La televisión venezolana inició un proceso de decadencia de manera integral. Malas telenovelas, pésimos actores, una programación mediocre y una cultura de entretenimiento que por vulgar se hace más peligrosa ante las deficiencias de nuestro sistema educativo, que no son pocas. El programa Radio Rochela es un ejemplo de la decadencia de la comedia venezolana. Y algunos periodistas de los medios un reflejo de la decadencia de las escuelas de comunicación social de universidades públicas y privadas. Un ejemplo de ello, cuando la periodista de Globovisión Carla Angola llama descarado y cínico a un diputado y le advierte que en su programa de “opinión” manda ella y que éste debe limitarse a responder lo que ella pregunta. Por supuesto la pregunta lleva incluida su opinión y su insulto al diputado. Peor que decadente, su forma de hacer “periodismo” es un ejemplo de lo que están permitiendo las escuelas de comunicación social. Ese retroceso empeora cuando los medios se hacen activistas políticos y deforman el periodismo para defender intereses económicos de una minoría.

El gobierno abre espacios a medios alternativos, con la impotencia de ver una decadencia generalizada incluso en las instituciones que regulan los medios. Vive TV, Telesur, CONATEL, la política informativa de RNV, MINCI, y de VTV son esfuerzos considerables por defender un proyecto político, además de garantizar un espacio a una mayoría silenciada, pero aún no logra detener la involución de los medios de comunicación y las instituciones dedicadas a la formación de los profesionales de la comunicación.

Ante la pasividad de las instituciones, el gobierno encuentra una oportunidad en la guerra mediática con el vencimiento de la concesión de RCTV, empresa privada que en su mediocre intento en tratar de confundir conceptos como libertad de prensa, libertad de expresión y derecho a la información, se desprestigia aún más.

No renovar la concesión no solo es potestad del estado, sino que además se trata del mismo gobierno que la directiva de RCTV trató de derrocar. Peor aún, insiste en derrocarlo con un periodismo inmoral, sin ética, y una propaganda cuyo único objetivo es destruir la credibilidad de todos los entes gubernamentales, ejemplo de ello fue la campaña de descrédito contra el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía, durante los comicios del 3 de diciembre y el asesinato de Danilo Anderson respectivamente.

También es preocupante el no saber qué hacer con la señal después del 27 de mayo. Pareciera que nadie pensó en lo que viene y a estas alturas es imperdonable. Esa incertidumbre es aprovechada por los oportunistas de siempre, que en su romanticismo barato hacen propuestas demagógicas que en el mejor de los casos son inviables, cuando no se trata de hacer “negocios” con una producción mediocre con el cuento de abrir espacios a la comunidad. Sí a la comunidad, pero ¿cuál?, a la comunidad, base popular también hay que ponerle la lupa. Ejemplo, una emisora “comunitaria” ilegal que promovió la quema de la casa del alcalde en el municipio Sucre.

Se debe conocer al detalle el sistema de concesiones por bloques de horarios que se realizaba en Colombia, cuando no existía la concesión a medios privados. Por los menos es la referencia más cercana, con buenos resultados.

Hablar de Producción Nacional Independiente obliga a que el MINCI, CONATEL y otras instituciones agilicen el cumplimiento de otros compromisos asumidos, pues hasta la fecha las PNI no están en el 50% de los espacios de los medios privados. Lo importante del día después no es la nostalgia que pueda despertar la ausencia de RCTV, sino que se llegue a confirmar que la organización de las PNI, cooperativas o cualquier otra iniciativa del gobierno era simplemente paja. Quizás me equivoco, pero el estado no puede asumir la inversión de un nuevo canal, no tiene personal de calidad suficiente. Una inversión mixta con reglas claras e instituciones supervisoras puede dar buen resultado, pero es casi inevitable que en este tipo de negociaciones, los funcionarios poco honestos dejen de hacer sus negocios bajo la mesa en detrimento del colectivo. Profundizar las PNI, garantizar la calidad de las mismas y abrir espacios controlados por el estado y la comunidad para la inversión privada, serían los elementos a considerar para una nueva adjudicación.

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