En el marco de la discusión de la propuesta de Ley

Proponemos creación del Instituto de la Comunicación Popular

Como es sabido, hace pocas semanas, un perseverante grupo de comunicadores populares tuvo la feliz iniciativa de presentar ante la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional un Papel de Trabajo contentivo de un conjunto de ideas relacionadas con la sentida necesidad de los comunicadores populares, a nivel nacional, de contar con una Ley para ese sector, que recoja la emergente y plausible realidad que se ha generado en torno al fenómeno de la comunicación popular, alternativa y comunitaria, en los últimos años, en nuestro país.

A partir de ese momento , en el que se constituyó una subcomisión parlamentaria presidida por la Diputada Blanca Eekhout, entusiasta promotora de la iniciativa en su condición de aguerrida comunicadora alternativa, se han desarrollado un conjunto de actividades, destinadas, en primer lugar, a promover la idea, y a estimular el debate entre los comunicadores populares, a través de Encuentros en las diferentes regiones y estados del país, con miras a enriquecer el Papel de Trabajo inicial; y proceder luego, en segundo término, a sistematizar esas nuevas propuestas surgidas del debate, de tal manera que para finales del mes de julio se ha de estar consignando ante la plenaria de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley de la Comunicación Popular, Alternativa y Comunitaria, respaldado por decenas de miles de firmas de compatriotas compenetrados con la importancia y significación de la comunicación popular en la presente coyuntura venezolana, para su aprobación en primera discusión. Y a partir de allí, ya en el segundo período de sesiones del presente año, proceder a sancionarla como Ley de la República Bolivariana de Venezuela.

La aprobación de esta Ley es un hito muy importante en la lucha del pueblo por su derecho a la comunicación y a la información; derecho que durante décadas estuvo conculcado por los grupos empresariales que monopolizaban el ejercicio del quehacer comunicacional en función de los intereses de las clases dominantes contando, naturalmente, con el beneplácito y apoyo del imperialismo y de todo su poderoso dispositivo mediático; situación que no es que haya cambiado sustancialmente sino que ahora el pueblo venezolano cuenta, además del Sistema Público Nacional de Medios Públicos, con una extendida y diversa capacidad comunicacional expresada en los Medios Alternativos y Comunitarios (MAC), con los que día a día libra una intensa y sostenida lucha mediática por hacer valer la verdad de los hechos y no la distorsión y manipulación de los mismos, que monopólicamente lograban imponer los particulares intereses del imperialismo y de la lacayuna burguesía local; estamos ante una franca lucha por la hegemonía, una lucha contrahegemónica en la que la comunicación popular juega y está llamada a jugar un papel cada vez más estelar.

El Papel de Trabajo sometido a debate contiene elementos que consideramos altamente relevantes en el marco de la lucha comunicacional  que está planteada en nuestro país, tal es el caso de la:

º Creación de un Fondo, adscrito a la Vicepresidencia de la República, con un presupuesto anual destinado para la atención de los costos operativos de cada MAC, formación y capacitación de los comunicadores populares y desarrollo tecnológico de los Medios.

º Redistribución del Espectro Radioeléctrico Nacional, pretendiendo la democratización del mismo, estableciendo un equilibrio entre los tres sectores que lo explotan, es decir, 33,33% para el Estado, 33,33% para el sector privado y 33,33% para el sector comunitario alternativo. Hasta este momento lo que priva es un evidente desequilibrio, en el que resalta el grosero copamiento que tiene la burguesía de un 82% del Espectro, en base al uso que del mismo hacen las emisoras comerciales, cuando éste es propiedad del pueblo venezolano y que debe ejercerla a través del Estado soberano.

º Distribución de Pautas Institucionales, al contemplar que “ Cada municipio, estado, instituto autónomo, entidad ministerial, empresa de producción social y toda expresión institucional de la Quinta República, destinará de su presupuesto anual, apartado para publicidad, un porcentaje no menor al 50% para ser distribuido…” entre todos los MAC según los criterios de proporcionalidad, equidad, justicia, y transparencia. Esta es una disposición que consideramos justa y estratégicamente necesaria más aún si tenemos en cuenta la nítida y efectiva solidaridad de clase que mantiene la burguesía local y el imperialismo con los medios que le son afectos.

Y así como estos, hay otros  aspectos, en el Papel de Trabajo, que también tienen nuestro apoyo y beneplácito pues entendemos están orientados al reconocimiento y fortalecimiento de la comunicación como un derecho humano, ciudadano y popular. Pero, al mismo tiempo, se hace necesario destacar algunas ausencias principistas y conceptuales fundamentales, que hemos detectado, en las discusiones internas desarrolladas en el MoMAC, y que consideramos sumamente importante ventilarlas abiertamente en los diferentes espacios  de discusión de la comunicación popular, particularmente en el del atinente a la concepción de la Ley para el sector, por ejemplo:

En torno al principio de la autonomía. Nosotros partimos del concepto de la necesaria autonomía que debe, en general, caracterizar a los movimientos sociales como condición básica para poder avanzar en el logro de los objetivos que les son inherentes; en este caso, el movimiento social de la comunicación popular debe objetivarse, a nuestro entender, en el combate a la hegemonía cultural y mediática imperial y lacayuna y en el impulso a la socialización de la comunicación en Venezuela; en este sentido, es imprescindible afirmar y preservar la autonomía movimiental y para tales efectos, claro está, se hace imperativo tomar conciencia de la cualidad como movimiento social del conjunto de diversas manifestaciones de comunicadores populares extendidos a lo largo y ancho del país que, con todo y su diversidad, se conjugan para enfrentar a un enemigo común y para la defensa, en el plano comunicacional, del proceso bolivariano transformador de la realidad social venezolana. Desde esta perspectiva el principio autonómico movimiental  se hace insoslayable y más aún ante la impronta presencia de la burocracia que con su práctica avasallante y mediatizadora anula o pretende anular las iniciativas surgidas e impulsadas desde el movimiento popular en general.

De allí el porque consideramos absolutamente pertinente que el instrumento legal que va a regir el funcionamiento y operatividad  de la comunicación popular, alternativa y comunitaria recoja explicitamente el concepto de la autonomía del movimiento social de los comunicadores populares, que si bien debe permanecer libre de toda inherencia burocrática estatal, estamos convencidos, ello ha de ser resultado, antes que de cualquier precepto legal, producto, realmente, de la dinámica consciente y liberadora de los propios comunicadores populares. Pero la previsión no estorba, por el contrario ayuda a fortalecer y tonificar el espíritu combativo.

Naturalmente, nada de esto implica desconocer o rechazar la relación sana y armoniosa pero no por ello compleja y contradictoria que los actores de la comunicación popular han de mantener con las diferentes instancias del Estado venezolano, de lo que se trata es asumirse, y lograr ser asumido, como sujeto social que como tal tiene enfoques propios y capacidad propositiva con relación a la realidad comunicacional del país y, en general, con su acontecer político social.

Creación del Instituto de la Comunicación Popular. En este marco expositivo creemos sano y, por demás, necesario postular en el debate planteado la propuesta de la creación del Instituto de la Comunicación Popular, que concebido como ente rector del sector pueda atender y responder los requerimientos que de diversa índole-políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, tecnológicos, etc,- tienen los colectivos de comunicadores populares. Hasta ahora el tratamiento ha sido disperso y dispensado de manera incoherente e inconexa por distintas instancias Estadales ( CONATEL, MINCI,ETC,) que no cuentan con las estructuras ni alcance organizativo ni presupuestarias ni mucho menos políticas y doctrinarias para dar respuesta a una realidad socio-comunicacional y política que trasciende en mucho lo que estas instancias pueden o han podido generar.

Los MAC y los comunicadores populares, en general, se han extendido a lo largo y ancho del país; a estas alturas del proceso bolivariano ya son decenas de miles los ciudadanos incorporados y motivados por la comunicación popular, lo cual dota al sector de la cualidad de fenómeno social que no tiene parangón en el mundo no sólo por su masividad sino por su disposición a integrarse de manera activa, creativa y participativa al quehacer comunicacional; la revolución bolivariana aún no ha producido una respuesta real y efectiva, envolvente,  a este fenómeno; es una deuda que se mantiene con un pueblo que se volcó a la actividad comunicacional cuando comprendió que los medios de la burguesía convertidos en arietes de la contrarrevolución pretendían revertir un proceso de cambio social, liderado por el Comandante Chávez, que por primera vez en la historia Patria les reconocía y los visibilizaba  como ciudadanos y como sujeto; pues bien es hora que esta situación se solvente y asumimos que la discusión y aprobación de la Ley es un paso firme en esta reivindicación que debe ser reafirmada con la inserción en el cuerpo legal de una propuesta que como la del Instituto sienta las bases, a su vez, para impulsar una acción de mayor envergadura: la MISIÓN COMUNICACIÓN, llamada a darle al ámbito comunicacional, con la participación masiva del pueblo, la significación y relevancia que debe tener en este gran esfuerzo colectivo nacional por la construcción de la sociedad socialista, extensiva a la Patria Grande a las que nos convocaron Bolívar y Martí.

El Instituto, tal cual como lo proponemos, al erigirse en ente rector de la comunicación popular, estaría llamado  a relievar al sector, a darle entidad y significación y en ningún caso a mediatizarlo o burocratizarlo pues el sentido crítico e irreverente que está presente en el espíritu bregador  e insurgente de los comunicadores populares del país haría, sencillamente, infructuoso, cualquier intento orientado con ese despropósito. Es un hecho de conciencia y de control social que habría que cimentar a través del estudio y del debate permanente. Con el Instituto se fomentaría la determinación autonómica de los comunicadores populares para bien del proceso de transformación revolucionaria de la sociedad venezolana.

(*)Miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Social  de Medios Alternativos y Comunitarios ( MoMAC )

    miguelugas@gmail.com 
 


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Miguel Ugas(*)

Miembro de la coordinación nacional del MoMAC

 miguelugas@gmail.com

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