El cinismo del derecho de réplica

Se supone, y muchos periodistas así lo creen, que este derecho ciudadano, basado en lo que sería una actuación ética del comunicador social en su trabajo profesional, completa en forma idónea el ejercicio del periodismo en Venezuela. Es común oír hablar del “derecho de réplica”, como la más clara y absoluta demostración del respeto a la democracia por parte de comunicadores sociales y propietarios de los medios de comunicación. Usualmente, se considera que es el Gobierno, cualquiera que éste sea, quien actúa sin ética y quien amenaza el ejercicio pleno de las libertades de expresión e información, que deben existir en todo estado democrático moderno. Sin embargo, la situación real está muy lejos de ser tan simple y tan fácil de describir, pues ni los periodistas, ni los dueños de los medios de comunicación, y tampoco los gobiernos, actúan en función de la verdad y de las libertades que dicen defender, sino en función de sus verdades y de sus libertades, las que importan a sus intereses, lo cual deja fuera a los ciudadanos, es decir a la inmensa mayoría de la gente.

Es falso que estos derechos se ejerzan en Venezuela como debería ser. Y la culpa de esta anómala situación no es del Gobierno, sino de los dueños de los medios y de los propios periodistas. Por supuesto que no me refiero todos; los hay quienes asumen un ejercicio respetuoso de la profesión y son contrarios a manipular las informaciones que se dan o las opiniones que se emiten, para colocarlas al servicio de sus intereses económicos, políticos o personales. Lamentablemente, lo usual es que ocurra una manipulación grosera de las informaciones e, incluso, de las opiniones emitidas por ciudadanos comunes, que se acercan a la prensa para denunciar situaciones indeseables, expresar sus opiniones sobre distintos temas o ejercer su legítimo derecho de aclarar alguna noticia u opinión que les afecte en alguna forma. En este último caso, se impone el prejuicio y el ventajismo del medio de comunicación o del periodista involucrado, en perjuicio del derecho de la persona presuntamente afectada, quien si reclama o denuncia es acusada de atentar contra la libertad de prensa.

Es usual que los medios de comunicación, a instancias de sus directores o de sus propietarios, se desentiendan de la obligación que tienen de otorgar el derecho de réplica, a pesar de que éste no constituye una gentileza del medio o del comunicador, sino un derecho ciudadano personal e institucional de obligatorio cumplimiento. La réplica es de esta manera negada en forma cotidiana, sin que el afectado pueda instrumentar ningún mecanismo para hacer valer su derecho. Esta violación es incluso mas grave que la que pueda cometer un gobierno cuando instrumenta una medida que limita, en alguna forma, la libertad de expresión o de información, pues en este último caso tanto el medio de prensa como el comunicador social afectado disponen de instrumentos jurídicos para hacer valer sus derechos o generar, a través de la denuncia, un costo político al gobierno, que lo haga retroceder total o parcialmente o abstenerse de proceder en la misma forma en ocasiones similares futuras.

En el caso de la violación del derecho de réplica de un particular, la situación de éste es de absoluta minusvalía, por lo que la violación en cuestión queda prácticamente impune debido a la existencia de una serie de complicidades y la utilización de mecanismos técnicos maliciosos, que la hacen más perversa y por lo tanto más repudiable. Así, el medio de prensa envuelto no otorga el mismo espacio a la réplica solicitada, ni tampoco la publica en una página similar a la inicialmente utilizada, ni le da el mismo despliegue e importancia; utiliza fuentes de menor tamaño, sin fotos e ilustraciones y sin los titulares que acompañaron la “información u opinión” cuestionada. Por último, mutila el texto de la réplica, a pesar de que su extensión sea incluso de menor tamaño que el texto objetado por el autor de la réplica. Estos ardides hacen difícil el reclamo posterior y dejan sin efecto o muy maltrecho el ejercicio de un importante derecho ciudadano, que pretende eliminar los abusos en este sector social.              

Pero el colmo de la aberración es que el órgano periodístico o el periodista cuestionado se permiten, como cosa lógica y muy natural, hacerle comentarios a la réplica, una suerte de réplica periodística a la réplica original, en la cual justifican todo lo dicho en el escrito inicial y profieren nuevas adjetivaciones o acusaciones contra el autor de la réplica, como si se tratara de un intercambio de opiniones entre personas con el mismo acceso a expresarse, cuando lo equitativo sería publicar la réplica y ya. De lo contrario, la respuesta periodística a la réplica daría motivos a una nueva y necesaria respuesta y así sucesivamente en forma interminable. Esto, por supuesto, no ocurre, pues el medio o el comunicador se reservan el derecho de decir la última palabra, produciéndose más daños al ciudadano común, quien se ve más afectado que en un principio por opiniones que pudieran ser parcializadas, falsas y calumniosas.

Conozco muy pocos medios que publiquen las réplicas como debe ser, sin utilizarlas en la forma malévola y ventajista que hemos descrito. Recuerdo en este momento al semanario La Razón y a Aporrea, sin que esto signifique que nunca han cometido las arbitrariedades señaladas; simplemente, no las he visto. Diarios tradicionales de circulación nacional, con muchos años de desempeño, socialmente elitistas, muy conservadores en lo ideológico, supuestamente muy respetuosos, violan en forma continua el derecho de réplica, evadiendo su cumplimiento en miles de formas, y manipulan groseramente las informaciones según sus intereses. Pero también recurren a este tipo de prácticas, periodistas conocidos, que se presentan como ejemplos de honestidad y objetividad y de luchadores democráticos en sus secciones en diarios y semanarios, programas radiales, televisivos o en publicaciones virtuales. En realidad son agentes de la desinformación.

El problema fundamental de la inexistencia práctica del derecho de réplica es que el medio informativo o los comunicadores involucrados son jueces y parte en la decisión de publicar o no una réplica o en hacerlo en forma total o parcial. Se despachan y se dan el vuelto. Mientras éste sea el modus operandi, continuarán los abusos y las limitaciones de este importantísimo derecho ciudadano. Quien es objetado y cuestionado en alguna forma no puede ser quien decida sobre la objeción o el cuestionamiento que se le hace; esta situación más que un contrasentido es totalmente cínica. Debería legislarse sobre la materia y poner en manos de una comisión especial de muy elevado nivel, sin la presencia de los propietarios y directivos de los medios de comunicación ni de los periodistas, las decisiones respecto del derecho de réplica. Sólo así se gozará realmente de dicho derecho y su ejercicio redundará en una minimización de las usuales manipulaciones de la información y el uso frecuente de la calumnia, la injuria y la difamación.

 lft3003@yahoo.com  



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Luis Fuenmayor Toro


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