recurrentemente, llenando de metralla e hiriendo profundamente a la revolución venezolana.


Los medios de comunicación en Venezuela, en el marco de esta revolución y en correspondencia con la prédica del Socialismo del Siglo XXI deben ser concebidos, no como negocio ni como instrumentos comerciales sujetos a los intereses de la minoría capitalista o como artefactos hipnóticos para encauzar la psicología social según las conveniencias de la patronal y del imperialismo. Deben ser vistos exclusivamente como servicios públicos para la información, expresión, educación, recreación y defensa colectiva. Por consiguiente deben estar controlados por el colectivo. Ese colectivo tiene formas concretas en la revolución venezolana.

Es decir; los medios de comunicación deben ser controlados directamente, tanto por los trabajadores de la comunicación social, como por las organizaciones sociales, tales como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), las organizaciones campesinas (como la Coordinadora Campesina y el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora), por los organismos populares y comunales como los Comités de Tierras Urbanas, los Comités de Salud, las Mesas Técnicas de Agua, los Consejos Comunales, por los Núcleos Endógenos, por las asambleas populares, las comunidades escolares, etc., por las agrupaciones populares dedicadas a las actividades artísticas, culturales y deportivas, por las organizaciones académicas y científicas identificadas con el pueblo, lejos del control de los grupos elitescos, comerciales y financieros, de manera democrática, para la libre expresión de todo el pueblo.

Resumen de propuestas de transición para la socialización de los medios:

Las comunicaciones para la transición al Socialismo del Siglo XXI, podrían comenzar a construirse mediante el levantamiento de un Sistema Público Nacional de Comunicaciones, en manos de los trabajadores, las organizaciones sociales, las comunidades y sus organismos de Poder Popular, así como de los medios comunitarios y alternativos ya existentes, los profesionales y técnicos de los medios de comunicación, los colectivos de productores independientes y otros vinculados al ámbito comunicacional, junto con el concurso de los sectores académicos, científicos, artísticos-culturales y deportivos, sobre la base de algunos pilares fundamentales, que pretendemos esbozar brevemente a continuación:

1. Cancelación de las concesiones radioeléctricas de las grandes televisoras y circuitos de emisoras privadas , a partir de la terminación de su impunidad, como paso hacia la socialización de los medios capitalistas, bajo control social.

2. Como parte del Motor de la “Explosión del Poder Popular”: Impulsar la expansión, desarrollo y/o consolidación de los medios de comunicación comunitarios, libres y alternativos , incluyendo medios locales, regionales y nacionales en manos de las organizaciones comunitarias, sindicales, campesinas, juveniles revolucionarias, indígenas, de sectores sociales específicos que luchan por derechos igualitarios (mujeres, afro descendientes, etc.), organizaciones sociales de la esfera científica, educativa, artística, cultural o deportiva y formas del poder popular (como los Consejos Comunales). Supone la inyección de recursos económicos públicos masivos, sujetos a proyectos autónomos de comunicación del pueblo, que permitan el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos existentes y la fundación de radios y televisoras obreras, campesinas, indígenas y de otras colectividades populares antes excluidas del derecho a la comunicación y libre expresión por el Estado y los gobiernos burgueses. Supone también la agilización de trámites y eliminación de trabas para facilitar la habilitación de genuinos medios comunitarios y alternativos a gran escala (con verdadera base y función social). Indudablemente, todo esto implica medidas de emergencia a poner en práctica y al mismo tiempo, la reformulación de todo el andamiaje legislativo para adecuarlo a la nueva etapa, ya que ni la estructura de CONATEL, ni el Directorio, ni el Consejo de Responsabilidad Social, ni las leyes que regulan el sector de las comunicaciones han sido concebidos con un claro enfoque socialista y representan tan sólo tibios avances reformistas que hay que trascender.

3. Apertura plena, con control democrático y participación social, protagónica y organizada, de los trabajadores y movimientos populares, en la conducción y control los medios del Estado. Se trata de superar del esquema de control exclusivo de los medios de comunicación del Estado por las instituciones de gobierno y los partidos políticos o funcionarios oficiales. Estos tienden a acaparar las comunicaciones estatales (públicas) para el usufructo de ciertos factores de poder o de castas burocráticas, imponiendo limitaciones al libre acceso de los voceros y activistas del movimiento obrero, campesino y popular, a la denuncia y a la crítica dentro del proceso, a las luchas que confrontan alianzas y compromisos con el capital, el burocratismo y la corrupción. Ese control debería ser ejercido con el concurso de los propios trabajadores de los medios estatales, como parte activa del control social-popular. El socialismo no es ni propiedad privada ni estatismo burocrático. Para discutir esta transformación de los medios del Estado (así como de los privados y de todo el sistema de comunicaciones), podría establecerse, una instancia política, con escogencia democrática de voceros por cada sector; una especie de Mesa Nacional para el Control Social de los Medios de Comunicación Rumbo al Socialismo, representativa del tejido social-popular orgánico existente en el país (donde estén, por ejemplo, la UNT, organizaciones campesinas, comités populares, consejos comunales, frentes sociales revolucionarios, comunidades indígenas, reservistas, medios alternativos, etc.). Poder Popular sobre los medios del Estado.

4. Amplia Red de Servicios de Comunicaciones y Telecomunicaciones, Informática e Imprentas Populares, plenamente accesibles y autogestionados por los trabajadores, las comunidades y por las distintas formas de organización del pueblo, con recursos suficientes del Estado (que nos pertenecen a todos). Las instalaciones de estos servicios deben complementarse con espacios para la discusión democrática, la formación y la actividad cultural comunitaria. Plena disponibilidad de esos servicios gratuitos o a costos muy económicos, al servicio del pueblo.

5. Afianzar la socialización de los medios en la Reforma Constitucional y de las leyes relacionadas con la comunicación (utilizar la Habilitante), con participación del Poder Popular en su diseño, discusión y aprobación.

6. Como parte del Motor “Moral y Luces” promover a fondo la formación para la comunicación popular y la educación crítica sobre los medios.

7. Como parte del proceso integrador latinoamericano, seguir favoreciendo la integración en redes comunicacionales dentro de nuestro ámbito continental, y desde el movimiento popular revolucionario y socialista de nuestro país, con sus medios comunitarios y alternativos, ayudar a impulsar la integración de redes de comunicaciones alternativas de los movimientos sociales latinoamericanos.

8. Renacionalización y recuperación efectiva de las telecomunicaciones monopolizadas por la CANTV (telefonía fija y celular y servicios de acceso a Internet) , con control democrático de los trabajadores y de las comunidades populares usuarias, ya que, como lo demostró la experiencia de la “meritocracia” petrolera, la simple burocracia o tecnocracia estatal (del signo que sea) no garantiza consecuentemente ni los intereses del pueblo ni la seguridad nacional.

Sin medidas parecidas a estas luce inconcebible alguna forma de comunicación digna de llamarse socialista. Si nos quedamos en tímidas reformas para “democratizar” el capitalismo; éstas nunca podrán ser auténticas, ni efectivas, ni duraderas. Por supuesto, nada de esto puede hacerse de manera aislada, sino como parte de una política socialista global que apunte hacia la socialización de los medios de producción y de cambio, junto con el desarrollo del poder obrero y popular en todos los terrenos, y sobre la estructura del Estado, incluido el aspecto militar. La dirección política de la revolución bolivariana deberá estar dispuesta a dar pasos decididos hacia delante en este sentido o los trabajadores y el pueblo tendrán que abrir la brecha, avanzando con sus propias fuerzas y su propia lucha para encaminarse hacia esta perspectiva, superando las resistencias burocráticas que no se atrevan a romper con el capitalismo y la organización burguesa del Estado.

Si se deja la propiedad de los medios de producción y de los medios de comunicación en manos del capital, si no se la toma, y si no se llena de clase obrera, campesina y pueblo la conducción política y estructura del Estado… el capital explotador seguirá teniendo –como todavía lo tiene- suficiente poder para dar, en algún momento oportuno de debilidad, el zarpazo final de la contrarrevolución a la experiencia de la revolución bolivariana.

En gran medida, esto dependerá de las luchas que, en este sentido, libren los trabajadores y las masas populares en Venezuela, en América Latina y en el resto del mundo, en contra de sus burguesías explotadoras y en contra del imperialismo.

Socialicemos los medios y avancemos, con nuestra lucha, organización y movilización permanente hacia la construcción del Socialismo. Ahora que comienza el Siglo XXI… sin tener que esperar 100 años.

El autor es Co-fundador del Sitio Web Aporrea.org
Miembro de la Coordinación de la Asoc. Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA)
Vocero de la Coordinación Nacional de la Fuerza Social de Profesionales y Técnicos Revolucionarios y Revolucionarias – Comando Miranda.

Correo electrónico: gonzalo@aporrea.org

Teléfono: 0414-4623380



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Gonzalo Gómez Freire

Psicólogo y comunicador popular, co-fundador de Aporrea. Miembro de la Coordinación Nacional de Marea Socialista y de la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana.

 gonzalo@aporrea.org      @GonzaloAporrea

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